Río de Janeiro, 5 dic (dpa) – Reclusos en penales del estado brasileño de Sao Paulo suelen sostener largas conferencias por teléfono celular, en las que debaten el tráfico de drogas y la forma de invertir el dinero obtenido ilegalmente, según informaciones de investigaciones secretas policiales reveladas hoy por la prensa.
Según el diario Folha de Sao Paulo, que obtuvo acceso a los informes elevados por la Policía Federal a la Justicia, las conferencias semanales se desarrollaron entre octubre de 2010 y mayo de 2012, cuando se inició la investigación sobre el tráfico internacional de drogas bautizada de “Operación Leviatán”, que se tradujo hasta ahora en denuncias contra 25 personas.
El reportaje afirma que las grabaciones de los contactos entre presos y delincuentes que seguían en libertad no revelan planes para asesinar policías ni tampoco para poner en marcha la ola de ataques criminales iniciada en octubre en Sao Paulo, y que dejó hasta ahora un saldo trágico de más de 400 muertos.
El rotativo afirma que una de las conferencias, realizada el 10 de febrero del año pasado entre dos integrantes de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) arrestados en el penal de Presidente Venceslau, en el interior de Sao Paulo, y tres delincuentes que estaban en libertad, se prolongó en total por 12 horas.
Durante este período, los reclusos orientaron a sus colegas sobre la compra y venta de drogas en Paraguay y Bolivia, sobre el envío de marihuana y cocaína para Sao Paulo y para otros estados brasileños y la forma de invertir el dinero recaudado.
Según Folha de Sao Paulo, las interceptaciones telefónicas, realizadas por los agentes federales con autorización de la Justicia, se concentraron en el penal de Presidente Venceslau, donde se concentran muchos de los jefes del PCC, la organización apuntada como responsable de la escalada de violencia en Sao Paulo.
La Secretaría de Administración Carcelaria de Sao Paulo se abstuvo de confirmar o desmentir las informaciones del reportaje, y se limitó a informar que, entre enero y agosto pasado, decomisó 8.335 teléfonos celulares que estaban en poder de reclusos o que serían ingresados en los penales por visitantes.
Además, afirmó que se han realizado pruebas con bloqueadores de señal de celulares en las áreas donde están ubicados penales, pero que hasta ahora no se ha encontrado una forma de impedir con eficiencia el uso de estos aparatos por los presos.
