En México, la elección con más irregularidades es siempre la que viene. El juego de los partidos políticos, todos cómplices y todos simuladores, para poner candados en cada reforma electoral, destinados a corregir lo que salió mal en la elección anterior, no sirven de nada para prever las nuevas anomalías, las que están por inventarse, las que propiciarán la siguiente reforma electoral.

Resulta alucinante. Todos los partidos políticos han aprendido a sacarle la vuelta a los topes en los gastos de campaña, a las regulaciones en los medios de comunicación, a la compra de votos, al financiamiento ilegal de las estructuras electorales.

Gracias a eso, como buen país subdesarrollado, vivimos en la provisionalidad más absoluta. Hacemos reglas que son la antítesis del concepto de norma, porque no son generales y universales, sino específicas y casuísticas.

Así, si los órganos electorales de los estados están al servicio de los gobernadores, no se busca acotar a los gobernadores, sino cambiar la conformación de los órganos, como si los gobernadores omnipotentes y exentos de la rendición de cuentas, no pudieran encontrar nuevos mecanismos para cooptar a los nuevos consejeros.

El problema no se encuentra en las reglas, se encuentra en la disposición de los políticos a cumplirlas. Las reglas no fallan porque sean evadidas, fallan porque no contemplan sanciones suficientemente ejemplificadoras ni instancias judiciales con el ánimo de aplicarlas.

¿Cuántos políticos mexicanos han pisado la cárcel por hacer trampa en las elecciones? Ninguno, por supuesto. si ni siquiera ocurre que caigan en ella cuando roban fondos públicos a ojos vistas o cuando desperdician el presupuesto en obras suntuarias e innecesarias. Incluso cuesta trabajo que los detengan cuando son filmados departiendo amigablemente con capos del narcotráfico contra quienes se ha enderezado una campaña federal a costos millonarios.

Así, las leyes electorales se van endureciendo de a poquito. Hoy se habla de anular triunfos electorales si se violan los topes de campaña, cuando nunca ha sido posible probar esas violaciones en el caso de candidatos individuales.

Pero además, incluso de aplicarse la sanción, se traslada el problema de un tramposo del ámbito individual  al espacio público, pues hará falta realizar elecciones extraordinarias, con los consecuentes costos de inestabilidad política y de gasto, como consecuencia de la conducta indebida de un candidato.

En un país donde la corrupción es una forma de vida socialmente aceptada, legalmente tolerada y políticamente justificada, el costo de la perversión de las prácticas electorales también se ha convertido en un factor de crecimiento exponencial de las prácticas inmorales en las decisiones gubernamentales.

Ahora, para conseguir los estratosféricos presupuestos que requiere la actividad electoral, se hacen compromisos por anticipado con potenciales proveedores de bienes y servicios de la administración pública.

Las donaciones o “los moches”, transformación del viejo “diezmo”, tiene ahora una justificación política: “es para la campaña”, se dice, como si eso le confiriera un aura de respetabilidad a lo que es simple y grosera corrupción. Así, hasta los “honestos” le entran a la mecánica nacional de la trampa y la obtención ilícita de dineros que siempre son escamoteados de las obras o de los bienes, afectando la calidad de los servicios recibidos por la población.

Nada hay que haga más felices a los políticos que la posibilidad de hacer nuevas reglas del juego que compliquen más la corrupción, no que la erradiquen o la hagan imposible. A más reglas, es más cara la comisión y hay más posibilidades de darle vuelta a las cosas en nombre de la política real, lo que significa nuevos meandros para que la corrupción deje sus dádivas en cada una de esas vueltas.

Una legislación simple de cumplir, donde los subterfugios o las violaciones recibieran sanciones drásticas, sería una solución, sin embargo ¿quién dijo que nuestra clase gobernante quiere soluciones? Ellos aman los problemas que los vuelven necesarios, casi indispensables y que nos obligan a tolerarlos como el mal necesario que son y que están empeñados en seguir siendo.

Así que vayamos a la próxima elección, donde se estrenará el INE y las nuevas reglas del juego, así como los organismos electorales locales que significan otro retroceso del federalismo.

No desesperen si las cosas no les parecen, son reglas para una única elección. Después de junio de 2015 el tema de los partidos será, de nuevo, la reforma electoral “definitiva”, con esa definitividad que, al igual que los enamoramientos, solo dura tres años.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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