La movilidad humana es un tema en el que prácticamente todos los países del mundo están involucrados, si bien sus roles son distintos, siendo países de origen, tránsito, destino y/o retorno, éste representa una de las materias en las que existen amplios desafíos para sus gobiernos.

En esa lógica, cuando se habla de los flujos migratorios, en la mayoría de los casos, la “decisión” de migrar es reconocida como una responsabilidad neta de la persona, aun cuando las razones por las cuales decida hacerlo sean “voluntarias” o “forzadas”, estas últimas ligadas, sobre todo, a la situación de violencia de sus países de origen, las cuales ponen en riesgo su vida o su seguridad. Sin embargo, es importante reconocer que la línea entre lo voluntario y lo forzado es muy delgada y que ahí, los estados tienen un importante grado de responsabilidad.

En ese sentido, los movimientos migratorios han sido históricamente abordados desde una perspectiva global, sin darse cuenta que esta dimensión no excluye la perspectiva local del tema, en tanto que las grandes ciudades como tal, son las principales receptoras de las migraciones internacionales y es en este ámbito es que se deben atender los impactos políticos, económicos, sociales y culturales que se construyen de la relación y convivencia de sus sociedades con quienes están llegando, transitando, saliendo o regresando, así como de proveer los servicios para esta población.

En el caso de México, el gobierno demanda el respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales en el exterior, especialmente de quienes se encuentran en Estados Unidos, sin embargo, en lo interno, no ha reconocido su responsabilidad en la violencia actual que sufren las personas de distinto origen nacional que se encuentran en su territorio, principalmente las que están en tránsito.

En el caso particular del Distrito Federal, el hecho de ser la capital y sede de los poderes federales, la ha convertido en el núcleo urbano más grande del país y polo de atracción de migrantes nacionales y extranjeros, así como el principal centro político, económico, académico, empresarial y cultural, contexto que ha promovido y permitido que esta sea una de las ciudades con mayores programas y acciones encaminadas a la vigencia de los derechos humanos y cobertura a distintos grupos de población.

En el tema migratorio, destaca la adopción de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana y su Reglamento, aprobados y publicados, incluso de forma previa a la Ley de Migración federal actual y, evidentemente, con un objetivo y una perspectiva de abordaje del tema muy distinto a esta última, que sigue enfocada en la contención de flujos migratorios y la seguridad nacional.

Pese a estos marcos, el objetivo de regular y promover un política de hospitalidad e interculturalidad en la Ciudad de forma transversal, así como de salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana, incluyendo acciones encaminadas a la disminución de la desigualdad, inequidad y discriminación aún enfrenta importantes retos para cumplirse, pero sobre todo, para hacerse parte de la vida cotidiana de la personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Asimismo, este año fue publicado el Programa Sectorial de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el Distrito Federal, con el cual se busca un mecanismo de planeación, seguimiento y evaluación que permita incorporar de manera transversal, intersectorial e integral los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y recursos necesarios para atender de manera interinstitucional e intersectorial el tema migratorio.

No obstante, si bien reconocemos que la Ciudad de México ha dado pasos importantes en la promoción, respeto y protección de los derechos humanos de la población migrante en su ámbito local, muchos de ellos a través de la creación de marcos normativos y políticas públicas en la materia, éstos, por sí solos, no permiten que los principios y objetivos con los que fueron creadas sean parte de la vida cotidiana de las personas, hace falta más proyección y difusión de estos lineamientos entre las instancias de gobierno local y los habitantes de esta ciudad.

La Ciudad de México tiene la responsabilidad de seguir representando un punto de referencia en el respeto y protección de los derechos humanos, porque pensar en convertir a nuestra ciudad en un “santuario” para esta población, promotora del diálogo y la participación ciudadana, tiene como base no dejar que los pasos dados hasta ahora sean letra muerta o documentos más en un cajón.

Colaboración de Karla Meza

@Sinfronteras_1

Nancy Pérez / Sin Fronteras

https://www.sinembargo.mx/author/nancysinfronteras

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto Dr. José María Luís Mora. Su área de especialidad es migración internacional. Actualmente cursa el doctorado en Economía Internacional en la UNAM. Desde 2011 es directora general de Sin Fronteras I.A.P. Es Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, miembro del Consejo de Gobierno de Incide Social A.C. y desde 2012 es parte del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

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