Luis Videgaray Caso, el hombre detrás de las reformas estructurales, renunció. Al abandonar el barco, deja a un país vulnerable con un crecimiento en desaceleración, una alta deuda y la ausencia de resultados principalmente en materia energética y fiscal. A dos años de que termine la actual administración, los especialistas consultados atribuyen su salida a la necesidad de brindar certidumbre a los inversionistas y critican que el gasto público haya sido “ineficiente”.
Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).– “Muchas gracias, Luis, por el servicio que le has prestado a esta nación”, dijo esta mañana el Presidente Enrique Peña Nieto al aceptar su renuncia. Sin embargo, los indicadores económicos y analistas afirman que los desaciertos del hasta hoy Secretario de Hacienda y Crédito Público dejan un país debilitado con un crecimiento en desaceleración, un alto nivel de endeudamiento y un futuro incierto por el fracaso de su creación: las reformas estructurales. José Antonio Meade Kuribreña, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), ha tomado la astillada estafeta.
Luis Videgaray Caso recibió un Producto Interno Bruto (PIB) de 3.9 por ciento en diciembre del 2012. Ahora que abandona el barco, la expansión del país está frenando, lo que obstaculiza la creación de empleos e ingresos suficientes para los mexicanos. Hacienda estima un crecimiento para este año en un rango entre 2 y 2.6 por ciento, frente al 2.5 por ciento de 2015 y 2.1 por ciento de 2014.
Los especialistas consultados atribuyen este ritmo “precario” a la falta de inversión en infraestructura, lo cual generaría proyectos y fuentes de trabajo, así como a la falta de resultados de las reformas Energética y Fiscal.
Luis Videgaray Caso fue el Secretario del gabinete presidencial que más errores cometió por actuar “con desconocimiento”, de acuerdo con Gerardo López Cervantes, economista de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
Su imagen se deterioró a lo largo de estos 3 años y medio. Las perspectivas económicas a la baja, un menor margen de inversión pública y la visita de Donald Trump (la cereza del pastel) fueron factores que rompieron la confianza en el país y pusieron al Gobierno en la necesidad de un cambio, dijo Jorge Gordillo, director de análisis económico de CIBanco.
“El Gobierno intenta dar un comunicado de confianza a los inversionistas y las calificadoras”, declaró, por lo que se necesita un paquete económico “más agresivo” en materia de ajustes.
La otra gran piedra que deja la gestión de Videgaray es el incremento acelerado de la deuda neta del gobierno. De acuerdo con los analistas, debió reestructurar de fondo el gasto público para hacerlo más eficiente en lugar de “realizar medidas de emergencia” como lo fueron los ajustes.
El 17 de febrero, Hacienda anunció un ajuste preventivo al gasto público federal de 2016 por 132 mil 300 millones de pesos. El primero de abril, agregó que para el próximo año se haría un ajuste al gasto por 175.1 mil millones de pesos, que será adicional al previo, lo que sumó 311.8 mil millones. Posteriormente, el 24 de junio el Gobierno anunció un tercer recorte por 31 mil 715 millones de pesos, como una medida emergente para enfrentar la volatilidad que provocó en los mercados la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. A diferencia del primer recorte, este último no incluyó a Petróleos Mexicanos (Pemex).
De acuerdo con el economista de la UAS, los recortes no respondieron tanto a la crisis de la petrolera y a los bajos precios del petróleo, sino a la presión de las calificadoras, como Moody’s y Standard and Poor’s, sobre el alto endeudamiento.
El analista de CIBanco determinó que los ajustes al gasto público no contribuyeron a mantener un crecimiento más fuerte.
“El país se endeuda más, pero no crece más rápido y eso fue lo que más le pegó a la calificación del Secretario”, afirmó.
Al cierre del segundo trimestre de 2016, el saldo se ubicó en 6 billones 519 mil 981.7 millones de pesos, el 34.5 por ciento del PIB. “Son casi 4 billones de pesos más que con la que iniciaron”, comparó López Cervantes.
De acuerdo con el analista económico Alejandro Villagómez, el aumento de la deuda pública viene desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. A raíz de la gran recesión de 2008-9, se recurrió a los paquetes anticíclicos que implicaron un mayor gasto para disminuir el impacto de la crisis financiara mundial.
Ese fue el punto de quiebre. Después llegó Videgaray Caso a seguir incrementándola. Es una responsabilidad compartida entre ambos gobiernos, precisó Villagómez.
En esta administración, explicó, la ampliación en el gasto social y corriente provoca un déficit porque no hay suficientes ingresos ante la caída de la producción y exportación petrolera y a pesar de la Reforma Fiscal, que buscaba disminuir la informalidad y recaudar impuestos. En julio el 57.1 por ciento de la población trabajaba en el sector informal (sin seguridad social) y había 2 millones de desempleados.
“Una buena parte del gasto público es ineficiente desde hace décadas. Requiere una reestructuración radical, evitar duplicidades o eliminar entidades que no tienen razón”, declaró el economista Villagómez.
El investigador de la UAS coincidió en la necesidad de aligerar el gasto que generan las dependencias gubernamentales.
LA FALLIDA REFORMA ENERGÉTICA
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Luis Videgaray Caso, hasta hoy Secretario de Hacienda, diseñó la Reforma Energética que prometía reducir los precios de la luz y gas; aumentar la producción petrolera, y rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“No ha dado mayor independencia energética ni aumentado la plataforma de producción y exportación de crudo. Si hubiera sido exitosa, el país ya tendría que estar creciendo y con ello generando más ingresos para las familias”, dijo Gerardo López Cervantes.
Sin embargo, las tarifas eléctricas y el precio de las gasolinas han subido por estar atado al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) establecido por Hacienda ante la necesidad de equilibrar los menores ingresos petroleros debido al desplome en los precios internacionales del crudo y a la caída en la producción petrolera.
Entre enero y julio de 2016, los ingresos petroleros se ubicaron en 379.9 mil millones de pesos, 21.2 por ciento menos que el mismo periodo del año anterior.
Esto es resultado de una reducción en la producción de barriles y del precio de la mezcla mexicana. La producción de petróleo cayó 2.7 por ciento en julio al pasar de 2,276 miles de barriles diarios en 2015 a 2,213 en 2016.
El barril de petróleo se vendió en ese mes en 30.9 dólares en comparación con los 49.6 dólares a los que se exportaba en julio del año pasado.
Además, en vez de incrementar la producción de barriles y de gas, el país se convirtió en importador neto de energéticos por el deterioro de las refinerías y la falta de recursos.
El 62 por ciento de las gasolinas que se ofrecen en México son importadas (504.6 mil barriles diarios en julio) frente al 49 por ciento en 2013. De ese porcentaje, el 90 por ciento viene de Estados Unidos, el principal refinador en el mundo.
Una acción de la Reforma Energética es la apertura a marcas internacionales para que ofrezcan gasolina en México además de Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, dada la presencia del IEPS, en ocho meses solo la estadounidense Gulf se ha interesado en entrar al mercado.
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LAS ALERTAS DE LAS CALIFICADORAS Y BANCOS
Desde el exterior, la situación económica de México también preocupa. Las calificadoras crediticias Moody’s y Standard and Poor’s, así como bancos, han lanzado alertas en los últimos meses para exigir una política fiscal y monetaria más disciplinada que no dispare (más) la deuda pública.
En su reporte “México: Malestar Económico”, Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America Merrill Lynch, señaló que la actividad económica se desaceleró en el primer semestre de 2016 debido a que las exportaciones siguen siendo débiles, y las políticas fiscal y monetaria están retirando estímulos.
“La economía creció sólo un 2 por ciento internaual en la primera mitad del año, lo cual se traduce en una desaceleración con respecto al 2.5 que se alcanzó en 2015”, explicó el economista.
El sector servicios, pilar que ha ayudado a mantener a flote el crecimiento económico del país en los últimos meses, perderá vigor al cierre de este año debido a un consumo menos fuerte, refirió Bank of America.
Este sector, advirtió el banco, se desacelerará este año a una tasa de crecimiento por debajo del tres por ciento, y si bien su escenario central es que los servicios crecerán 2.8 por ciento para este año, no descartan tasas de crecimiento tan bajas como de 2.4 por ciento.
En agosto pasado, Standard and Poor’s bajó a negativa la perspectiva de las calificaciones de largo plazo de México, y dejó una posibilidad de una en tres para disminuir la nota crediticia en los próximos 24 meses, si el nivel de deuda presenta un deterioro mayor a lo esperado.
La calificadora señaló en un comunicado que “México ha llevado a cabo más reformas estructurales en comparación con la mayoría de los países de mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos”.
Posteriormente, en su reporte “Reto para crecer de México es más político que económico”, dijo que el crecimiento “deslucido” es resultado de la ausencia de un sistema político basado en transparencia, rendición de cuentas y aplicación de la ley.
Moody’s, por su parte, dijo que aunque México asegura que hay disciplina financiera y la deuda del país se estabilizará en los próximos años, ésta seguirá creciendo y llegaría a 39 por ciento del PIB en 2019 si el Gobierno mexicano continúa con los apoyos que entregará a Petróleos Mexicanos (Pemex).
Jaime Reushe, vicepresidente analista senior de riesgo soberano de la calificadora, dijo que con la Reforma Fiscal el Gobierno de México incrementó el gasto lo que impidió que las finanzas federales se estabilizaran.
Banxico también se unió a las calificadoras y analistas que en los últimos días han alertado que la deuda creciente de México se ha convertido en un lastre para sus notas crediticias y ha complicado el manejo de las finanzas públicas.
En su última minuta sobre la decisión de política monetaria difundida el 25 de agosto, alertó sobre el endeudamiento del Gobierno federal y no descartó nuevos episodios de volatilidad en los mercados financieros y presiones en el tipo de cambio.
“Algunos integrantes enfatizaron la necesidad de que las autoridades fiscales proporcionen certidumbre sobre la trayectoria de las finanzas gubernamentales y el compromiso de dichas autoridades con niveles de endeudamiento público sostenibles. Por lo que destacaron que sería deseable contener el crecimiento del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en relación al PIB”, destacó la minuta.
El viernes pasado, el riesgo país de México [diferencia entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense] terminó en 195 puntos base, lo que significó seis unidades por arriba del nivel observado el 26 de agosto pasado, con lo que ligó dos semanas al alza.
