Ciudad de México, 6 de septiembre (SinEmbargo).- El informe del grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revivió la esperanza en los padres de los 43 normalistas. Si no los quemaron en el basurero de Cocula, ¿en dónde están?, se preguntaron hoy después del mensaje de la Procuradora Arely Gómez González. Ahora exigen un encuentro con el Presidente Enrique Peña Nieto.
Padres de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, exigieron al Presidente que se investigue al ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, por haber concluido que sus hijos habían muerto incinerados en un basurero en Cocula.
Señalaron que la investigación independiente de la CIDH dada a conocer esta mañana confirma que el Gobierno mintió en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), entonces encabezada por Murillo Karam, sobre la desaparición de los jóvenes.
“¿Por qué mintió el señor Murillo Karam?, queremos que sea investigado”, cuestionó uno de los padres de los desaparecidos.
“Le estamos demostrando –al Gobierno- que su verdad histórica es una mentira histórica y seguiremos hasta encontrar a nuestros hijos”, dijo en conferencia de prensa la madre de uno de los desaparecidos.
“Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, clamaron en grupo los padres y familiares congregados en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
Las tres peticiones de los padres de los normalistas hasta el momento son: que las autoridades vuelvan a hacer la investigación; reunión con el Presidente para acordar garantías y que no haya mentiras; que las diligencias de investigación sean serias y que sean acompañadas de expertos independientes.
“Si el 10 de septiembre Peña no nos recibe, el 23 iniciaremos ayuno y el 26 habrá una marcha donde se tiene que sentir la fuerza del pueblo”, señaló uno de los padres de los 43.
“Es una crimen de Estado y el Estado tiene que pagar por sus crímenes y por sus mentiras”, exclamó Felipe de la Cruz, vocero del movimiento que pide la aparición con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos.
Por la mañana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la CIDH dio a conocer su informe final sobre el caso, en el que echó por tierra la versión de la PGR en el sentido de que los normalistas habrían sido quemados en un basurero a las afueras del municipio de Cocula.
En el informe, la Comisión expone que en el destino de los normalistas es incierto, pero que en las horas previas a su desaparición, autoridades de todos los niveles, desde las policías federal y municipal hasta el Ejército, tuvieron conocimiento del camino que siguieron luego de tomar cinco autobuses que usarían para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México.
También descartaron que el objetivo de los jóvenes, al llegar al municipio de Iguala, donde desaparecieron, haya sido al interrumpir el informe de la primera dama, María de los Ángeles Pineda de Abarca, como afirmó la misma PGR. Tanto Pineda como su esposo, el ex Alcalde, José Luis Abarca Velázquez están presos en un penal de máxima seguridad, acusados de narcotráfico y de la desaparición de los estudiantes.
“El Gobierno somos todos, el corazón de una madre no se podía equivocar: ahí no estaban quemados nuestros hijos y se lo estamos demostrando. De ahorita en adelante espero que saquen la verdad”, dijo la madre de otro de los desaparecidos.
“La pregunta es: ¿dónde están nuestros hijos?, ¿a dónde se los llevaron?, vamos a exigir que nos entreguen a nuestros hijos porque ahora pensamos con más fuerza que están vivos”, expresó otro de los padres.
Horas después, la PGR anunció que estudian la incorporación del informe de la CIDH en la averiguación que se lleva a cabo sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La Procuradora Arely Gómez anunció un nuevo peritaje y una prórroga para que permanezcan en México los especialistas enviados al país por el organismo internacional. Los padres pidieron que esta estancia sea indefinida.