Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- Gobernadores empoderados, uso de programas sociales con fines electorales, candidatos acusados de enriquecimiento ilícito, uso político-electoral de las procuradurías de justicia estatales y órganos electorales cuestionados por su parcialidad, forman parte de las “triquiñuelas” de las que el Partido Acción Nacional (PAN) ha acusado al Revolucionario Institucional (PRI), previo al proceso electoral que se celebrará mañana en 14 estados y un distrito.

Para el Presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Procesos Electorales del Senado, el panista José María Martinez Martínez, estas serán “las elecciones más violentas de la historia”. Según el Legislador, Veracruz y Coahuila son las entidades “focos rojos” y pidió que el Ejército proteja a los candidatos y a la ciudadanía.

El jueves 4 de junio SinEmbargo publicó que al menos 20 candidatos han sido amenazados, secuestrados o asesinados este año.

Pero además del fantasma de la violencia, están las acusaciones del uso de viejas prácticas priístas como es la compra del voto en los estados donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es gobierno y que causó que el Partido Acción Nacional (PAN) creara el Semáforo de Contingencia Democrática.

Fue el 17 de abril cuando el PAN amenazó con salirse del Pacto por México tras la presentación de videos y audios para denunciar que en Veracruz se había formado una estructura paralela integrada por dirigentes priístas, funcionarios municipales, estatales y federales con la finalidad de usar el programa Oportunidades y 65 y más con fines electorales.

La dimensión de la maquinaria puesta en marcha fue de tal magnitud, que el líder nacional del PAN, Gustavo Madero, pidió la renuncia del Gobernador Javier Duarte, y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, y pidió juicio político para ambos personajes. Fue la primera denuncia panista, que puso en riesgo el Pacto.

Pero las irregularidades continuaron y hasta el lunes 1 de julio sumaban 67 denuncias contra gobernadores y funcionarios estatales, así como contra candidatos.

La jornada electoral se tensa ante las acusaciones que tanto el PAN como el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han lanzado en contra del PRI, y cuyo presidente, César Camacho Quiroz, ha desestimado. Incluso, ha acusado a la oposición de realizar montajes, como fue el caso del candidato panista a la Alcaldía de Boca del Río, en Veracruz, Carlos Alberto Valenzuela, quien apareció a salvo después de un presunto secuestro.

Entre las prácticas detectadas por el panismo, y las cuales según Madero forman parte del “Manual para la Restauración Autoritaria”, están los siguientes:

• El papel parcial que juegan institutos y tribunales electorales
• El uso político de las procuradurías de justicia
• El uso electoral de programas sociales
• Intervención de gobernadores en procesos electorales
• El empleo de la violencia, el reparto de dinero para comprar votos, y el patrimonio inexplicable de candidatos.
• El actuar a modo por parte de congresos locales para modificar leyes que favorezcan al PRI
• El uso a conveniencia de medios de comunicación

Una constante es que hasta el lunes las autoridades tanto estatales como federales no habían resuelto ninguna de las denuncias por lo que nadie había sido sancionado por esos actos presuntamente delictivos, acusó Gustavo Madero.

Algunos ejemplos del manual según el PAN son los siguientes:

INSTITUTOS Y TRIBUNALES ELECTORALES ESTATALES

El PAN ha detectado la insaculación falsa de funcionarios de mesas directivas de casilla para contar con priístas como presidentes, secretarios y escrutadores. Aseguró que esto ocurre en Veracruz, donde el candidato panista en el municipio de Veracruz, Rafael Acosta Croda denunció que seis de cada 10 casillas contarán con funcionarios priístas, de los que 113 participarán como vocales, supuestamente insaculados por ciudadanos, y que en realidad son militantes del tricolor, encargados de cuidar las casillas, lo cual atenta contra el principio de imparcialidad.

Lo mismo ha sido reportado en la elección para Gobernador que se realizará en Baja California.

Una acusación contra autoridades electorales son las formuladas en Quintana Roo y Durango, donde el PAN fue impedido para hacer alianzas con los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente.

Asimismo, han recibido la orden de parte de autoridades de Quintana Roo y de Coahuila de retirar, sin fundamento, legal propaganda de sus candidatos.

En Quintana Roo, la autoridad electoral les pidieron esta semana retirar en 48 horas propaganda con el color azul, lo que el presidente del PAN Gustavo Madero consideró un atropello, pues implicaba retirarla lo que restaba de campaña.

El área jurídica del PAN también consideró que las autoridades electorales han pasado por alto el turismo electoral, práctica consistente en llevar priístas de otros municipios o estados a la entidad donde se celebrarán elecciones, y con la colaboración de funcionarios del Instituto Federal Electoral, hacer cambios de domicilios fast track para que los militantes del PRI puedan votar a favor de sus candidatos. De acuerdo con el PAN la práctica la han detectado en Quintana Roo y Veracruz.

El PAN también responsabiliza a las autoridades electorales de organización de debates a modo, como ocurrió en Baja California, donde el candidato de la alianza Unidos por Baja California Francisco “Kiko” Vega Lamadrid, luego de un primer debate, se negó a acudir a los siguientes al considerar que el instituto electoral estatal no garantizaba condiciones de equidad.

Asimismo, ha habido tolerancia para la publicación de encuestas falsas, lo que llevó a que los dirigentes estatales del PAN y el PRD en Zacatecas, Arturo López de Lara y Gerardo Espinoza Solís, respectivamente, expusieran hace unos días que las encuestas presentadas por distintos medios de comunicación locales eran falsas.

PROCURADURÍAS DE JUSTICIA

A nivel federal y estatal, las procuradurías de justicia trabajan mediante criterios políticos y no técnico jurídicos. Se han presentado más de 50 denuncias penales sin atención. Un caso reciente es el del candidato a la Alcaldía de Aguascalientes, Eduardo Martín del Campo, a quien se le acusó de estar vinculado con el grupo delictivo de la Familia Michoacana, a través de una acusación basada en el testimonio de un testigo que ya presentó una queja por tortura y quien además dice no conocer al candidato panista.

Otra de las tácticas es filtrar información falsa a medios de comunicación, como ocurrió con Martín del Campo, con lo que se rompió el sigilo de la procuración de justicia y del principio de presunción de inocencia.

USO ELECTORAL DE PROGRAMAS SOCIALES

Reparto de bienes públicos para obtener beneficios electorales como en Veracruz, Durango,  y Coahuila.

En Veracruz, en el municipio de Tres Valles, denunciaron a un grupo de simpatizantes del PRI de repartir cinco mil despensas etiquetadas desde la distribución propia del gobierno municipal.

En el caso de Tamaulipas, el candidato priista a Alcalde en el municipio de Ocampo, Juan Enrique Liceaga, ha sacado desplegados en medios de comunicación en donde advierte a los ciudadanos, que en caso de perder, dejarán de ser beneficiados por los programas sociales federales.

En Quintana Roo, el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo, confirmó que el Gobernador priista, Roberto Borge Angulo, puso a disposición de los candidatos de su partido todo el aparato del gobierno estatal para el uso de programas sociales. En un audio que presentó el director jurídico del PAN, Eduardo Aguilar, el Alcalde acusa al mandatario de señalar que después de que el gobierno estatal reparte programas como basura por alimentos, brigadas de bienestar, cinemas de bienestar y otros, se pone de acuerdo con los candidatos priistas para que éstos le den seguimiento y puedan visitar a las familias beneficiadas.

Los panistas también le pidieron al gobierno del estado transparentar el uso de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) ya que desconocen cómo han sido usados 45 millones de pesos

También, deuncian el uso de viviendas de líderes seccionales del PRI para afiliar a usuarios de programas sociales y no instalaciones públicas, como en Durango.

VIOLENCIA, DINERO Y PATRIMONIO INEXPLICABLE DE CANDIDATOS

El director jurídico del PAN denunció que bajo el amparo del sistema, candidatos y líderes priístas utilizan la violencia y armas para amedrentar a los aspirantes de oposición. Un ejemplo es lo ocurrido en el municipio de Coxquihui, Veracruz, donde el candidato del PAN, Lauro Becerra fue víctima de un atentado en el que murió una persona. El PAN, en días pasados, responsabilizó al candidato priísta Reveriano Pérez Vega y a su hermano, presuntos líderes del grupo delincuencial “Los Pelones”.

En cuanto al uso de dinero en efectivo u otros bienes, lo han detectado en Tlalixcoyan y Xalapa, perteneciente al distrito XI Eduardo de la Torre, donde  el candidato priísta, Tonathiu Pola, emplea en su campaña camiones del gobierno del Estado de México con publicidad de candidatos del PRI, acompañados de unidades médicas móviles.

En Tlaxcala se reparten tarjetas telefónicas a cambio de votos, como la llamada “Para el bienestar de todos los tlaxcaltecas”, e incluye una llamada gratis de larga distancia nacional a México y a Estados Unidos. Para obtener el plástico el requisito era llevar la credencial de elector para tomar los datos de los ciudadanos.

En Coahuila, los panistas presentaron una denuncia penal en contra del candidato a Ramos Arizpe, Ricardo Aguirre, por la entrega en ejidos y en escuelas de supuestos cheques por 100 mil pesos ó 50 mil pesos con un total de 11.5 millones de pesos, que serán canjeables una vez que gane la elección.

El PAN ha acusado que algunos candidatos del PRI tienen riqueza inexplicable. El caso más destacado es el del candidato a la gubernatura de Baja California, Fernando Castro Trenti, quien según lo denunciado por Acción Nacional, posee distintas propiedades.

“No nos explicamos cómo en el año 2010 adquirió una casa por más de 10 millones 400 mil pesos, la cual hoy está siendo puesta a la venta en 5 millones de dólares.

“Tampoco comprendemos cómo es propietario de un yate que se encuentra en la Villa de California, cómo es propietario de dos casas en Tijuana, de un terreno en Ensenada, de tres residencias en San Diego, California, una de las cuales está en Chula Vista y otras dos más en San Isidro, además de una casa ubicada en Paseo de la Reforma y la de Chula Vista de un valor de 850 mil dólares”, dijo el lunes pasado el director jurídico del PAN, Eduardo Aguilar.

EL PAPEL DE LOS GOBERNADORES

Acción Nacional acusa a los gobernadores priístas de haber coordinado las campañas políticas de su partido.

En Chihuahua, por ejemplo, el Gobernador César Duarte Jáquez hizo campaña abierta a favor de los candidatos príistas, y su esposa  Bertha Gómez de Duarte lo imitó y en días hábiles y horarios laborales, acompañada de 11 elementos de seguridad,  fue grabada haciendo prolisitismo.

El mandatario de Durango, Jorge Herrera Caldera, publicó el 12 de junio, en plena veda electoral, desplegados en los que presumía logros de sus programas sociales.

EL PAPEL DE LOS CONGRESOS LOCALES

Los congresos locales con mayoría priísta también intervienen electoralmente, según el PAN. El caso más conocido es el de la intentona de la mayoría tricolor en Baja California de crear una fiscalía investigadora de delitos electorales a modo, detenida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MEDIOS LOCALES DE COMUNICACIÓN

En el caso de los medios de comunicación, existe un supuesto uso de servicios integrados mediante pago de publicidad, lo que impide que haya equidad en la contienda y espacios igualitarios en información. Hasta ahora existen dos denuncias por esta razón y una más por el uso de espacios privilegiados a candidatos priístas en televisoras y radiodifusoras locales.