Chablekal es una comisaría de la ciudad de Mérida ubicada en el extremo norte del estado de Yucatán, en la punta sur de México. De acuerdo con el último censo disponible, 3 mil 165 personas, la mayoría de ascendencia maya y con algún tipo de carencia, viven en esta comunidad. El miércoles pasado un contingente de policías estatales se plantó frente a la casa de uno de sus pobladores, un anciano de más de 90 años llamado Salvador Euán Chí que requiere para moverse una silla de ruedas y que nunca ha vivido en otro predio, con el fin de hacer cumplir una orden de desalojo.

No era la primera vez que esta misma orden se intentaba ejecutar, pero en las dos ocasiones anteriores los pobladores de Chablekal salieron en defensa de don Salvador alegando que este fue despojado de propiedad mediante engaños –aprovechando sus lagunas mentales- y colusión judicial. Sin embargo, en esta ocasión la policía llegó preparada para repeler cualquier resistencia. De acuerdo con la crónica de Diario de Yucatán, 200 agentes entraron a la comisaría y buscaron evitar, a como diera lugar, la formación de alguna especie de defensa ciudadana.

Las cosas no salieron como los cuerpos de seguridad esperaban y 300 pobladores enardecidos terminaron haciéndoles enfrente. La batalla entre ambos grupos inició muy pronto. Desde un lado se arrojaron piedras y botellas; del otro, gases lacrimógenos y macanazos. De acuerdo con diversos testimonios los policías lastimaron innecesariamente a varias personas, lo mismo a niños que adultos. Haciendo uso excesivo de su fuerza, y entrando a un establecimiento comercial en el que se refugiaban varios protestantes, los agentes detuvieron a cinco pobladores. Al momento de escribir este texto aún no se conocía con certeza su paradero.

Durante la trifulca fueron también maltratados y detenidos dos de las más visibles figuras del Equipo Indignación, sin duda la organización de defensa de derechos humanos más importante en Yucatán, que tiene a Chablekal como sede. Entre las causas más importantes que ha encabezado Indignación está la visibilización de la tortura, la protección a campesinos mayas del despojo de sus tierras y la exitosa resistencia a la entrada de soya transgénica al estado. Para cualquiera que conozca su trabajo, las imágenes de Martha Capetillo Pasos y Jorge Fernández Mendiburu sometidos y esposados como delincuentes en la batea de una pick-up es demoledora. Ambos activistas fueron intimidados verbalmente.

Los agentes policiacos también lanzaron al suelo a un reportero del periódico La Jornada Maya que intentaba obtener un testimonio de los agredidos, y arrojaron gases lacrimógenos muy cera de la zona en que dos reporteros de Diario de Yucatán, el más importante medio de comunicación local, que intentaban llevar a cabo su trabajo.

Para bien y para mal, el caso Chablekal es representativo de la nueva era que se vive en Yucatán. Y es que en años recientes algo se ha podrido en el otrora “estado más tranquilo de México”. Dejando atrás una historia aislamiento, que lo mismo encapsuló invaluables usos y costumbres que el dominio de poderes fácticos, Yucatán se ha venido integrando a las dinámicas que caracterizan al resto de la república. En contraste con otras entidades, este estado se destacó en tres últimas del siglo XX por su tranquilidad y seguridad. Sin embargo, desde el inicio de siglo XXI los síntomas de descomposición del tejido social son cada vez más visibles para los yucatecos, quienes, ante la completa indiferencia de sus gobernantes, han visto a las pandillas apoderarse de diversas zonas del estado y los a los delitos, la informalidad y mendicidad aumentar caóticamente.

Claramente este estado de cosas no es excepcional ni ha surgido de la nada. Tampoco puede adjudicársele a la llegada de foráneos que huyen de la inseguridad de otras partes del país –discurso muy conveniente para la clase política local, pero muy engañoso-. La fórmula del fracaso yucateco no tiene nada de especial porque es exactamente la misma que ha sido probada en otras partes del país: carencia de un verdadero proyecto económico, políticas asistencialistas clientelares, el despojo de tierras a ejidatarios, educación por los suelos, inexistente estado de derecho, aumento exponencial en la deuda pública… Tan sólo en el quinquenio de Ivonne Ortega, hoy secretaria general del PRI, la deuda yucateca se incrementó de $300 millones a más de $10 mil. Los yucatecos no obtuvieron algo a cambio de ese dinero.

Tanto el gobierno de Ivonne Ortega como el de Rolando Zapata han tenido como meta preservar, a como de lugar, el estado de cosas presente a base de programas clientelares. Sin reconocer que las cuarteaduras en el edificio de la seguridad son estructurales y no superficiales, recientemente el actual gobierno lanzó una iniciativa para prevenir los delitos llamada “Escudo Yucatán”. Si bien cuenta con algunas virtudes, en el corazón de este yace un endeudamiento adicional de 1 mil 500 millones de pesos que serán destinados a cámaras de videovigilancia y la acumulación de más poder en la SSP. A nadie le pareció importante acompañar este plan con plataformas económicas y sociales que permitan a incorporar a la vida productiva a miles de yucatecos ni con estrategias específicas para disminuir la impunidad. Los legisladores del PAN, PRD y PVEM aceptaron gustosos, y mágicamente convencidos de la noche a la mañana, este proyecto.

En términos generales, así son las cosas en Yucatán. Pero algo muy particular ha venido ocurriendo en Chablekal. En otros sitios del estado, un anciano hubiera sido lanzado a la calle sin mayor problema. Si los pobladores de esta comunidad ubicada en el fin del último estado del sureste del país no estuvieron dispuestos a aceptar la injusticia cometida a uno de los suyos es porque son un atípico grupo de personas conscientes de su lugar en el mundo y listos para defender sus derechos. Hace apenas unos meses, con el fin de proteger sus tierras de los embates de estafadores coludidos con el poder político, constituyeron la “Unión de pobladoras y pobladores del pueblo de Chablekal por el derecho a la tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales”. Que esto haya ocurrido se debe , en importante medida, a la presencia y acompañamiento de Indignación. Lo bueno también se pega y trasciende.

Desgraciadamente, en esta ocasión el esfuerzo no fue suficiente, y los habitantes de Chablekal se vieron obligados a retroceder ante los embates del Estado. Junto con ellos, los mexicanos dimos un paso atrás en la defensa de uno de nuestros últimos estados donde se supone posible una vida de calidad y pacífica. Yucatán se ha venido perdiendo porque, con el tiempo suficiente, no hay política de seguridad que resista a la combinación de crecimiento demográfico, modelos económicos extractivos –casi coloniales-, corrupción y prácticas predemocráticas. Con cada derrota de la sociedad civil en Yucatán los mexicanos perdemos valiosos centímetros de uno de nuestros últimos vestigios de tiempos pacíficos.

El miércoles pasado, ante la mirada de policías estatales, los bienes de Salvador Eúan Chí fueron extraídos de su residencia y arrojados al interior de camiones de mudanza. Visiblemente acongojado, cubriéndose el rostro con la mano izquierda extendida, el anciano se quedó sollozando postrado en su silla de ruedas. Dos bolsas de basura negras llenas de los escasos objetos personales que pudo conservar le hicieron compañía. En su gastada polo de algodón blanca, a la altura de sus pectorales, dos logotipos rojos y verdes enmarcaban las leyendas “Orgullo y Compromiso: Rolando Zapata Gobernador”.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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