Empresarios ponen en duda que EPN pueda cumplir sus promesas: Necesitaría 800 mmdp extras al año, dicen

06/08/2012 - 3:01 pm

Si Enrique Peña Nieto quiere cumplir las decenas de compromisos que hizo durante su campaña como candidato del PRI, requerirá recursos adicionales por más de 800 mil millones de pesos por año, calculó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En un comunicado dado a conocer este día, Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, dijo que en un escenario inercial es probable incrementar ingresos tributarios hasta en 80 mil millones de pesos. Es decir, sólo el 10 por ciento.

Los recursos que requiere Peña estarían 20 por ciento por arriba del presupuesto de 2012 y equivalen a casi cuatro veces el gasto en educación de este año.

Los organismos y empresas del Gobierno podrían aportar 35 mil millones más. Con deuda se lograrían otros 220 mil millones, que es el tope prudente. Pero habría un faltante de al menos 500 mil millones de pesos para ajustar el presupuesto requerido idealmente.

“Sin reformas de fondo será imposible cumplir las importantes metas que Enrique Peña Nieto ha ofrecido alcanzar, con el concurso de todos los mexicanos. Compromisos y propuestas como un sistema de seguridad social universal, con acceso a servicios de salud para todos, pensión alimentaria para adultos mayores, seguros de vida y de desempleo temporal, escuelas dignas y de tiempo completo, con computadoras e internet, y aumentar la cobertura de educación superior ante el grave problema de los miles de jóvenes excluidos”, dijo Gutiérrez Candiani en el comunicado.

COMUNICADO ÍNTEGRO

Costos y Responsabilidades de la Transición

Reformar es el reto del próximo sexenio; esa es la prueba que tienen por delante el próximo Presidente de la República y las legislaturas federales subsecuentes, en particular la que inicia trabajos este 1º de septiembre. Es su responsabilidad con la nación desde ahora: conciliar posiciones y sumar esfuerzos con el gobierno saliente, con las distintas fuerzas políticas y con todos los mexicanos para ese fin. La fase de transición es crítica para avanzar.

En el terreno económico, para crecer anualmente a tasas sostenidas superiores al 6% y generar más de un millón de empleos, como lo requiere el país y como se ha comprometido quien se perfila como Presidente Electo, no basta con reformas y acciones a medias.

No debemos seguir sacrificando y posponiendo lo necesario, por lo que se considera políticamente posible en una perspectiva de corto plazo. Sin reformas estructurales, de gran calado, no es factible romper la inercia de bajo crecimiento de las últimas décadas y enfrentar con solidez el escenario internacional de incertidumbre y crecimiento moderado y precario.

Sin reformas de fondo será imposible cumplir las importantes metas que el Lic. Enrique Peña Nieto ha ofrecido alcanzar, con el concurso de todos los mexicanos. Compromisos y propuestas como un sistema de seguridad social universal, con acceso a servicios de salud para todos, pensión alimentaria para adultos mayores, seguros de vida y de desempleo temporal; escuelas dignas y de tiempo completo, con computadoras e Internet, y aumentar la cobertura de educación superior ante el grave problema de los miles de jóvenes excluidos.

Con una proyección conservadora de las necesidades financieras del sector público para los próximos años, estimamos que con los objetivos planteados se requieren recursos adicionales por más de 800 mil millones de pesos por año. Sería un presupuesto 20% más grande que el de 2012, con un aumento equivalente a casi cuatro veces el gasto de 2012 en educación.

De acuerdo con cálculos del CEESP, en un escenario inercial, es probable incrementar los ingresos tributarios hasta en 80 mil millones de pesos por el crecimiento de la economía y una mayor eficacia recaudatoria. Los organismos y empresas del gobierno podrían aportar 35 mil millones más y por concepto de deuda el tope prudente son 220 mil millones. Habría un faltante de al menos 500 mil millones de pesos para ajustar el presupuesto requerido idealmente. Sin reformas, es imposible.

La opción de ingresos petroleros incrementales, sin una reforma que dé autonomía efectiva a Pemex y amplíe la participación de la iniciativa privada en el sector, es nula: la producción ha caído en más de un 25% del máximo de 3.4 millones de barriles en el 2003. Sin cambios, el declive continuará y los precios no pueden ayudar mucho; es probable que en el corto plazo tiendan a la baja.

Tampoco es alternativa elevar el endeudamiento. Recurrir a este expediente generaría caldo de cultivo para reproducir en nuestro país los problemas que enfrentan diversas economías europeas y que ya sufrimos en la década de los 80. Desde 2009, México tiene un déficit primario, lo que no ocurría desde hace 20 años. No podemos poner en riesgo uno de los factores que le dan más firmeza al país y atractivo a la inversión: la estabilidad macroeconómica, lograda con tantos sacrificios de todos los mexicanos.

La vía de aumentar impuestos no es opción y la rechazamos tajantemente. Significaría poner un dique al crecimiento de la economía, nos quitaría competitividad y sería un golpe injusto para los contribuyentes cautivos que hoy soportan buena parte del financiamiento al sector público. Para financiar por este medio el presupuesto requerido, habría que duplicar la tasa del IVA o subir la del ISR hasta casi 60 por ciento.

La única solución es crecer más y una reforma hacendaria integral: que amplíe la base de contribuyentes, simplificando el cálculo y pago de impuestos para propiciar la formalidad de los agentes económicos; con más responsabilidades y atribuciones a los estados y municipios, para que sean más autosuficientes; que combata con eficacia la elusión y la evasión y reduzca al mínimo los regímenes especiales; que nos pongan en sintonía con la tendencia mundial hacia los impuestos al consumo, a cambio de una retribución tangible, como la seguridad social universal ofrecida.

Una reforma que se ocupe del gasto tanto como de los ingresos. Que premie la inversión y, a la vez, conduzca a una reingeniería del gasto público, eliminando subsidios parcial o totalmente, regresivos como el de la gasolina, para focalizarlos sobre las necesidades de la población más necesitada y dónde exista mejor relación costo/beneficio económico y social; con más eficiencia y menos espacio para la corrupción y el despilfarro.

Las reformas estructurales -hacendaria, laboral, energética, educativa y política, principalmente- representan la gran oportunidad para convertir los retos en oportunidades, y éstas en bienestar y progreso para todos. Son la opción de México y tienen que ir juntas: no funcionan aisladamente; son interdependientes. Se necesita el paquete completo.

Hay que dinamizar los motores económicos que hoy permanecen en baja intensidad o, paradójicamente, en declive. Uno de ellos: el sector energía, en particular el petrolero: la reforma que requiere para sanearse y desarrollar su potencialidad no es viable sin un cambio profundo en la hacienda pública.

No habrá incrementos de los ingresos del gobierno, en la medida que se requiere, sin un aumento correlativo de la actividad productiva, que a su vez exige un mejor ambiente de negocios, condiciones de competitividad e incentivos para la formalización de la actividad económica. Ésta, por su parte, depende en gran medida de la reforma laboral: los negocios y los empleos informales que surjan, no generarán recaudación presupuestaria adicional directa.

De igual forma, para hacer todo esto a tiempo y en democracia, reconciliando posiciones, urge reformar el sistema político mexicano: cogobierno eficaz, equilibrio de poderes, coordinación y corresponsabilidad entre niveles de gobierno. Sentar bases para que la política se vuelque a la construcción de acuerdos para destrabar el potencial de México. Todos tenemos una responsabilidad que cumplir. El Consejo Coordinador Empresarial está comprometido con esta tarea, con una Agenda Única que une a todo nuestro sector, a través de los organismos que la conforman. En las próximas semanas precisaremos nuestras propuestas, trabajando intensamente para que la fase de transición en la que estamos, sea el parte-aguas de la transformación de México, con la participación de todos: el gobierno actual y el entrante, los legisladores, los trabajadores y los empresarios de México; con todas las fuerzas políticas, los distintos sectores y con los ciudadanos. Este es un compromiso con México. Entre todos, vamos a lograrlo.

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