El narcotraficante y secuestrador conocido como “La Kena” o “Ciclón 19”, José Alberto García Vilano, ha sido durante un tiempo uno de los objetivos prioritarios para ser detenido y encarcelado. “La Kena” era quien comandaba la célula del Cártel del Golfo que había secuestrado a cuatro ciudadanos provenientes de Carolina del Sur en Matamoros en marzo del año pasado. Ese mismo secuestro que motivó una condena de la Casa Blanca y que arreció los ánimos intervencionistas de las agencias de injerencia norteamericanas. “Inaceptable”, dijo la vocera del Consejo de Seguridad Nacional. Los republicanos volvieron a proponer que se le considerara a los cárteles mexicanos como terroristas y, así, poder invadir con expediciones el territorio mexicano. El Washington Post habló de una supuesta disputa entre el Ejército y la Marina. El Gobierno de Tamaulipas se apresuró a ofrecer una recompensa de 150 mil dólares por información. El FBI ofreció 50 mil. Fue una pequeña crisis binacional. Pero los encontró la Marina cuatro días después de su desaparición. Dos habían muerto. El motivo nunca se supo. Se especuló que la única mujer, Latavia McGee, había cruzado la frontera para realizarse una cirugía estética en el abdomen y la acompañaban sus amigos. Pero, extrañamente, los narcos de “La Kena” los confundieron con unos criminales haitianos que les debían dinero. El Washington Post, basado en unas escuchas de espionaje que nunca confirmó nadie, especuló que todo el incidente había sido porque los gringos habían atropellado a uno de los narcos y habían tratado de huir.  

Diez meses después, el 24 de enero, “La Kena” fue ubicado de compras en una tienda departamental en San Pedro Garza, en Nuevo León. Hasta llegó la Marina a detenerlo. Lo llevaron al penal de alta seguridad que antes conocimos como Almoloya. Pero un juez de Reynosa, Tamaulipas, pidió que lo trasladaran, bajo pena de multar a los custodios de la cárcel. Una vez en Tamaulipas, el juez dejó libre a “La Kena”. 

El juez se llama Crescencio Contreras Martínez. Los tres cateos a distintas propiedades de “La Kena” en los que se encontraron drogas, armas, y dinero fueron desestimados por el juez que declaró con lo único delictivo era que “La Kena” portaba una credencial falsa. Así se las gasta el juez Crescencio. En otro caso, por ejemplo, en el que un narcotraficante fue detenido en posesión de paquetes de pastillas de fentanilo, lo dejó libre porque, según él, esa sustancia no está tipificada como droga en el Código Federal Penal. En otro caso de fentanilo, Crescencio explicó que la cantidad de drogas en posesión de una persona no necesariamente demuestra que va a venderla. Es un juez que deja en libertad a criminales que han puesto en riesgo las relaciones con el Gobierno de los Estados Unidos. Es decir, es un juez que atenta contra la seguridad nacional. Por eso, el pasado día 31 de enero, la Secretaría de Gobernación presentó a la Cámara de Diputados una petición de juicio político contra el juez Crescencio Contreras para destituirlo e inhabilitarlo de cargos públicos. La denuncia se habla del tema de “La Kena” pero, también, del secuestro de 31 migrantes en Matamoros, Tamaulipas, a los que se les exigía un pago de parte de sus familiares en los Estados Unidos. Los migrantes fueron rescatados con vida, pero el juez presuntamente también tuvo el caso entre manos. 

Por supuesto que podemos sugerir que Crescencio Contreras está al servicio del Cártel del Noreste, pero hay ejemplos de jueces que están a favor de organizaciones privadas, no necesariamente fuera de la Ley. Por ejemplo, las civiles, como la de Isabel Miranda de Wallace o, incluso la empresa de seguridad de Genaro García Luna, como quedó demostrado en la mismísima Suprema Corte de Justicia, con las contrataciones de excolaboradores de García Luna, como Ricardo Márquez Blas, por parte de Norma Piña. Hay que recordar que el propio secretario de Norma Piña, Abraham Pedraza, es, no sólo el cuñado de Miranda de Wallace, casado con su hermana Magdalena, sino también quien el 13 de junio de 2005 levantó el acta del secuestro del hijo de Isabel Miranda, base de todo el juicio presuntamente ficticio. Entonces, basta ver las actuaciones de los jueces: Samuel Ventura Ramos, de Tamaulipas, que liberó a 120 implicados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa; Gustavo Aquiles Villaseñor que liberó al abogado de Carlos Salinas, Juan Collado; Faustino Gutiérrez que amparó al exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, hoy flamante candidato del PRIAN en su lista plurinominal; o el propio Ministro Pérez Dayán que, trucando su propio reglamente de procedimientos, decidió desempatar una votación contra la reforma eléctrica para beneficiar a las empresas españolas. Con sólo dos votos, la Suprema Corte le impidió a todo un país decidir sobre su futuro energético en atención al interés nacional y no al de Iberdrola y Repsol.  

Y así llego al punto en que quisiera comenzar, por fin, esta videocolumna. Fue Pérez Dayán, el mismo Ministro de la chicana para favorecer a las empresas eléctricas españolas, el que fue el encargado de rendirle homenaje a la Constitución de 1917, de cuyos 206 artículos, tan sólo 19 no han sido modificados, de Salinas hasta Peña Nieto. Dijo Pérez Dayán: “En esta tribuna y refiriéndose al Poder Judicial, Paulino Machorro y Narváez dijo:

“El magistrado no es igual al diputado o al senador. El magistrado es radicalmente distinto. Él no va en el ejercicio de sus funciones, a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector; lleva el suyo propio. Simplemente se le nombra como persona en la cual se cree que se reúnen ciertos requisitos indispensables para llenar una función social”.

Continuaba diciendo: “Él tiene que obrar en su función precisa; obrar quizás hasta contra la opinión de los electores. La esencia misma de la magistratura es muy distinta de la función social que ejerce el representante político. Hay que alejar al Poder Judicial de la política y no arrojarlo al fondo de ella, para que no resulte un juego de las pasiones”. 

“Agrego yo” —dijo Pérez Dayán—: “militancia y judicatura no son afines. Estas palabras se repiten hoy en este recinto 107 años después”. 

Con un entramado de jueces como Crescencio, Pérez Dayán quiere convencernos de que los jueces abrevan de una idea de justicia que flota sobre sus cabezas y que les susurra qué determinación tomar y no, como es: el dinero del crimen organizado, el sesgo neoliberal, los compromisos con los lobistas de las corporaciones extranjeras, como parece ser su caso en el tema eléctrico. Volvamos a nuestro amigo Crescencio. Si su criterio inspirado sólo por su mente es que la cantidad de drogas no revela que su fin era venderla, es un cretino y no debería ser Juez. El problema es que no lo es, sino que está entrampado con darle la libertad a los criminales. Tal como estuvieron los que liberaron a los 8 militares de Ayotzinapa, por poner otro ejemplo aberrante. Pero miremos más de cerca el argumento de Pérez Dayán, que le lava la cara a los jueces frente a los legisladores, que sí son electos, sí representan a millones, y son los creadores de las leyes. Según él, los jueces serían una especie de iluminados que adquieren su sentido de justicia de una fuente que no es ni política, mucho menos partidista, ni siquiera de la opinión pública, y que no sólo aplican las leyes en casos particulares, sino que procrean la idea de justicia. Esto contraviene las funciones tradicionales donde el legislador crea la Ley y el Juez sólo la aplica. Lo que hemos tenido en estos cinco años es unos jueces que no aplican la Ley, que la venden al mejor postor. O, como en el caso de Pérez Dayán y los demás se niegan a aplicar las leyes creadas en el Congreso con argumentos tan toscos como que “no se discutió lo suficiente”. Pues no. No son una especie aparte, no gozan de la pureza positivista, ni tampoco son sólo “técnicos”. Están en el entramado de poderes partidistas y fácticos. De hecho, son su centro.    

Siguió Pérez Dayán: “Y es precisamente la Constitución Federal, ésta que ahora conmemoramos, la que dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no las respete, independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna. Bajo estas ideas, debemos coincidir todos considerando que los Tres Poderes de la Unión y sus integrantes, cualquiera que sea su origen, son democráticos al surgir precisamente del propio estamento constitucional. Aquí, ninguno es más democrático que el otro”. Aquí se equivoca el Ministro y lo hace de una manera obvia: el origen de la legitimidad democrática sólo es el sufragio y la decisión de una mayoría legislativa. No existe otra. El que tu cargo esté en la Constitución no le da el origen legítimo, sino sólo legal, que son dos cosas muy distintas. Para ustedes hago la diferencia. Legítimo es el reconocimiento popular de que un orden político debe ser obedecido. Legítimo es el reconocer que las decisiones del Estado son las correctas. Las normas válidas son las que emanan de un poder legítimo como lo es el Congreso de la Unión, al que se ha opuesto tantas veces Pérez Dayán y su pandilla de ministros. La legalidad es, simplemente, lo que dicen las leyes. Que esté escrito en la Constitución no le da legitimidad ni carácter democrático a un poder que no responde ante nadie de sus decisiones y que se percibe a sí mismo como contra la mayoría, es decir, a favor de los intereses privados. Que esté escrito en la Constitución a veces puede ser del todo ilegítimo si ese artículo proviene de un fraude electoral, como el de Salinas de Gortari o el de Felipe Calderón. La decisión mayoritaria, libre, en votación universal es lo que da legitimidad en una democracia, no lo que contenga una Constitución reformada por gobiernos que emanaron de un fraude electoral, es decir, de la violación de las leyes y el simple uso de la fuerza para imponerse. Fue muy vergonzoso el papel de la Corte en estos años del primer régimen legítimo: impedir. Impidieron que México tuviera decisiones soberanas sobre electricidad. Impidieron que México tuviera decisiones soberanas sobre el cambio en la forma de representación política de los ciudadanos. Impidieron que las empresas pagaran sus deudas a la hacienda pública, como Iberdrola o TvAzteca. Impidieron. Impidieron.  

Así llegamos al Plan C. Hay que decir que el Plan C no es una creación del obradorismo o del Presidente, sino de la torpeza de la oposición. Si los legisladores del McPRIAN no hubieran saboteado todas las iniciativas presidenciales sin siquiera leerlas. Si los ministros de la Corte no se hubieran empeñado en desechar todas las leyes que venían de una mayoría legislativa, no existiría el Plan C. Pero fue la ineptitud y cerrazón de la oposición la que condujo a este momento. Se trata, como ustedes ya saben, de que se logre una mayoría calificada de dos terceras partes en ambas Cámaras. Pero, ¿para qué? Básicamente para convertir en constitucionales todo lo que la Corte se negó a debatir. Todo el sexenio de López Obrador se la pasaron decidiendo sobre el método y la forma en que se tomaron las decisiones legislativas, jamás sobre el contenido. Así que, en la lista de 20 propuestas que hizo el Presidente encontramos muchas de las cosas a las que los ministros y jueces se hyan opuesto: desde el maltrato animal como fue el caso de los toros de lidia en la Plaza México hasta el uso del fentanilo, pasando por los vapeadores, el maiz transgénico y el fracking. La lista de los 20 puntos, inspirados en Los Sentimientos de la Nación de Morelos, también contiene el futuro de los derechos sociales constitucionales: el derecho a la educación, la salud, una remuneración justa por el trabajo, una pensión digna para los jubilados. 

Pero, además, hay un cambio de régimen. Desde el primer punto, el de considerar a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, se abandona la idea de que éstos sólo pueden tener derechos de manera individual y se asiste a la tan ansiada pluriculuralidad de derechos colectivos. Luego, viene el cambio en la forma de representar a los ciudadanos, desapareciendo a los plurinominales y arribando a una proporcionalidad en la que no hay votos inútiles. Y, para terminar, la propuesta de elegir en urnas a jueces y magistrados de tal forma que se avengan a las normas democráticas de rendición de cuentas ante una soberanía. No menos importante, la desaparición de los organismos autónomos que, pretextando criterios “técnicos” han servido al capital extranjero. 

Es, en suma, el cambio hacia un nuevo régimen más democrático, emanado desde la soberanía popular, mayoritaria, y libre. Un régimen donde no se tenga que ir a la Cámara de Diputados para destituir a los Crescencios Contreras no sean más la regla.

Fabrizio Mejía Madrid

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Es escritor y periodista. Colabora en La Jornada y Aristégui Noticias. Ha publicado más de 20 libros entre los que se encuentran las novelas Disparos en la oscuridad, El rencor, Tequila DF, Un hombre de confianza, Esa luz que nos deslumbra, Vida digital, y Hombre al agua que recibió en 2004 el Premio Antonin Artaud.

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