La alianza de priistas y panistas logró sacar adelante una reforma política que busca grandes transformaciones sin resolver los resabios de desconfianza que han subsistido en nuestros instrumentos electorales.

La creación del Instituto Nacional de Elecciones acompañado de un intento de recentralización de la supervisión electoral, medida instrumentada al no lograrse la concentración total y la desaparición de los institutos locales, no parece una buena noticia.

El poder de los gobernadores dentro de muchos institutos electorales no se verá frenado con una medida intermedia. Si los mandatarios estatales tuvieron capacidad para defender sus órganos electorales, la tendrán para cabildear ante los consejeros del INE, que seguramente responderán a cuotas partidistas.

Resulta un retroceso que pueda pensarse que el centralismo es más efectivo que el federalismo. Si el pacto federal ha derivado en un nuevo feudalismo político, sobre todo en los dos sexenios presidenciales panistas, ello se debe a que los viejos mecanismos de control corporativo del priismo no lograron ser sustituidos por una nueva legalidad.

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, por distintas razones, se replegaron frente a los gobernadores priistas y les permitieron la creación de baronías en sus territorios. Sin el control político extra constitucional de los mandatarios priistas, las leyes no escritas, pero tampoco sin redefiniciones normativas, el país se centrifugó en términos de control y coordinación institucional.

No es remoto pensar que allí radiquen muchas de las explicaciones a las circunstancias de ingobernabilidad que hoy se aprecian a lo largo y ancho del territorio nacional.

Sin embargo, el remedio a esa laxitud no parece encontrarse en el pasado, con una vuelta a los controles centralistas que ya probaron su fracaso desde el siglo XIX y que lo único que harán será incrementar la cantidad de manifestantes que fatigan la capital, con marchas y bloqueos derivados de problemas que ni les van ni les vienen a los habitantes de la ciudad de México.

Abrir la posibilidad de que el INE atraiga elecciones de jurisdicción estatal, completas o en parte, al mismo tiempo que se abre el expediente de la reelección de legisladores y alcaldes, establece una combinación explosiva.

A fin de cuentas, serán las cámaras  federales, integradas por legisladores de todas las entidades del país con derecho a reelección, las que intervendrán en la integración de la nueva autoridad electoral. Esa injerencia, ya en estos momentos previos a la reforma, ha contaminado al órgano electoral y no se ve como pueda ser evitado ese problema, máxime ahora que se incremente la codependencia entre el Poder Legislativo y este nuevo Poder Electoral.

El entusiasmo del PAN, o una parte de él, con la concentración de la jurisdicción electoral en un órgano centralizado, se entiende sobre todo por lo mismo por lo que Gustavo Madero está convertido en el más aguerrido defensor del Pacto por México: porque le da un manejo discrecional a la dirigencia en la interlocución con el nuevo órgano, lo que derivará en poder sobre los candidatos y militantes del partido.

La falta de precisión en las atribuciones del nuevo organismo, tal y como se vislumbra hasta este momento; así como la indefinición jurisdiccional constituyen puertas al cabildeo de los actores políticos con protagonismo nacional, sobre todo las direcciones partidistas.

Así, tanto en el nivel de los ciudadanos y su participación electoral, como en el de los partidos y los derechos político electorales, la reforma que se cierne en estos días significará una expropiación de derechos y de espacios a favor de las burocracias partidistas y de los legisladores, quienes con la reelección acumularán más poder que nunca.

Hasta ahora, no se ha visto un reclamo popular que pida la reelección de legisladores o alcaldes. Se trata más bien de un planteamiento de la clase política que nos pretenden vender como logro democrático.

Víctimas de la ineficacia de sus gobernadores y alcaldes, quienes cada vez más carentes de recursos financieros y políticos, se resignan a perder espacios frente a los poderes de hecho; ahora los ciudadanos verán como se entronizan nuevas burocracias legislativas y electorales que les harán más complicada la de por si precaria libertad de elegir.

La de estos días, todo apunta a ello, es una contrarreforma perpetrada por una alianza de políticos que privilegiaron el reparto del poder para sí y cerraron su redistribución a la sociedad. Con todas las consecuencias que eso conlleve.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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