Dos de las características de los populismos del siglo XXI es su tendencia a atacar al federalismo y su decisión de centralizar el ejercicio del poder en una camarilla o en un autócrata. El culto al líder, facilita la manipulación de la ley, para otorgarle poderes extraconstitucionales, que él aprovecha, para concentrar las decisiones y hacer su voluntad.

Un claro ejemplo de esto empieza a suceder en la República de El Salvador. El Presidente Nayib Bukele acaba de presentar dos iniciativas para reorganizar la división política del país centroamericano y, reducir, tanto la cantidad de Alcaldías en el territorio, como el número de curules en el Congreso.

Pretende convertir a los municipios en distritos, despojándolos de su autonomía. Asimismo, reducir el número de escaños en el poder legislativo de 84 a 60, una medida que debilita al Congreso frente al Presidente. Debido a que su Partido, Nuevas Ideas, tiene prácticamente el control del legislativo, es muy probable que las reformas de Bukele sean aprobadas.

A cuatro años de haber asumido la silla presidencial, esto no sólo consolidaría su poder personal, sino que también promovería su perpetuación como líder indiscutible de esa nación.

Las medidas centralizadoras propuestas no suceden en el vacío. Recientemente, el Congreso que controla el Presidente, aprobó una Ley que permite la reelección inmediata y, el mandatario, ya declaró su intención de competir en los próximos comicios en 2024. Todo esto, contraviniendo una disposición constitucional -derogada a conveniencia por el partido en el poder-, de no hacer modificaciones a menos de un año de las elecciones.

La tendencia centralizadora de su gobierno, le está permitiendo a Bukele, tomar decisiones que no son sensatas. Ahora, pretende ser duro con la corrupción, anunciando que propondrá cárcel para funcionarios o empresarios que él juzgue corruptos. Actualmente, de hecho, existe un asedio por parte de la Fiscalía, también controlada por su régimen, en contra del expresidente Alfredo Cristiani.

La deriva autoritaria del Gobierno de Bukele, ya ha causado la preocupación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que ha solicitado al régimen salvadoreño ponga fin al estado de excepción, en su lucha contra las organizaciones criminales.

No se cuestiona su decisión de combatir a los grupos delincuenciales o la corrupción, pero esto no puede hacerse violando garantías individuales y deteniendo a inocentes. La transgresión al estado de derecho, es un límite que nunca hay que traspasar, las leyes y los derechos humanos están para cumplirse, reconocerse y respetarse.

Sólo el orden republicano, liberal, democrático y federalista puede promover una sociedad justa, pacífica y próspera. Pero ese es, precisamente, el tipo de régimen que los populismos autoritarios en construcción, buscan destruir.

Debemos estar muy alertas de los peligros que implican estas medidas neocentralistas y autoritarias, para el desarrollo democrático de un país.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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