Después de casi un año de contradicciones, silencios, omisiones y hasta de actitudes que parecieran olvidadizas tanto del lado de Estados Unidos, como del mexicano, un panel legislativo anunció que este 2 de febrero se reabre el caso del operativo “Rápido y Furioso”.
El procurador general de Estados Unidos, Eric Holder, finalmente comparecerá ante el Congreso para detallar su responsabilidad en el operativo que permitió el trasiego de armas a México y que podrían haber llegado a manos de grupos de narcotraficantes.
Y si bien la investigación está enmarcada en el escrutinio republicano en pleno año electoral, es cierto que los operativos sobre armas y después sobre lavado de dinero que Estados Unidos ha realizado en nuestro país, con la supuesta intención para detectar criminales, colocan a México en una posición de total debilidad frente a su socio en el combate contra el narcotráfico.
El presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrell Issa, aclaró que Holder será interrogado por los legisladores sobre las “deficiencias administrativas” que cometió el departamento de justicia con motivo del operativo.
Holder ha mantenido, en sus múltiples apariciones, que él no aprobó el controversial camino del armamento que permitió que miles de armas fueran compradas por sospechosos de pertenecer a los cárteles. Incluso, junto con el presidente Barack Obama, han prometido que detendrán a los responsables por la decisión. Y aunque en el verano dos altos funcionarios del ATF fueron reasignados, y el de Arizona renunció, no hay todavía una respuesta o aclaración sobre el tema.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, y su grupo de colaboradores en la lucha contra el crimen también mantuvieron silencio sobre el operativo. Todos negaron el tema diciendo que nadie les había avisado que hubiese un operativo de este tipo. Aún cuando en alguna de las audiencias del comité participantes del lado estadounidense señalaron que las autoridades mexicanas estaban enteradas de la operación, nada ha sido confirmado o negado todavía.
Es muy poco lo que ha trascendido de este lado de la frontera e incluso el mismo Calderón llegó a comentar en su momento que se enteró del operativo por la prensa y que no pensaba hacer reclamos porque entendía que la operación se había vuelto parte de una contienda electoral interna en los Estados Unidos. Por supuesto que pensó que calladito, al igual que el presidente Obama o que Holder, se vería más bonito. Y por mantener su línea diplomática, hizo a un lado pensar en los 60 mil muertos que van durante su administración en la lucha contra el tráfico de drogas o en el sentimiento de vulnerabilidad que afecta a los mexicanos. También de este lado del Rio Bravo habrá elecciones y quien llegue al poder tendrá que ver de qué manera afronta la situación de la producción, transportación y consumo de las drogas en México o de la participación de México y Estados Unidos en la Iniciativa Mérida.
Sin embargo, aún en el marco electoral estadounidense, el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, Darrell Issa, citó a Holder a comparecer para explicar fallas del operativo y su nivel de responsabilidad en el mismo.
Muchos acusan a Issa de politizar las pesquisas y buscar anotarse puntos, en vez de enfocarse en hacer reformas a las leyes de control y supervisión de armas para evitar su venta en México. Pero lo cierto es que ha insistido en la investigación y el pasado 8 de diciembre, ante el Comité Judicial, Holder comenzó a hablar. Reconoció en forma pública que el Departamento de Justicia ofreció al Congreso información imprecisa sobre la operación y acepto que él tiene la responsabilidad por el fracaso del operativo.
Aunque el mismo Holder aseguró en su momento que las imprecisiones no fueron intencionales, sino resultado de errores en la verificación de la información inicial que sirvió de base para las misivas enviadas a congresistas, el funcionario ha sido atacado por los legisladores republicanos y se le está pidiendo que hable, que rompa el silencio.
¿A quién encubre Eric Holder? ¿Por qué México no hace un reclamo formal? ¿Por qué todos tan calladitos? ¿Por qué el presidente Felipe Calderón pierde el control contra ciudadanos que quieren demandarlo ante una corte internacional y no se enoja o molesta de la misma manera cuando se trata de reclamar a Estados Unidos por tener operativos que sabotean su estrategia contra el tráfico de drogas?
“Rápido y Furioso”, el operativo que permitió la entrada de más de dos mil armas a México, no ha sido el único de este estilo. En noviembre pasado se dio a conocer la existencia de “Receptor Abierto” en el que 350 armas entraron de 2006 a 2007 a México durante el gobierno del hoy ex presidente George W. Bush.
Veamos que dice Holder y que consecuencias tiene en el marco electoral, pero lo que más nos importa a los mexicanos es como esto se vincula con la Iniciativa Mérida y la lucha contra el narcotráfico después de que en ambos países, unidos por el Río Bravo, sean electos nuevos gobernantes. El gran artífice de la lucha contra las drogas deja el poder a finales de este año, y habría que ver si su socio Obama se queda en el poder.
Tanto el Congreso de Estados Unidos como el mexicano han pedido respuestas sobre el operativo “Rápido y Furioso”. Ni en México, ni en Estados Unidos ha habido respuestas y esto abre siempre la ventana a las especulaciones. Si creen que calladitos se ven más bonitos, sólo queda pensar que están protegiendo intereses y eso podría saberse muy pronto.
