El próximo 6 de noviembre se instalará la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, que tendrá como objetivo dar seguimiento a los planes del poder Ejecutivo en la materia. La principal innovación es la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación que reemplazará las funciones del antiguo Conacyt. Para ello la Cámara baja ya tiene en sus manos el proyecto presentado por la Presidenta para modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

En un primer momento del análisis parecería una excelente idea el elevar a rango de Secretaría el impulso a la ciencia y la tecnología. También parece un gran proyecto el lograr la soberanía científica e independencia tecnológica de México.

El problema es que todo queda en pronunciamientos demagógicos. Aunque el régimen que hoy gobierna – que se ve a sí mismo como continuador del proyecto de país del ex Presidente López Obrador – ha hablado de la importancia de la innovación, no hay realmente un compromiso para transformar de manera radical la política científica y tecnológica.

La propia presidenta ha dicho que no aumentará de manera significativa el presupuesto de la nueva Secretaría. Como sabemos, una iniciativa a la que no se le financia apropiadamente no es un proyecto prioritario. En términos puramente contables se entiende la reticencia del gobierno para no financiar como se debe a la ciencia y la tecnología. Después de todo la administración pasada incrementó significativamente la deuda de la hacienda pública, dejando muy poco margen de maniobra al gobierno actual.

No hay una crítica a la actuación del gobierno pasado en materia de apoyo a la ciencia y la tecnología, que disminuyó el presupuesto al Conacyt de poco más de 34 mil millones de pesos en 2018 a poco más de 33 mil millones de pesos en 2024, sin contar el efecto inflacionario.

Aunque por ahora no se habla de cosas absurdas como “la ciencia neoliberal”, que utilizó retóricamente la última directora del Conacyt, el hecho de que no se critique el daño que se le causó a la institución no augura nada bueno.

En el decreto que se propone para modificar la Ley Orgánica en la materia se planea que la nueva Secretaría – junto con la Secretaría de Educación Pública – coadyuven a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgue estímulos fiscales para el desarrollo de la investigación. Habrá que ver en qué consistirán y si son de tal magnitud que promuevan la participación del sector privado en un grado superlativo.

No parece activar el optimismo el hecho de que tampoco haya una crítica al hecho de que en el pasado sexenio el gobierno se apropió de recursos de fideicomisos administrados por el Conacyt destinados a la ciencia y la tecnología. 

No obstante todo esto, esperemos que en el Congreso se lleve a cabo una discusión seria que permita hacerle mejoras al decreto presentado por el Ejecutivo. Lo primero que habría que hacer es que las dos Cámaras exijan un aumento significativo del presupuesto federal al fomento de la ciencia y la tecnología. Ya basta de austeridad para la ciencia en México.

Gustavo de Hoyos Walther

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Abogado y empresario. Ha encabezado diversas organizaciones empresariales, comunitarias, educativas y filantrópicas. Concentra su agenda pública en el desarrollo de líderes sociales (Alternativas por México), la participación ciudadana en política (Sí por México) y el fortalecimiento del estado de derecho (Consejo Nacional de Litigio Estratégico).

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