A unos días que se discutan amparos contra el etiquetado frontal de advertencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezados por el amparo de Santa Clara de Coca-Cola Femsa, proyectamos sobre el edificio de Coca-Cola decenas de documentos nacionales e internacionales, de organismos de Naciones Unidas como OMS/OPS, UNICEF y más de 35 amicus curiae que muestran la evidencia científica y el respaldo al etiquetado frontal de advertencia.

Entre los documentos proyectados sobre Coca-Cola se incluyen cartas de Michael Fakhri y Tlaleng Mofokeng, relatores del derecho a la alimentación y a la salud, así como del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas, respectivamente, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como del Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS),

Acusamos a Coca-Cola de cinismo y prácticas inmorales al atacar con amparos el actual etiquetado frontal de advertencia que entró en vigor en 2020 y que fue elaborado siguiendo los procedimientos formales y de manera transparente. Contrastando con el etiquetado introducido por Coca-Cola en contubernio con las autoridades de COFEPRIS, hoy funcionarios de Coca-Cola, que fue considerado una amenaza a la salud y la información, violando todos los procedimientos establecidos.

El etiquetado actual fue aprobado en un proceso apegado a la legalidad, con un grupo de trabajo amplio donde la industria estuvo representada, proceso del que existen actas firmadas por los participantes y que contó con el aval de OPS y UNICEF y la academia representada por la UNAM, el Politécnico, el Instituto Nacional de Salud Pública, entre organizaciones académicas e instituciones gubernamentales, además de una amplia representación de la propia industria. En cambio, el etiquetado que fue obligatorio entre 2014 y 2020, fue elaborado sin consulta, sin grupo de trabajo, sin participación de la academia por un profundo contubernio de la autoridad COFEPRIS con Coca-Cola, contubernio documentado en correos entre la refresquera y la institución obtenidos a través de un juicio en los Estados Unidos. Ese es el etiquetado que promovió Coca-Cola y que la OMS consideró una amenaza a la salud al establecer un criterio de consumo diario de azúcar de casi el doble al recomendado.

Por acceso a la información preguntamos a COFEPRIS que nos informara quien había participado en los grupos de trabajo que elaboraron el etiquetado que se estableció entre 2014 y 2020 y nos respondió en un documento oficial que no había constituido grupo de trabajo. En uno de los correos obtenidos (A) a través del juicio en Estados Unidos destaca el del 19 de agosto de 2013, enviado por Coca-Cola al Lic. Patricio Caso, donde se acuerda una reunión entre el vicepresidente jurídico de Coca-Cola con el Lic. Patricio Caso abogado de COFEPRIS y el tema del correo es: “Mesas de Trabajo: Regulación de etiquetado”. Es decir que sí había una mesa de trabajo, pero ésta era con Coca-Cola para diseñar con la refresquera el etiquetado.

Cuando solicitamos, a través de un juez en los Estados Unidos, información a Coca-Cola, por intuición, que en realidad era certeza, pedimos que se entregaran las comunicaciones de Coca-Cola con Cofepris en dos momentos: cuando se estaba por presentar el etiquetado obligatorio (2013-2014) y cuando nuestro amparo contra ese etiquetado estaba llegando a la Suprema Corte (2016). Suponíamos que los funcionarios habían estado al servicio de Coca-Cola y lo comprobamos, obtuvimos parte de esas comunicaciones. En el correo anterior queda evidencia de que Cofepris estaba realizando el diseño del etiquetado a favor de Coca-Cola. Solamente hay que recordar que con ese etiquetado una botella de Coca- Cola de 600 mililitros decía que tenía el 60% de azúcar requerida al día cuando en realidad, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS debería haber dicho que contenía 120% del máximo tolerable para un adulto en todo un día.

Eso fue al momento de diseñar el etiquetado, pero también atinamos a pedir comunicados entre la refresquera y Cofepris para el momento que nuestro amparo procediendo en el Poder judicial, es decir para 2015. (correo B)

El 28 de octubre de 2015, un funcionario de Coca-Cola envió al coordinador jurídico de Cofepris, Juan Leonardo Menes, un correo en el que le dice “Estimados Juan Leonardo: Esta semana nos han notificado un tercer amparo con el asunto de referencia, tanto a Jugos del Valle como a Coca-Cola. Si te fuera posible agendar una reunión contigo para dar seguimiento al tema”. De manera clara queda expuesta la colaboración de Coca-Cola no solamente en el diseño de aquel etiquetado peligroso, sino también en la colaboración con la institución reguladora para definir la estrategia de defensa de ese etiquetado.

Esta es la empresa, propietaria de Santa Clara, que encabeza los amparos y los ataques contra el nuevo etiquetado frontal de advertencia que se elaboró con base a evidencia científica, con el respaldo de organismos de Naciones Unidas, con grupos de trabajo, actas y todo el procedimiento establecido.

El lunes se votará en la Suprema Corte el amparo de estas empresas, esperamos prevalezcan los derechos a la salud y a la información sobre los intereses comerciales y las estrategias oscuras de estas corporaciones.

Alejandro Calvillo

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Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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