Desigualdad extrema en México, reporte preparado por Gerardo Esquivel para Oxfam México, expone, con el detalle del microscopista y la amplitud de visión del geógrafo, el panorama de la desigualdad en el país.

Entre los argumentos novedosos de Esquivel destaca el siguiente: si las métricas usuales reflejan una enorme concentración del ingreso y la riqueza en México, la utilización de nuevas metodologías, especialmente enfocadas en el decil y el percentil más rico de los hogares, exhiben que la desigualdad es mucho mayor de lo que se pensaba.

Cometen un error quienes conciben la desigualdad como algo que debiera interesar exclusivamente a la izquierda. En tanto pone en jaque el crecimiento económico, la legitimidad del Estado y, más aún, los cimientos de la convivencia social, no debiera ser coto de nadie sino motivo de preocupación y ocupación de todo aquel que tenga la más mínima consideración por el interés general.

Esquivel adelanta algunas interesantes propuestas de política pública para encarar el problema. Junto con la discusión sobre estas y otras soluciones conviene reflexionar con qué capacidades institucionales el Estado mexicano las implementaría. Al plantear acciones públicas redistributivas, hay que aceptar que con miras a que estas sean efectivas, se requiere ajustar los engranes de la maquinaria estatal que las pondría en práctica.

Siguiendo este razonamiento, hablar de políticas públicas para reducir la desigualdad obliga a referirse a la reforma del Estado mexicano. Se dice aquí “reforma del Estado” no en el sentido constitucional –el más común–, sino en el sentido administrativo y sociológico, es decir, entendida como cambios en el diseño y la operación cotidiana de los gobiernos.

Liberales, neoliberales, desarrollistas, socialdemócratas, democratacristianos, etc. difieren sobre si México requiere más o menos Estado, pero difícilmente tienen divergencias en cuanto a que se requiere un mejor Estado.

Aun cuando las burocracias mexicanas son formalmente modernas persisten prácticas de patrimonialismo tradicional, en las que quienes encabezan las instituciones asumen que estas forman parte de su propiedad. Tales usos y costumbres son de los peores lastres del país, pues entre otras cosas generan condiciones para la reproducción de la desigualdad: quienes ejercen el patrimonialismo tienden a favorecer a los que cuentan con más capacidad económica que a quienes tienen menos.

Reducir el patrimonialismo pasa por mayor transparencia, rendición de cuentas y fiscalización, en suma, por más apertura, democracia e integridad. Acertadamente Esquivel conecta la disminución de la desigualdad con estos asuntos, a diferencia de otros que equivocadamente piensan que se trata de pistas totalmente distintas.

La corrupción afecta las finanzas del Estado y mella su legitimidad. En ello hay una amplia agenda pendiente, tanto de implementación como de legislación, íntimamente conectada con el fortalecimiento del aparato estatal. A mi juicio, la ruta está apuntada pero no es sencilla: se trata de implementar rápida y exitosamente el Sistema Nacional Anticorrupción y, en paralelo, encontrar alternativas jurídicas para ensancharlo y profundizarlo.

Acaso la reforma del aparato estatal de la que menos se habla y que quizá sea la más relevante es la burocrática. La burocracia mexicana es, con sus honrosas excepciones, ineficiente, poco afecta a la evaluación –véase el caso de la CNTE y la renuencia a los exámenes de control de confianza en las corporaciones policiales– y proclive a buscar el ascenso por criterios políticos y no por méritos.

Esquivel explora la economía política de la desigualdad. A decir del autor, la desigualdad no se explica sin entender la captura política y económica del Estado, que tiende a actuar en beneficio de élites minúsculas y no del interés general.

Reformar el aparato estatal entraña enorme complejidades políticas y estratégicas, pues supone enfrentarse a coaliciones que se benefician de la actual debilidad y disfuncionalidad del Estado mexicano. Implementar reformas afectaría, entre otros, a quienes tratan a las instituciones como si fuesen su propiedad, medran de la corrupción y se benefician de la inefectividad burocrática.

Las reformas enlistadas precisan de una coalición política que se contraponga a la coalición que actualmente se beneficia de un arreglo donde campean el patrimonialismo, la corrupción y inefectividad. Una vez con poder, aquella coalición tendría que impulsar la modernización de las instituciones y, en paralelo, utilizarlas para construir un México más igualitario.

¿Cómo articular esa coalición reformadora? Ahí está el reto.

@GermanPetersenC 

Germán Petersen Cortés

https://www.sinembargo.mx/author/germanpetersen

Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el ITESO y Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. En 2007 ganó el Certamen nacional juvenil de ensayo político, convocado por el Senado. Ha participado en proyectos de investigación en ITESO, CIESAS, El Colegio de Jalisco y El Colegio de México. Ha impartido conferencias en México, Colombia y Estados Unidos. Ensayos de su autoría han aparecido en Nexos, Replicante y Este País. Ha publicado artículos académicos en revistas de México, Argentina y España, además de haber escrito, solo o en coautoría, seis capítulos de libros y haber sido editor o coeditor de tres libros sobre calidad de vida.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.

#EnVivo ¬ #LosPeriodistas ¬ España filtra fakes VS México ¬ Ayotzinapa, 10 años