Cinco días tardó Alfredo Castillo Cervantes, procurador General de Justicia del Estado de México, en reaprender a César Armando Librado Legorreta; un violador multihomicida, convertido en exponente de la debilidad del sistema de seguridad mexicano.

Sin dinero, sin conexiones y sin concesiones más allá de la incapacidad, la impreparación y la ineficacia de los policías que le resguardaban en una delegación mexiquense, el criminal burló, acaso unas horas después de su detención, a la justicia.

Luego de escuchar las voces que solicitaban su renuncia, y las críticas políticas hacia él, Castillo Cervantes, aquel que también fuera procurador durante la gestión de Enrique Peña Nieto, armó un pequeño pero ahora sí sustancioso equipo para recapturar al violador. Lo logró. No fue una hazaña, fue, como lo declaró en conferencia de prensa, “el estricto cumplimiento a la Ley”.

Nunca palabras más certeras. Si en México fuese efectivo el estricto cumplimiento a la Ley, la situación sería otra. Los criminales en este país no son infalibles, no son inalcanzables, ni perfectos, ni todos poderosos. Tampoco súper hombres que todo lo pueden. Ni siquiera dechados de inteligencia o con una habilidad supra natural.

Los criminales en México se aprovechan de las debilidades del sistema de seguridad y de procuración de justicia para comprar impunidad. Destinan millones de pesos –y de dólares– a la adquisición de protección.

A Librado Legorreta, apodado “El Coqueto”, lo detuvieron precisamente por la ausencia de eso. Por ser un psicópata, un delincuente de poca monta, sin sustento de una estructura criminal más allá de su desviación conductual. Un delincuente pobre. Un integrante de ese pequeño pero dañino grupo de la delincuencia desorganizada.

En enero de 2012 se cumplieron once años de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, del penal de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. El narcotraficante pagó en efectivo para orquestar su escape, y evidentemente lo sigue haciendo para evitar su recaptura.

El hilo más delgado de la seguridad en México son sus policías y en esa hebra entran los custodios penitenciarios. Ellos, al igual que los operativos, reciben cursos de seis meses –al menos esa es la realidad en Baja California– donde los conocimientos, los valores, las tácticas y la ética, no logran acendrar.

Policías y custodios son los primeros en caer en las redes de la corrupción. Son los primeros en recibir dinero sucio del narcotráfico, del crimen organizado. A ese débil eslabón pertenecen quienes ayudaron en la huída al capo más adinerado –según las autoridades y algunos periodistas de los Estados Unidos– y peligroso del mundo.

Es legendaria la historia del millón de dólares que pagaban mensualmente los hermanos Arellano Félix en la década de los noventa para evitar ser detenidos. Aunque la cifra podría quedarse corta, considerando que a un solo General del Ejército en Baja California, le ofrecieron esa misma cantidad. El emisor, otro General, aún está en prisión.

Cuando en Tijuana detuvieron a Luis Felipe Ramírez Vázquez, “El Güero Camarón”, elementos de la milicia le confiscaron una libreta donde solía inscribir el nombre de los policías y la cantidad de dinero que de manera sistemática les entregaba por el cumplimiento de tareas diversas que incluían entre otras: proteger el trasiego de droga, proveer información sobre operativos para la detención de miembros del cártel Arellano y de la célula de Teodoro García Simental. Custodiar con patrullas el tránsito de los miembros de la mafia, retirar la supervisión preventiva de la policía de zonas donde se cometería un secuestro o una ejecución. Alertar.

Los montos destinados a los policías y a los custodios –muchos de ellos plasmados en expedientes en poder de la Procuraduría General de la República– no son cosa de otro mundo ni cifras estratosféricas en su individualidad. 200 dólares a unos, cinco mil pesos a otros. De tres mil dólares mensuales cuando se trata de subjefes y hasta cinco mil en el caso de los jefes de grupo. La suma de ellas, es el precio de la impunidad en México para matar, para contrabandear, secuestrar y amenazar.

De la debilidad de la tropa por el dinero sucio el gobierno tiene conocimiento hace años. Y de la falta de medidas para contrarrestar este fenómeno tenemos conocimiento todos los mexicanos y particularmente aquellos que desde la ilegalidad, se aprovechan de esta anemia institucional.

Alfredo Castillo Cervantes tuvo ciertas ventajas y condiciones para reaprehender a “El Coqueto”: un pequeño grupo de policías que actuaron con la lógica de una investigación criminal, y un delincuente pobre sin estructura criminal.

Felipe Calderón Hinojosa no ha tenido la capacidad para cambiar aquello que le permite a “El Chapo” continuar prófugo después de once años de fugarse de prisión: la corrupción en las corporaciones policíacas. El crecimiento en el negocio de la droga. La acumulación de riqueza producto del narcotráfico.

Si las autoridades federales se sujetaran a crear las condiciones para el estricto cumplimiento de la Ley. Otra situación viviríamos.

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Adela Navarro Bello

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