MÉXICO, D.F., 6 de marzo (apro).- En el quinto año de la guerra contra el narcotráfico, fueron masacradas al menos 43 personas ajenas al conflicto, informó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Al rendir su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión solemne, el presidente de la CNDH expresó su preocupación por el incremento de reportes de violaciones a las garantías fundamentales recibidas por el organismo, que en 2011 sumaron 29 mil 439 escritos de queja.
Entre las autoridades más denunciadas por violaciones de las garantías individuales destaca, por segundo año consecutivo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con mil 869; el Instituto Nacional de Migración (INM) con mil 399 quejas; la Policía Federal, con mil 150 menciones; la PGR, mil 140; y la Secretaría de Marina, 534 denuncias.
En el año que concluyó, Plascencia informó que se abrieron 182 expedientes por desapariciones, en tanto que fue un año “difícil” para periodistas y defensores de derechos humanos.
En ese último punto, el ombudsman reconoció que la oficina encargada de atender las quejas de agravios contra periodistas y defensores, registró 158 quejas, de las cuales 98 corresponden a periodistas y 59 a defensores, reportes que representaron 42% y 23% de incremento, respectivamente, con respecto al año precedente.
En contraste con el aumento de las violaciones a derechos humanos por servidores públicos, Plascencia elogió la labor de los legisladores por la reforma constitucional, que en el fondo es el resultado “del reclamo de una sociedad preocupada por erradicar las violaciones a derechos humanos, reflejadas en innumerables casos de arbitrariedades a cargo de servidores públicos que excedieron todos los límites jurídicos y sociales”.
Plascencia Villanueva resaltó que en 2011 emitió 98 recomendaciones, y destacó que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Comisión Nacional de Agua, y los ayuntamientos de Benito Juárez, Quintana Roo; Chilpancingo y Metratlónoc, en Guerrero han incumplido dichas recomendaciones.
El ombudsman declaró que solicitará al Senado que llame a comparecer al titular de la Conagua, José Luis Luege Tamargo, por su reincidencia en negarse a acatar las recomendaciones formuladas por el organismo.
Explicó que en 2010 la Conagua rechazó una recomendación por la contaminación con desechos tóxicos del río Santiago, en Jalisco, lo que provocó la muerte de un menor.
En 2011, Luege Tamargo tampoco aceptó otras dos recomendaciones por verter aguas residuales de Jonuta, Tabasco al río Usumacinta y por el desbordamiento de ríos en ese mismo estado. En el primer caso se afectó a 5 mil 710 personas y en el segundo, a 130 mil
Plascencia Villanueva informó que a partir de una investigación de la CNDH en los centros de mención, se identificaron dos mil 565, derivados de la “sobrepoblación y hacinamiento, así como mal estado de sus instalaciones y falta de controles de seguridad”.
En el año que concluyó, señaló el funcionario, la CNDH presentó informes especiales sobre migrantes, sobre cateos y allanamientos por corporaciones policiales y fuerzas armadas, uno más sobre las condiciones en la zona carbonífera de Coahuila.
Plascencia Villanueva anunció que en breve dará a conocer las conclusiones finales de la investigación sobre graves violaciones a derechos humanos ocurridos en Chilpancingo, Guerrero, a partir de la represión policíaca contra estudiantes de la normal rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, acontecimientos en los que murieron tres personas, dos jóvenes, por impactos de bala, y un trabajador por intentar apagar una bomba de gasolina.
