Fue una de las mayores apuestas de Calderón en materia jurídica. Pero el ex Presidente –resumen los especialistas- se concentró en la seguridad y no en la justicia. Ahora representa una madeja para el nuevo gobierno

La reforma penal, una de las mayores apuestas del ex presidente Felipe Calderón en materia jurídica y que permitiría el sistema de juicios orales, avanza a trompicones, entre cuestionamientos por estar ya instalada en tres de 32 entidades, y la falta de la redacción del reglamento de Código Federal de Procedimientos Penales, lo que impide la homologación estatal con federal.

La reforma, aprobada en 2008 y que modificó 10 artículos constitucionales, tiene un plazo de ocho años para aplicarse (vencerá en junio de 2016). Ya está en marcha en los ámbitos de modificación de ley estatal, transformación de policías y Ministerios Públicos, así como los juicios orales en tres estados: Chihuahua, Estado de México y Morelos.

En los demás se encuentra en diferentes fases, desde entidades donde conviven el viejo con el nuevo sistema, como Nuevo León, o de otras que apenas han reformado su ley, o algunas que apenas están en la etapa de planeación inicial, como es Nayarit.

Aunque 18 estados ya han cambiado sus procesos penales, sólo uno de cuatro mexicanos se rige por el nuevo sistema acusatorio, expuso en un desplegado la organización Juicios Orales para que la Justicia se Escuche, de la que forma parte el abogado Ernesto Canales.

Precisamente el especialista es quien lamenta que siga pendiente la legislación del Código Federal de Procedimientos Penales, un tema toral para el funcionamiento de la reforma, una tarea que le corresponde al Poder Legislativo y que la anterior legislatura, que concluyó en agosto, dejó sin hacer y la actual aún no inicia.

La reforma requiere coordinación federal y estatal y el Código es uno de los instrumentos necesarios para la coordinación.

“De no ser así, será un problema peor del que quería resolver”, dijo el director general de Políticas Públicas, Vinculación y coordinación Interinstitucional de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Nader, el mes pasado.

El reto más importante es el que impone la propia realidad, como por ejemplo que los cambios vayan más allá de inaugurar instalaciones vistosas y dejen de prevalecer vicios, se gesten reformas regresivas y los cambios en la policía sean efectivos.

Uno de los estados donde ya se aplica la reforma penal es el Estado de México, pero la renovación de la policía no ha sido la deseada, de acuerdo con Canales.

La transformación de las policías ha resultado complicada, observa por su parte el coordinador del eje de seguridad ciudadana y justicia penal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Édgar Cortez.

“No vamos a la mitad en la depuración de policías y cada vez hay más duda de estos temas de exámenes de control de confianza. ¿Qué tanta certeza hay de que nos quedamos con los mejores elementos, se oye de mandos medios altos que no se hacen examen o que no lo hacen o lo hacen tantas veces hasta que pasan”, señala.

La necesidad de la puesta en marcha de la reforma es vital para la disminución de los índices de impunidad, los cuales de entrada son de 85 por ciento en el país; también es necesaria para el aumento de confianza de la ciudadanía a las autoridades de justicia que hace que sólo el 15 por ciento a nivel nacional se decida a presentar una denuncia, coinciden tanto Canales como Cortez.

Y es que en opinión de Canales, el ex presidente Felipe Calderón dedicó más tiempo al tema de la seguridad que al de la justicia, y eso incidió en el lento avance de la implementación de la reforma penal.

“Vemos que el régimen de Calderón se enfocó más al problema de seguridad, más que al de justicia, y aunque siempre estuvo de acuerdo en que no podía haber un sistema de seguridad eficiente si no existía uno de justicia, privilegió la parte de seguridad a la de justicia”.

LA REFORMA

La reforma en materia de justicia publicada en julio de 2008 es tan importante como la de los derechos humanos del año pasado, afirmó el director general de Políticas Públicas, Vinculación y coordinación Interinstitucional de la PGR, Jorge Nader.

“Es una reforma importantísima, de las más importantes en los últimos 100 años”, exclamó durante su participación en el tercer Congreso Nacional Cultura de la Legalidad, Informática Jurídica y Derecho Informático, realizado en octubre en la Secretaría de Gobernación.

Ahí, el funcionario ofreció un contexto de los factores que llevaron a la reforma: la obsolescencia del sistema penal y la delincuencia.

“La nación mexicana ha venido enfrentando violencia delincuencial que ha trastocado el sistema de justicia”, refería.

La reforma del 2008 establece la base del sistema penal acusatorio con predominancia oral, para el que se ha presupuestado una inversión de cuatro mil millones de pesos, de acuerdo con el también secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.

Uno de los aspectos más relevantes de la reforma del 2008 es que la nueva regulación del artículo 25 de la Constitución deja en el Ministerio Público las investigaciones del delito, y la policía puede auxiliarlo, aunque no podrá hacer de manera autónoma la investigación del delito.

Para que el Ministerio Público tenga control de la investigación del delito y de los policías los peritos deben estar capacitados en una investigación científica.

Al concluir la investigación del delito el Ministerio Público pasará de investigador para pasar a acusador. Su investigación carecerá de validez en el juicio oral. Sólo las pruebas desahogadas tendrán validez.

Un último aspecto del MP es el criterio de oportunidad a través del cual, decida no investigar si no ve elementos para juzgar. Es delicado porque puede fomentar problemas de impunidad o corrupción, alertó el funcionario.

El sistema penal acusatorio exige MP preparados, transformación de lo que hasta hoy han sido.

En materia de justicia penal, hasta septiembre, Chihuahua, Morelos y el Estado de México son las entidades que ya tienen en operación total los juicios orales.

Baja California, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas y Chiapas los tienen en operación el sistema de manera parcial. Cobra vigencia poco a poco o por delitos. Ahí hay dos sistemas vigentes.

Tlaxcala, Tamaulipas, Michoacán, Puebla y Veracruz  ya tienen modificada la legislación pero aún no entra en vigor.

Campeche, Guerrero, Hidalgo, Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo se hallan en etapa de planeación de cómo van a implementar reformas y cómo toman decisiones estratégicas. Nayarit se encuentra en etapa inicial.

No se puede decir que algunos estén atrasados”, consideró el funcionario.

El cálculo para establecerlo es de tres años, por lo que “se encuentran a buen tiempo”.

Admite que el que lo estén implementando no significa que lo hagan bien, que se haya logrado la meta. En estados con sistema parcial o total se han hecho reformas.

Reconoce que los cambios, se tienen que calcular, con ensayo y error.

La reforma incluye gestión, normatividad, equipamiento, seguimiento y evaluación.

Una de las ventajas de la aplicación de la reforma es la reducción del tiempo de los procesos. En el actual sistema son 543 días, y en el sistema acusatorio penal la duración es de 152 días.

Y por ello, si las instituciones usan menos recursos habrá más de 500 millones de pesos ahorrados en 2015 y en 2016 sumarán 23 mil millones de pesos.

“Resultados favorables, con un costo menor al beneficio”.

De acuerdo con el presidente de la Fundación Renace, Ernesto Canales, la desconfianza en el sistema penal ocasiona que sólo se denuncien en promedio 15 por ciento de los delitos penales, lo que significa una impunidad de inicio de 85 por ciento.

“La gente no acude, porque no tienen confianza en el sistema, no quieren volver a sufrir una doble o triple victimización, la gente no quiere dejar sus datos en la policía, no quiere abrir sus casas, hay una desconfianza absoluta en el sistema y se preguntan para qué voy a denunciar si no va a pasar nada, si la policía no tiene capacidad de perseguir una averiguación profesional sobre el delito que se denuncia”, dice el también productor del documental “Presunto Culpable”.

LAS CRÍTICAS

Especialistas consultados por Sin Embargo MX reconocen las bondades que tendrá la reforma penal.

Pero también alertan de lo que puede desviar del camino a las reformas.

Por ejemplo, uno de los estados que puede presumir la implementación del nuevo sistema penal con los cuatro factores de la escena penal, es el Edomex, donde el proceso con la policía no se completó, considera Ernesto Canales.

“La transformación de la policía no ha sido del mismo nivel del caso de la Federación o de Chihuahua”.

Otros estados como Baja California, Nuevo León, Oaxaca y Puebla han adoptado en forma paulatina, ya sea en parte de su territorio como caso de Baja California o por delitos como Nuevo León donde el sistema oral ya se aplica hasta en delitos de pena media, y se espera que para 2013 todos los delitos estén comprendidos en el sistema, dice el abogado, oriundo de dicha entidad.

Por su parte, la presidenta de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, Ana Lorena Delgadillo, considera que aunque se avance, en el camino se observan deficiencias.

“El ejemplo más claro es Chihuahua, que instaló el sistema acusatorio, ¿qué ha sucedido después? Que vinieron las contrarreformas porque no había esquemas integrales de prevención y además seguía con los grandes vicios que tiene todo el país, que el Ministerio Público y las policías no saben investigar, entonces si no invertimos en una investigación científica integral y en capacitación de quien está en procuración de justicia va a venir un proceso de contrarreformas y se van a venir abajo todas las reformas”, alerta.

Una de las contrarreformas a las que se refiere Delgadillo es la propuesta del gobernador de Chihuahua, César Duarte, de reducir los juzgados orales a un solo juez.

Para el coordinador del eje de seguridad ciudadana y justicia penal del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Edgar Cortez, la implementación se ha centrado en aspectos visibles, o en el juicio oral, pero se han descuidado otros.

“Las experiencias que vemos es que mucho de lo que se cambia es lo visible, nuevos edificios, salas de juicios orales, tecnología para grabar juicios, muy bien, pero el juicio oral es la última etapa, la primera es la investigación el motor y ahí se requiere policías que investiguen y servicios periciales que generen pruebas científicas, fotografías, exámenes de ADN, y el riesgo es que tengamos sistemas que se queden con las apariencias”.

Añade que las defensorías públicas son débiles y son “el patito feo”, no se les ha invertido a pesar de que la reforma da la posibilidad, pero la falta de liderazgo del gobierno federal los tiene rezagados y con riesgo de que el sistema a la hora de implantarlo traslade los viejos vicios.

PENDIENTES                                               

Otro tema es el de la falta de legislación del Código Federal de Procedimientos Penales, que puede convertirse en un obstáculo para los estados que ya legislaron al respecto, considera Canales.

Hay bastante uniformidad en cuanto a la tipificación de las conductas delictivas, el problema es que si un estado inicia un proceso penal contra un imputado por un delito de competencia estatal y resulta que ese delito forma parte de crimen organizado y por tanto lo atrae el sistema federal, lo actuado por el estado con reforma ya implantada no tiene efectos para el sistema federal, porque este no va acompasado con el nuevo sistema, entonces es una pérdida de esfuerzos que no conduce a nada, dice el abogado penalista.

Ha faltado liderazgo del gobierno federal en el tema de la reforma penal, opina Cortez.

“Se dio un paso importante con la reforma constitucional en 2008 pero luego de esa reforma el impulso para que sistema funcionara no se dio, el Ejecutivo no dio ese impulso, se creó secretaria técnica para la implementación de la reforma penal, pero no tuvo liderazgo nacional para generar pautas”, considera.

El funcionamiento de la reforma penal debe ir acompañado de otros programas y sistemas de prevención, en caso contrario puede fracasar, considera por su parte Delgadillo.

-¿Se tiene que dar un esquema multidisciplinario?

– Claro, es uno de los grandes retos para autoridad y también para la sociedad, señalarlo y mantenerlo y el que no nos quieran hacer retroceder en el sistema procesal penal.

Otro reto es el de los policías profesionales, pero es de tiempo atrás sin que se resuelva, recuerda Cortez.

“Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón han ofrecido policías profesionales y terminan sus sexenios y nada, el reto es que haya esas policías para la salida de las fuerzas armadas de las calles”, expresa Cortez.

PERSPECTIVAS

Mientras haya estados sin reforma, otros con reforma, pero falte el Código Federal de Procedimientos Penales, habrá caos jurídico, un desperdicio de esfuerzos y poco bajará la incidencia de la delincuencia, prevé Canales.

Es un momento en que debemos hacer un esfuerzo para que este problema enorme que tanto afecta el desarrollo del país y vida diaria de ciudadana cuente con mejores esfuerzos, concluye Canales.