Uno de las avances relevantes de la construcción de un Estado democrático y que rinda cuentas ha sido la evolución de la Auditoria Superior de la Federación, a partir de la vieja Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, de origen decimonónico y que durante la época clásica del régimen del PRI no sirvió más que para mantener la ficción de que los diputados ejercía sus facultades de exigencia de rendición de cuantas a un ejecutivo al que en la práctica se encontraban completamente sometidos.

La tarea formal de la vieja contaduría de revisar la cuenta pública se realizaba rutinariamente y sin sobresaltos, pues era obvio que nunca iban unos legisladores cuya carrera dependía de la lealtad y la disciplina mostradas al presidente de la República a reprobar la manera en la que era ejercido el presupuesto que la cámara baja aprobaba, pero era gastado de manera discrecional por las dependencias del ejecutivo, con desvíos de todo tipo, ya fuera para satisfacer necesidades políticas de coyuntura, o para acabar con las miserias de los funcionarios públicos a cargo de los dineros, siempre y cuando lo hicieran sin romper la disciplina debida al señor del gran poder en cuyo nombre gastaban.

La Contaduría no era más que una oficinita dependiente de la Cámara de Diputados. No se requería más cuando un solo partido tenía la mayoría abrumadora en el Congreso. Sin embargo, cuando la pluralidad política se abrió paso, en la primera legislatura en la que el PRI ya no tuvo siquiera la mayoría entre los diputados y era ya evidente que los tiempos del monopolio político habían terminado y que pronto podría ganar la presidencia un candidato de un partido distinto a la maquinaria que había ejercido el poder de manera omnímoda, se reformó una serie de artículos constitucionales para crear un sistema de fiscalización de las cuentas públicas mucho más eficaz y comprensivo. Así surgió la Auditoria Superior de la Federación, en 1999.

Desde entonces, con base en su autonomía técnica y de gestión sobre organización interna, funcionamiento, resoluciones y manejo de sus recursos presupuestales, la Auditoría tuvo elementos para cumplir con sus nuevas facultades: efectuar revisiones a los tres Poderes de la Unión, a los órganos federales constitucionalmente autónomos y, en general, a todas las instituciones públicas que ejercen recursos federales, incluyendo a estados, municipios, e inclusive particulares, fincar directamente responsabilidades resarcitorias y aplicar multas y sanciones. Sus informes tienen carácter público, una vez entregados a la Cámara de Diputados.

Desde entonces, la Auditoria ha generado una cantidad enorme de conocimiento sobre el funcionamiento de la administración pública mexicana y sobre la manera frecuentemente torcida en la que se ejerce el gasto público. Su capacidad sancionadora es esencialmente administrativa y con mucha frecuencia sus observaciones no son tomadas en cuenta por los organismos auditados, pero ha representado un avance importante en el escabroso camino por construir un sistema democrático de rendición de cuentas. El último auditor, Juan Manuel Portal, ha hecho un trabajo notable, por los que es lamentable que no se haya presentado a la reelección ahora que la Auditoria va a tener facultades ampliadas como uno de los pilares del nuevo sistema nacional anticorrupción, pues será la cabeza del sistema nacional de fiscalización y tendrá nuevas herramientas en materia de fiscalización de deuda local garantizada con recursos federales.

Por eso el relevo en la cabeza de la Auditoria, actualmente en curso, tiene tanta importancia. El proceso de selección del nuevo titular del órgano de fiscalización de los recursos federales es tan relevante como el pendiente nombramiento del fiscal anticorrupción o el también inconcluso proceso de selección de los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Los diputados tienen la oportunidad de hacer un nombramiento que impulse el nacimiento del sistema anticorrupción con credibilidad y corresponda a las reformas constitucionales y legales aprobadas por ellos mismos. Sin embargo, hay signos ominosos en el ambiente. Todo apunta a que el PRI y sus aliados están dispuestos a dejar la reforma en una mera simulación, preocupados como están por cuidarle las espaldas a la administración que está a punto de concluir.

Un nombramiento al frente de la auditoria de un personaje sin la estatura ética y los conocimientos técnicos necesarios debilitaría la capacidad de la ASF para cumplir con la importante tarea que debe enfrentar para desmontar el sistema de complicidades e impunidades en las que se ha basado la corrupción administrativa desde la fundación del Estado Mexicano. Por desgracia, buena parte de los más de cuarenta candidatos inscritos y que han comparecido esta semana no tiene la estatura para ocupar el cargo. Hay entre los candidatos personas, como Benjamín Fuentes o Ángel Trinidad Zaldívar, que tienen experiencia en la propia ASF y son reconocidamente probos, pero no tienen el nivel político necesario para desplegar toda la potencia que el organismo requerirá para resistir las presiones a las que estará sometida.

Solo uno entre los candidatos tiene los conocimientos técnicos, el prestigio académico y la experiencia política como para llevar a la Auditoria Superior al lugar que debe ocupar en el sistema anticorrupción. Mauricio Merino fue el motor de la creación del sistema, como cabeza de la Red por la Rendición de Cuentas; tiene la experiencia adquirida en temas de fiscalización cuando fue consejero electoral y participó centralmente en el proceso que llevó a las sanciones multimillonarias al PRI y al PAN por el PEMEXgate y el caso Amigos de Fox; ha sido un incansable promotor de la construcción del sistema nacional de transparencia. Sus redes de confianza social y académica son amplias y es indudablemente independiente respecto a los partidos.

Merino conoce muy bien el funcionamiento de la ASF, pues ha sido su evaluador y formó parte del equipo que diseñó la metodología de evaluación del desempeño. No cabe duda que es, entre los postulantes al cargo, el mejor dotado técnica y políticamente para ejercerlo. Bien harían los diputados si lo nombraran. Me temo, sin embargo, que su férrea honradez e independencia puedan jugar en su contra entre quienes quieren mantener el sistema de complicidades que se encuentra fuertemente arraigado en la vida pública mexicana.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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