Ciudad de México, 7 de oct. (sinembargo.mx) – El Gobierno Federal, por medio de sus Secretarías reclutaron en 2010 a ex funcionarios de bajo perfil, con sensibilidad social y con experiencia en trabajo de campo bajo condiciones difíciles, para infiltrarlos en zonas dominadas por el narco o de alta violencia y así diseñar proyectos que permitieran al Estado recuperar esos territorios perdidos.
De acuerdo con una investigación realizada por la reportera Marcela Turati y publicada por la revista Proceso, cerca de 40 hombres y mujeres fueron enviados a las zonas peligrosas de la Sierra Tarahumara (Chihuahua), La Huacana (Michoacán), la Costa Chica y La Montaña (Guerrero), Selva, Arteaga y la zona zapatista (Chiapas), Badiraguato (Sinaloa), El Triángulo Dorado (la zona de la Sierra Madre donde se unen Sinaloa, Durango y Chihuahua), la Sierra Sur y los Loxichas (Oaxaca), la sierra cora-huichola (Nayarit y Jalisco) y La Huasteca.
Esta operación secreta estuvo financiada por varias Secretarías de Estado y codirigida por Gobernación, quien es encabezada por Alejandro Poiré Romero. Cada equipo de trabajo se designó con las siglas GTOR (Grupo Técnico de Operación Regional). El plan, que continúa en operación, lleva un nombre que le permite pasar desapercibido: Proyecto de Desarrollo Regional.
Según Proceso, para que los reclutados no aparecieran en nómina tuvieron que cobrar como asesores externos. De ese modo, con el salario cubrirían sus gastos y viajarían a esas zonas bajo su propio riesgo. En la lógica de no dejar rastro documental alguno, no se les dio acreditación como funcionarios de gobierno ni teléfono celular. En caso de que tuvieran problemas, la Sedesol negaría conocerlos.
A cambio, ellos debían hacer estudios de campo que indicaran los principales conflictos en la zona, tejer tratos con líderes y autoridades locales, así como seleccionar con ellos las obras sociales más urgentes y diseñar, cotizar y gestionar los proyectos que impulsaran el desarrollo.
“Es un programa de desarrollo alterno que busca inhibir la inclusión de los jóvenes al narco. Hay que hacer diagnósticos de las zonas de riesgo y dar opciones de cómo se podría trabajar ahí. Detonar proyectos de infraestructura, romper territorios narco abriendo carreteras, por ejemplo”, explica uno de los contratados.
Tres personas entrevistadas por Proceso, conocedoras de la estrategia, sospechan que el programa también tenía funciones de “inteligencia” y de “seguridad nacional”. Dos más señalaron que su misión es netamente social. Una de ellas dijo en su defensa: “No somos orejas ni ponemos dedos”.
La estrategia arrancó en marzo de 2010 bajo el mando del jefe de la Unidad de Microrregiones, Germán Palafox, quien renunció a la dependencia al final de ese año, en el que se estrenó como secretario Heriberto Félix Guerra. El jefe directo de Palafox era el subsecretario michoacano Luis Mejía, amigo de Felipe Calderón.
Por otra parte, uno de los entrevistados por el semanario aseguró que Enrique Pérez Mota (o Motta) desde Gobernación era quien tomaba muchas de las decisiones. “Pérez Mota tenía gran peso en las decisiones de Sedesol. De él dependían varios analistas que estudiaron en Harvard, en Londres… Nosotros los escuchábamos pero teníamos nuestros conocimientos, nuestros criterios y la experiencia de campo”, explica un ex integrante del equipo que trabajó en la Sierra Sur de Oaxaca.
Además de Sedesol y Gobernación, las dependencias involucradas en el programa son Agricultura y Ganadería, Comunicaciones y Transportes, Reforma Agraria, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Procuraduría Agraria. Con el tiempo, según lo planeado, se incorporarían las secretarías de Salud, de Medio Ambiente y de Educación Pública.
El Instituto nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dotó a cada equipo de un Sistema de Información Geográfica (SIG), que permite colocar bases de datos sobre mapas satelitales para medir con precisión distancias y topografías, y localizar geográficamente cada punto señalado.
Finalmente, la revista asegura, con datos recabados en su investigación, que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tuvo conocimiento de esta operación.
