El 30 de junio de 2019 se creó la Guardia Nacional, con base en las reformas constitucionales de marzo de aquel año. Sin embargo, desde el primer momento, el cuerpo policial se desarrolló sobre las bases de unas leyes secundarias que retorcían un tanto el mandato constitucional, que explícitamente concebía una fuerza de carácter civil, con formación policial civil y con mandos civiles, integrada en la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El Presidente de la República había imaginado una nueva fuerza militar, inspirada en el cuerpo decimonónico del mismo nombre. En la fantasía presidencial, el cuerpo sería una suerte de Ejército interior encargado de combatir al bandidaje, como en los tiempos de los bandidos de Río Frío o los de Astucia, el jefe de los charros contrabandistas de la rama. Sin embargo, en el Senado imperó la sensatez y, si bien le dieron gusto a López Obrador en su capricho de eliminar la Policía Federal y sustituirla por la Guardia, reformaron sustancialmente la iniciativa presidencial y establecieron que el nuevo cuerpo sería una policía civil.

La decisión legislativa le importó un bledo al Presidente y en su desacato contó con el apoyo de los jefes del Ejército y la Marina, tan dispuestos a violar el mandato constitucional que habían protestado cumplir y hacer cumplir como su jefe supremo. Crearon la Guardia Nacional como se les dio la gana, con un General al mando, integrada por soldados y marinos que siguieron bajo comando militar. El año pasado el Presidente ordenó a los legisladores de su coalición, acostumbrados a acatar sin chistar las ocurrencias de su caudillo, que modificaran la Ley y trasladaran la administración de la Guardia, lo único que le quedaba a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Suprema Corte, sin embargo, declaró la inconstitucionalidad de la nueva legislación, por lo que hoy la operación del cuerpo es del todo irregular.

El martes pasado, el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización, impulsado por Causa en Común, presentó su informe sobre los cuatro años del cuerpo. María Elena Morera expuso las principales conclusiones de un documento que vale la pena conocer, pues es un esfuerzo por esclarecer la realidad, ya que tanto las fuentes oficiales como las fuentes abiertas de información son incompletas y contradictorias respecto de los procesos de creación, integración y operación de la Guardia Nacional.

El informe destaca que al menos el 71 por ciento de los integrantes de la Guardia Nacional son militares. A pesar de que la Policía Federal fue absorbida por la nueva fuerza, sus antiguos integrantes han sido marginados y maltratados y sus mandos superiores han sido relegados, con un profundo desprecio a su experiencia y capacitación profesional. En cambio, de enero de 2020 a marzo de 2023, la Guardia Nacional registró ochenta mil elementos graduados de los cursos de capacitación inicial; no obstante, las horas que deben cumplir para obtener la certificación se han ido reduciendo de manera gradual.

Muchos integrantes de la Guardia no tienen las acreditaciones requeridas completas, como el Certificado Único Policial, por lo que no están validados para hacer su trabajo, lo cual tiene implicaciones legales, pues, por ejemplo, invalidan jurídicamente sus detenciones. El rezago pone en evidencia que no están formando a los elementos de la Guardia Nacional como una policía civil, conforme a la Constitución, además de que no están sometidos a los controles exigidos a las policías civiles.

Más allá de las irregularidades en la integración, la capacitación y el mando de la Guardia Nacional, el informe indaga en la operación concreta del cuerpo y sus conclusiones son muy preocupantes, pues muestra un funcionamiento caprichoso. El despliegue operativo de la Guardia Nacional no se da en función de la incidencia delictiva de las entidades. Por ejemplo, al cierre de 2022, la mayor cantidad de elementos se concentró en Ciudad de México, con un total de 20 mil 605; mientras que en Zacatecas se desplegaron mil 402 elementos en 2023, durante una ola de violencia inédita en aquel estado. 

A la Guardia Nacional se le ha inyectado una cantidad ingente de recursos, pero esto no se ha traducido en mayor eficiencia operativa. No existe diferencia entre la manera en la que operan los soldados y los marinos asignados a tareas de seguridad y la de los guardias, lo que demuestra que solo se trata de militares con otro uniforme. 

De acuerdo con el informe, la creación de Guardia Nacional no representó un cambio en la estrategia de seguridad, militarizada desde 2007, sino un mero cambio político y de denominación que no ha dado resultados porque carece de objetivos claros que puedan ser monitoreados y evaluados. Por lo demás, el riesgo de violaciones a los derechos humanos se ha incrementado por la arbitrariedad con la que suelen actuar los militares cuando cumplen tareas policiales. La Guardia Nacional no ha sido más que una nueva etapa en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en detrimento de las policías locales, las cuales sufren estancamientos presupuestales, merma de recursos y abandono político. 

Durante la presentación del informe en el Senado, el exmayor del Ejército Adrián Herrera señaló atinadamente que uno de los elementos que han influido en el fracaso de la Guardia Nacional ha sido que tanto el personal de las Fuerzas Armadas transferido, como los exintegrantes de la Policía Federal absorbidos, deberían de estar separados del mando militar, pero no ha sido así: los mandos son militares y la Guardia opera con criterios castrenses.

Ya puestos a violar la Constitución, tanto a los elementos de la milicia que participan en acciones de seguridad, como a los integrantes militares de la Guardia Nacional se les suele proteger con un fuero inconstitucional para evitar que rindan cuentas ante la justicia civil cuando cometen crímenes contra la población. A los comandantes castrenses los trae al pairo el Artículo 13 constitucional, que limita el fuero militar a las faltas a la disciplina militar y somete toda actuaciones de la soldadesca que impliquen delitos del fuero común o del fuero federal a la justicia civil.

El informe del Observatorio es un documento que ilustra mucho sobre la manera en la que ha avanzado la militarización en el país, al amparo del militarismo del Presidente López Obrador.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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