#PanamaPapers es la filtración más grande en la historia. Un año de trabajo que comenzó en una oficina de Múnich y terminó en una publicación masiva desde 109 redacciones del planeta, 370 periodistas de 76 países, laborando en 25 idiomas. Los periodistas Bastian Obermayer y Frederik Obermaier, del periódico alemán Süddeutsche Zeitung fueron quienes recibieron la filtración con millones de documentos confidenciales de Mossack Fonseca, una firma legal poco conocida pero muy poderosa. Ahora sabemos que son una empresa -no la única en el mundo- que se dedica a crear empresas “fachadas” y estructuras corporativas que posibilita ocultar al verdadero propietario de bienes e inmensas fortunas. Fortunas que buscan el anonimato para no atenerse a las reglas que usted y yo tenemos que cumplir so pena de años de cárcel.

De acuerdo a lo dicho por el periódico alemán, los reporteros de Süddeutsche Zeitung no tuvieron contacto personal con la fuente que les ofreció la información. Todas las comunicaciones se hicieron a través de un chat encriptado. Tampoco pagaron por obtener los archivos. Es un caso de un whistleblower que obtuvo acceso a la evidencia más contundente sobre encubrimiento de fortunas de políticos, empresarios, deportistas y demás personajes que dicen una cosa y hacen otra.

“La filtración contenía miles de correos electrónicos enviados a través de las oficinas de la firma panameña, acompañados de millones de documentos: escrituras legales, certificados bancarios, copias de cheques, pasaportes, declaraciones juradas, tarjetas de identidad, títulos de propiedad, facturas y una infinidad de correspondencia confidencial que revela la maraña legal que usan miles de personas alrededor del mundo para mover u ocultar su dinero y bienes por medio de paraísos fiscales y sociedades de papel”, afirmó Obermaier.

Una vez que los periodistas alemanes se dieron cuenta de la magnitud de la filtración, optaron por trabajar con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), a través de ellos pudieron crear la base de datos y poner orden a los millones de documentos que revelaban el mayor escándalo financiero internacional jamás antes visto. Así se gestó la colaboración periodística más grande de la historia. Expertos periodistas comenzar a deshebrar el entramado de la red financiera internacional para señalar responsables, beneficiarios y detalles sobre la red internacional.

Nunca falta la mente cerrada que argumentará que la información era privada y que su publicación constituye un robo, sin tomar en cuenta el interés y valor de la información y el derecho a ésta de la sociedad. Al final, pueden o no ser ilegales algunas de las transacciones, pero sin duda, por ejemplo, el que prominentes figuras evadan pagar impuestos es un tema de interés público y merece ser investigado. No es ilegal mover dinero a empresas offshore ni tampoco comprar y vender dólares. Pero ésta industria ha crecido enormemente bajo un halo de secretismo. Lo que sí es ilegal es no pagar impuestos y al ser revelados nombres de políticos y líderes de naciones en esta práctica es a lo que le debemos de poner especial atención.

La información en los #PanamaPapers levanta serias preguntas sobre ¿por qué lo hicieron?, ¿qué beneficios obtuvieron legales e ilegales?, ¿lo pudieron hacer por hoyos legales en el sistema financiero internacional?, ¿se debe regular mejor dicha práctica?

Lo primero que llama la atención son los nombres de los políticos y líderes que usan los servicios de Mossack Fonseca. No hay ningún líder prominente de Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Francia e Italia. ¿Por qué? La información se enfoca en entender cómo líderes de Georgia, Qatar, Ucrania, Argentina, Sudán, Arabia Saudita, Iraq, Paquistán, Azerbaiyán, Egipto, Costa de Marfil, Guinea, Sudáfrica y Jordania. Es decir, la información está enfocada a cierto tipo de líderes y la obligada pregunta es ¿no había otra información o los periodistas optaron por enfocarse contra los citados países? De entrada resulta difícil de creer que las fortunas de Estados Unidos y Reino Unido no usaran los mismos servicios.

La suspicacia se fortalece cuando se conoce que fundaciones norteamericanas como la Ford, Kellog, Rockefeller, Open Society Foundation y USAID son quienes aportaron los recursos financieros para ICIJ. No afirmo que el dinero comprometió la ética de los periodistas, pero sí sugiero que necesitamos más información al respecto.

Aunado a lo anterior, está la deficiente cobertura de los #PanamaPapers por parte de los medios comerciales. Puede ser que sujetos prominentes de sus países no han salido a la luz, pero sin duda el hecho de que todo el foco esté en los países arriba citados invita a una reflexión sobre el foco que le ha dado medios como The Guardian, el New York Times y el Washington Post.

Algunas autoridades, como las mexicanas, han advertido que investigarán los nombres de los mexicanos cuyos nombres han salido. Eso sabemos que no pasará, jamás se investigará al constructor favorito de Peña Nieto. Ante el seísmo mediático que ocasionaron los documentos, valdría la pena imaginar si eso cambiará algo, si algún golpe certero se asestará a la elite mundial. Lo sé, ingenuas preguntas y deseos. Al final, ellos evitan pago de impuestos porque pueden, porque controlan el mismo sistema. El periodismo ha hecho su parte. Esperemos que en próximas entregas se levanten las dudas sobre la cobertura y podamos conocer más extensamente la red internacional, porque el anuncio del trabajo periodístico ha sido grandioso: el trabajo más grande. Sin embargo, necesitamos más como lectores.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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