México, 7 jun (EFE).- Un grupo de organizaciones civiles denunciaron hoy la “ausencia” de compromisos concretos por parte de los candidatos presidenciales mexicanos para poner fin a las violaciones de derechos humanos que se producen en el país.
La red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT), integrada por 71 organizaciones de 21 estados del país, exigió a los aspirantes a la Presidencia que asuman su “responsabilidad” e incluyan en sus plataformas políticas “propuestas firmes” de defensa de los derechos humanos.
Los organizadores dieron a conocer un documento enviado la semana pasada a los cuatro candidatos con exigencias en torno al acceso a la Justicia, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas migrantes o el derecho a un medio ambiente sano, entre otros.
Indicaron que, hasta el momento, solo los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, y de Nueva Alianza, Gabriel Quadri, contestaron a la misiva, aunque de forma “laxa” y “genérica”.
“Comprometerse con todas las obligaciones que tiene el Estado mexicano en materia de derechos humanos no es una dádiva, ni un regalo, sino una obligación que deben asumir y respetar”, señaló en rueda de prensa Agnieszka Raczynska, secretaria de la red.
Las conclusiones realizadas a partir del monitoreo de los discursos y apariciones públicas de los cuatro aspirantes indican que los candidatos deben integrar los derechos humanos como un “eje de trabajo transversal”, algo que hasta ahora “no se ha hecho”, según Raczynska.
Uno de los asuntos que pusieron sobre la mesa los organizadores fue el “alarmante” aumento de los asesinatos y desapariciones de mujeres, así como la criminalización que sufren en algunos estados del país por ejercer su derechos a decidir sobre la maternidad.
“Solo del 2007 al 2010 ha habido 3.139 muertes violentas contra mujeres, sin contar Chihuahua -uno de los estados con mayor número de víctimas. Estos cuerpos fueron sometidos, violentados, torturados, mutilados, y en la mayoría de los casos no sabemos quién las asesinó”, dijo María de la Luz Estrada, de Católicas por el Derecho a Decidir.
Consideró que estas cifras hacen necesario un “compromiso concreto” por parte de los candidatos que buscarán la Presidencia el 1 de julio.
“Que no solo digan que van a atacar la violencia, sino que se pronuncien sobre la sentencia de campo algodonero”, dijo Estrada, en referencia al caso de la muerte de tres jóvenes en Ciudad Juárez en 2001.
Aquella sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado mexicano por no prevenir el asesinato de las tres mujeres e incumplir en su deber de investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad.
“La agenda en derechos humanos no es algo que venda, pero hoy no pueden hacer a un lado lo que está ocurriendo. El problema es muy grave, la violencia está creciendo, y consideramos que debe ser un tema central”, aseveró la secretaria de la red TDT.
La ola de violencia en México ha causado la muerte de unas 50.000 personas desde diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón lanzó una estrategia de combate frontal al crimen organizado con la participación de miles de militares. EFE
