A pesar de las celebraciones (alegando “se hizo justicia”) por parte de aquellos que resultaron beneficiados—como el actual Gobierno mexicano y, por supuesto, el Gobierno estadounidense—el juicio en Nueva York de Genaro García Luna resultó ser algo así como una pifia. No obstante que los juicios de ese tipo se desarrollen para evaluar la culpabilidad o inocencia de un solo individuo, los testimonios y las evidencias debieran darnos cuenta de la red de complicidades o el contexto general que explican la perpetración de un crimen. Pues bien, el juicio a Genaro García Luna no proporcionó información útil en sentido estricto. Este proceso nos dejó con más preguntas que respuestas, sobre todo con relación a la red de complicidades que permitió que el hombre “fuerte” de la seguridad en el sexenio de un Presidente que declaró una “guerra contra el narcotráfico” (vestido de militar), protegiera a una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de enervantes en el mundo: el Cártel de Sinaloa.

Según las declaraciones juradas de testigos cooperantes y testigos protegidos vinculados a actividades ilícitas, Genaro García Luna protegió al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios, con lo que se le identifica como parte de una red de tráfico de drogas que facilita la entrada de las mismas hacia la Unión Americana. Sorprende bastante que los escandalosos testimonios de la vinculación de García Luna con el Cártel de Sinaloa y de sus múltiples actos de corrupción y criminales, no estuvieran acompañados por las cuantiosísimas pruebas con las que decía contar la Fiscalía estadounidense. De hecho, el juicio se había retrasado anteriormente a petición de la Fiscalía, con el objeto de organizar ese material que se aseguró era demasiado abundante—más de un millón de páginas de pruebas y casi cinco mil audios.

Mucho se ha criticado el papel de los fiscales, quienes decidieron no sólo no acompañar los testimonios correspondientes con las pruebas cuantiosísimas que supuestamente tenían y que vincularían a Genaro García Luna con el narcotráfico. También adelantaron la terminación del juicio, lo que levantó aún más las cejas entre varios analistas. Ciertamente, los testimonios coincidían de alguna forma (vinculando a García Luna al narco), pero ¿por qué no se reforzaron éstos con evidencia material, si supuestamente se contaba con un sinfín de pruebas de todo tipo.

Algunos esbozan la hipótesis de que la explicación de la culminación adelantada de un juicio que dejó mucho que desear, fue la intención de salvar la imagen de agentes, diplomáticos y otros políticos estadounidenses que colaboraron mano a mano con el susodicho por seis años, e incluso le dieron cobijo en la ciudad de Miami, después de que terminara su labor como Secretario de Seguridad Pública en México. Otra hipótesis (complementaria) tiene que ver con el reforzamiento de la narrativa de que los denominados “cárteles” son peligrosísimos, súperpoderosos y dominan hasta a las más altas esferas del Gobierno mexicano.

Según esta visión o narrativa—aunada a la llamada “crisis del fentanilo”, que es la segunda etapa de lo que se denominó “epidemia de los opiáceos”, y las altísimas tasas de sobredosis por consumo de drogas en Estados Unidos—los cárteles, como lo ha expresado la DEA y otras agencias en sus reportes, constituyen una gran amenaza para la seguridad nacional de ese país. Dichas perspectivas no toman en consideración la corrupción imperante en territorio estadounidense que parece facilitar tanto la entrada, como la distribución—e incluso la producción—de cantidades masivas de todo tipo drogas en Estados Unidos. Tampoco hace referencia a los actores de nacionalidad estadounidense que participan en los mercados de narcóticos a los más altos niveles y que concentran las ganancias estratosféricas para pocos actores en mercados de naturaleza oligopólica derivada de la prohibición.

Mucho menos se menciona la enorme responsabilidad de las grandes compañías farmacéuticas que generan adicciones y que han sido la clave para explicar la primera fase de la actual crisis del fentanilo. El papel de las compañías productoras de armas y de la banca internacional—que lava dinero de las células criminales y autoridades corruptas en ambos lados de la frontera sur de Estados Unidos—tampoco se considera en la narrativa de los medios hegemónicos y el Gobierno estadounidenses. En general, el juicio a Genaro García Luna parece haber estado perfectamente diseñado para ocultar lo que no conviene al poder real en lo que unos llaman (con un toque imperialista claro) el Norte Global.

Este juicio—al parecer bastante sesgado—fue muy conveniente para los intereses imperialistas de una nación que justifica sus acciones de control territorial en el hemisferio a través de la Doctrina Monroe. Dicho proceso hubiera sido reforzado—en caso de que el Gobierno mexicano lo hubiese permitido—con otro juicio ya cuidadosamente planeado también: el de Salvador Cienfuegos Zepeda (sobre el que hablaremos en posteriores entregas). De acuerdo con los intereses imperiales del vecino país del norte, resulta conveniente para sus gobernantes evadir totalmente su responsabilidad por la crisis que ellos viven en el tema de las adicciones. Ello hace de su guerra contra las drogas, así como de sus estrategias y esquemas de cooperación antinarcóticos, acciones totalmente fallidas y muy costosas para los contribuyentes.

Asimismo, la narrativa generada sobre los responsables de la llamada “crisis del fentanilo”—que es realmente una crisis de adicción a todo tipo de drogas en la Unión Americana—permite al Gobierno estadounidense ejercer una presión adicional sobre su vecino del sur. También significaría una posible participación directa por parte de las agencias de seguridad y el ejército de Estados Unidos en territorio mexicano, con permiso o sin éste. En efecto, en diversas ocasiones—y ahora con mucho más ímpetu desde el veredicto inicial sobre el juicio a Genaro García Luna—diversos políticos estadounidenses exigen acciones directas contra lo que ellos denominan “cárteles”.

El expresidente Donald Trump, al hablar de los “bad hombres” en México días después de tomar posesión, ejemplifica perfectamente la política unilateral propuesta para actuar contra lo que falazmente los políticos estadounidenses consideran como la fuente de la crisis del fentanilo (antes crisis de los opiáceos). Miembros del partido republicano especialmente (aunque también algunos demócratas trasnochados) han insistido en esto en los últimos años, tratando de denominar a los que ellos mal-denominan “cárteles” de la droga mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, con todas las consecuencias que ello podría traer por el tema de la soberanía y la posible intervención de tropas estadounidenses en territorio mexicano.

Algunos de estos personajes también se han referido al fentanilo como arma de destrucción masiva, culpando, por su puesto, a los cárteles mexicanos, sin reconocer su propia responsabilidad extrema en la recepción y distribución de enervantes, producción de drogas sintéticas, así como en la crisis de adicciones que vive ese país. Otros legisladores (en su mayoría republicanos) han llegado incluso a proponer la utilización directa del aparato militar estadounidense—o la participación del Departamento de la Defensa—para acabar con lo que denominan erróneamente cárteles. Los efectos de esa participación serían mortales, pues además proponen la utilización de aviones no tripulados o drones para acabar con grupos que son difícilmente distinguibles, dada la complejidad del panorama criminal mexicano. Esta propuesta conlleva riesgos terribles para comunidades mexicanas enteras, tales como la muerte para miles de víctimas colaterales, las violaciones masivas a derechos humanos o incluso crímenes de lesa humanidad.

Las consecuencias de las propuestas para acabar con los cárteles mexicanos por parte de algunos políticos estadounidenses podrían ser escalofriantes para nuestro país. Además, estarían basadas en conceptos erróneos derivados de la más absoluta ignorancia o quizás guiados por la ambición expansionista de un imperio en decadencia que sobrevive en la guerra y que justifica su intervención actualmente con narrativas falaces alimentadas por la cobertura de los medios hegemónicos y las series de Netflix.

En efecto, los argumentos que esbozan algunos políticos estadounidenses de peso parecen pueriles y basados en el desconocimiento o la mala fe. Un ejemplo reciente lo podemos encontrar en una desafortunada columna en el diario The Wall Street Journal, escrita por el exfiscal estadounidense William Barr. Además de otras barrabasadas ahí contenidas y de la ausencia de todo reconocimiento sobre la responsabilidad de las agencias y agentes estadounidenses en el problema, el texto en cuestión incluye la siguiente perla (palabras más, palabras menos): “Los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el Presidente Felipe Calderón (2006-12), que quería ir [con todo] contra los cárteles”.

El texto de Barr ejemplifica la ignorancia, la manipulación, la arrogancia y la mala leche del imperialismo estadounidense. Sobre el tema de Calderón, mejor ni hablar, pues fue su hombre fuerte quien fue declarado culpable en Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico. ¡Vaya forma “de ir con todo contra los cárteles”! Desafortunadamente, la visión de Barr sobre el tema del narcotráfico es compartida por otros políticos estadounidenses—sobre todo miembros del partido republicano—y por una parte significativa de la población de ese país que se informa a través de la prensa hegemónica y que son asiduos espectadores de las series de Netflix.

En primer lugar, lo que estos señores denominan cárteles de la droga no son, en estricto sentido de la palabra, cárteles, pues no hablamos de empresas bien constituidas (de estructura jerárquica) en un mercado oligopólico que se sientan a negociar para actuar como un monopolio. Al contrario, estos grupos, que cada vez se encuentran más fragmentados y que se especializan no sólo en narcotráfico, sino en otras actividades criminales, se pelean “la plaza” y se encuentran en constante enfrentamiento. Por otro lado, no todas las organizaciones criminales violentas en México se dedican a traficar droga y es difícil identificarlas en un panorama criminal tan complejo.

En la mente hollywoodesca de estos hombres que se creen la narrativa de los medios hegemónicos y las series de narcos de Netflix, los cárteles son agrupaciones lideradas por narcos rupestres mexicanos o mexico-americanos como “El Mencho”, “El Marro”, “El Chapo” o los hijos de este último. Lo que no pueden o no quieren entender estos estrategas o fanáticos es que, como bien dice el brillante académico Oswaldo Zavala: “los cárteles no existen”.

En realidad, lo que muchos denominan cárteles, son hoy en día—y gracias a la militarización operada, impuesta o negociada por las agencias de seguridad estadounidenses—sistemas o redes de células complejas adaptativas formadas por una serie de actores que muchas veces operan de manera independiente y que se concatenan eventualmente según los incentivos y circunstancias del momento. Dichos sistemas o redes están formados por “vendedores de precursores, transportistas, oficiales de aduanas, políticos, banqueros, empresarios, autoridades corruptas (entre ellos policías), pandilleros”, sicarios, halcones, entre muchos otros actores” (@ElParece, 2023).

Sí, como dice el autor de esa cita, les han mentido por más de cuatro décadas. “Los cárteles no existen”, como dice Zavala, y la lucha contra éstos parece ser más bien una estrategia de control geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, diseñada, implementada e impuesta desde el Imperio.

Posdata: A todo esto ¿dónde está el Embajador mexicano en Estados Unidos para dar una respuesta ante tantos agravios recientes y propuestas descabelladas por parte de políticos estadounidenses? Esperemos que pronto el Sr. Esteban Moctezuma Barragán haga su aparición y exprese su extrañamiento, porque se encuentra muy callado desde que comenzó. A veces me pregunto, ¿tenemos Embajador en Washington?

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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