Ciudad de México, 6 de marzo (SinEmbargo).– La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denunció que durante el gobierno de Graco Ramírez Abreu el número de feminicidos se ha incrementado en la entidad. Detalló que en lo que va del presente año se han documentado 13 casos de muertes violentas de mujeres.
“Toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada en primera instancia como feminicidio […] al no hacerse, ni se sanciona, ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el estado de Morelos”, denunció.
El organismo exigió la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. Además informó que este 7 de marzo se realizará un acto en el zócalo de Cuernavaca a partir de las 10 de la mañana para luchar por la vida y la libertad de las mujeres y en contra del feminicidio.
“Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no se ha cumplido en la realidad”.
Por medio de un comunicado de prensa informó sobre los asesinatos de dos mujeres ocurridos en menos de 24 horas en Morelos. Dijo que una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca fue asesinada un día después de que una enfermera –que había sido plagiada– fuera localizada sin vida en Ocotepec.
La organización civil precisó que el primer caso se dio en medio “del más amplio despliegue policiaco” en la capital del estado anunciado por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado. Criticó que no haya resultados de ningún tipo en estos crímenes ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Jorge Morales Barud en Cuernavaca.
“[Ramírez y Barud] insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante, ni toman las elementales medidas que incluyan la participación de una sociedad que ha dado sobradas muestras de querer participar en políticas de seguridad ciudadana sin ser escuchada ni tomada en cuenta por gobiernos autoritarios y antidemocráticos”, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos.
Detalló que en el boletín oficial sobre este asesinato se constató “la criminalización de las mujeres que mueren violentamente” ya que, indicó, las autoridades dijeron que se trató de hechos relacionados con crimen organizado.
“Se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad”, sentenció.
La Comisión recordó que el feminicidio implica daños contra mujeres realizados “por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas”.
“No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales”, precisó.
La Comisión dijo todos los casos tienen en común que las mujeres son vistas como “usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres”.
Por todo lo anterior señaló que para que sea cometido un feminicidio concurren “de manera criminal” el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes.
“Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado”, acotó.
