El homicidio múltiple de la colonia Narvarte ha evidenciado, de la peor forma posible, el grado en que los mexicanos podemos descobijar a muchos de nuestros más valiosos periodistas y activistas justo en los momentos en que éstos más nos necesitan.

Las difíciles condiciones que han vivido la prensa independiente y los luchadores sociales, recrudecidas desde el sexenio de Felipe Calderón, no se han convertido en un asunto prioritario en nuestro país. Los invaluables reportes y llamados de organizaciones como Artículo 19 han llevado a la reflexión a un número importante de personas, pero el grueso de nuestra sociedad no parece especialmente preocupado por estas circunstancias.

La “guerra contra el narco” podría ser una de las causas que explican este fenómeno. Operando como una suerte de marea roja que se lleva todo lo que se encuentra a su paso, el estado de permanente fuego cruzado producido por esta irracional estrategia bélica hace posible que, al menos en la narrativa oficial,  todos los muertos puedan ser relacionados con actividades criminales. Las víctimas terminan de ser deshumanizadas ante la opinión pública por aquellos medios de comunicación que replican versiones oficiales descontextualizadas, quedando así sepultada cualquier posibilidad de empatía por parte de la audiencia.

Los medios irresponsables también pueden confundir a su público minimizando las agresiones contra las voces críticas o introduciendo elementos irrelevantes con tintes moralinos con el fin de manchar a seres humanos, tan complejos y multifacéticos como todos, que han decidido poner en riesgo sus vidas para defender causas en las que creen. “Bebía mucho”, “tenía una aventura extramarital”, “usaba drogas”… las víctimas presentadas como merecedoras de su tragedia.

El engaño se completa cuando los autores materiales de los delitos son exhibidos como sus culpables únicos  -o, como el gobierno de Mancera ha demostrado, incluso se puede tomar a chivos expiatorios como presuntos culpables-,  paliativo distractor que termina de pulverizar la indignación que debería ser dirigida contra las fallas o complicidades de nuestros gobernantes. Estas aguas revueltas, en las que las vidas de periodistas y activistas se vuelven irrelevantes y la verdadera responsabilidad por crímenes específicos termina por diluirse, son el escenario ideal para aquellos que buscan silenciar a la crítica.

Si el malestar ante los asesinatos del fotoperiodista de la revista Proceso Rubén Espinosa y de la activista Nadia Vera ha sido mayor que el generado por los múltiples casos análogos anteriores, al grado de que estos crímenes podrían convertirse en un punto de quiebre, se debe en buena medida a que su contexto ha permitido que se rompa con el usual esquema difusivo y que se atribuya irremediablemente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, algún tipo de responsabilidad en los hechos.

El fotoperiodista de Proceso señaló indirectamente al gobierno como la fuente de sus temores, la antropóloga y activista responsabilizó directamente al gobernador de Veracruz de cualquier cosa que le pudiera ocurrir. Si bien no hace falta ser un Sherlock Holmes para saber que esta línea de investigación no puede dejar de ser considerada, por el momento no es posible afirmar a ciencia cierta tal cosa. Sin embargo, no sólo es posible sino que es necesario asegurar, aún antes de conocer los resultados de las investigaciones en curso, que el gobierno de Veracruz tiene algún grado de responsabilidad en otro sentido.

Este caso ha colocado el reflector en la cantidad de seres humanos que han sido asesinados en ese estado por motivos relacionados al ejercicio de su profesión. Veracruz es de los lugares más peligrosos del planeta para ejercer el periodismo. No hay cifras de la cantidad de amenazados o desplazados, pero el entorno hace suponer que no son pocos. La seguridad de los veracruzanos es responsabilidad directa del gobernador Duarte. También lo son las garantías para el ejercicio de la libertad de prensa y la vida democrática en su entidad.

Tanto Rubén como Nadia huyeron de ese estado denunciando intimidaciones y amenazas.  En este sentido, que individuos se exilien por temor a las amenazas recibidas, por la certeza de que sus autoridades no lo protegerán –“pórtense bien”, dijo Duarte a la prensa de su estado- y el inminente riesgo de terminar siendo una muerto más en la lista –“no quiero que exista un número 13 y 14”, confesó Rubén a SinEmbargo– son todas condiciones que hablan de un gobierno que, como mínimo, falló o claudicó en el ejercicio de sus funciones primordiales.

La orden de terminar con las vidas de Rubén, de Nadia o de otros periodistas o activistas pudo no haber venido de Duarte, pero al conocer plenamente las amenazantes circunstancias en que éstos vivían, y al permitir –o fomentar- que éstas se deterioren al extremo, su gobierno se vuelve automáticamente corresponsable de las cadenas causales que llevaron al periodista y a la activista a recalar en otro estado y a los criminales a terminar con sus vidas.

Un conocido experimento mental sobre la responsabilidad moral podría contribuir a ilustrar este punto. Un individuo (A) que sabe que otro individuo (B) está pasando por momentos difíciles. Por motivos de envidia, A decide explotar la debilidad de B haciéndole notar, gradualmente y cada vez con mayor intensidad, sus fracasos o errores. B entra en una depresión tan grande que termina suicidándose. La pregunta moralmente más relevante es si A es responsable de la muerte de B. La respuesta es que desde luego que sí. A no ejerció acción directa para matar a B, pero es responsable porque conocía de antemano la fragilidad de B y aún así continuó con su estrategia.

Es este el mismo tipo de responsabilidad que se debe atribuir al PRI y el Presidente Peña Nieto. Los silencios de este partido, su apoyo tácito a la gestión de sus gobernadores y su indiferencia ante lo que ocurre en sus estados los hacen responsables solidarios de la tragedia. Apenas ayer el PRI y su satélite Verde impidieron, increíblemente, el exhorto que el Congreso de la Unión quería hacer a la PGR para que atrajera la investigación de los homicidios en la colonia Narvarte. El caso ha quedo en manos del gobierno de Mancera, cuyo manejo inicial ha sido, por decir lo menos, vergonzosamente tramposo.

Los homicidios de Rubén, Nadia y otras tres personas que les acompañaban han expuesto la trágica realidad que viven aquellos que se esfuerzan por enfrentar o exhibir los abusos del poder en México.

En la final de la Copa Libertadores varios fotoperiodistas argentinos protestaron por la muerte de su colega Rubén portando pancartas en las que se leía “Basta de genocidio en México”. Si en nuestro país los crímenes de la colonia Narvarte no vienen seguidos de este tipo de manifestaciones de solidaridad por parte de figuras públicas, de medios de comunicación y de un número importante ciudadanos, quienes se benefician del actual estado de cosas comprobarán que definitivamente nos han tomado la medida. Entonces lo único que podríamos esperar es más violencia contra los periodistas y los activistas y, por ende, más edad oscura y menos democracia.

@asalgadoborge

Antonio Salgado Borge

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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