Aunque su necesidad es indiscutible, los mecanismos participativos son un complemento de la democracia representativa, nunca un sustituto. Por eso en los países donde opera se han diseñado numerosos controles para evitar que un gobernante o partido abuse de éstos.
Ejemplo de lo arriba planteado es requerir de un porcentaje mínimo de la población para solicitarlos y un umbral de participación para hacer su decisión vinculante. También se restringen temas como derechos humanos o cuestiones económicas. De especial cuidado es la formulación de la pregunta, de tal forma que no sólo se puedan establecer alternativas claras con el “sí” o el “no”, sino también se evite inducir una respuesta. Finalmente, los poderes judiciales suelen tener la última palabra sobre la constitucionalidad o no de las preguntas que se presentan en estos ejercicios.
Tal y como se escribió en este espacio el 13 de agosto pasado, los partidos de oposición se apresuraron a presentar sus preguntas a consultarse en 2015 frente al hecho de que carecían de una plataforma distinguible al PRI por haber postergado la negociación del Pacto por México hasta poco antes de irse el año electoral. También se dijo que en el caso de las preguntas que presentaron PRD y Morena, se veían oportunidades perdidas de la izquierda para definir sus posturas en materia energética más allá del kitsch patriotero y de monografía.
En los últimos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró improcedentes e inconstitucionales las propuestas de consulta presentadas por el PRI (reducción de diputados plurinominales y eliminación de los senadores por esa categoría), PAN (salario digno), PRD y Morena (reforma energética). ¿Qué lecciones podríamos extraer de esto?
La Suprema Corte de Justicia mostró ser un contrapeso eficaz
Más allá de los bufes y reclamos por parte de algunos políticos y comentadores por el rechazo a las consultas que les eran afines, la Suprema Corte de Justicia tuvo las herramientas para declarar la inconstitucionalidad de preguntas que en realidad eran parciales e incluso inducían respuestas.
¿La mayoría fueron rechazadas por afectar los ingresos y egresos del Estado? Claro, y eso es lo que se gana por apostarle al estatismo. ¿La del PRI era inconstitucional por tocar temas electorales? Eso era evidente desde el momento que la presentaron.
Sin embargo es seguro afirmar que la intención de los partidos no era ganar la aprobación de las reformas que planteaban. Los cuatro necesitaban mostrar el músculo político suficiente para reunir las firmas que la ley requería, y ninguno se iba a quedar atrás en ese tema sin importar qué propusieran.
Todavía más, quizás convenía a los partidos que la Suprema Corte les rechazara sus preguntas. ¿La razón? La ley prohíbe a los partidos hacer campaña en torno a las preguntas que lleguen a ser sujetas a consulta, por lo cual el INE sólo divulgaría los elementos del debate.
Es probable que el PRI no tenía necesidad de enarbolar la reducción de los pluris, salvo para no mostrar debilidad al movilizar adhesiones. Posiblemente el PAN erró en un tema que en el fondo lo enajena más de sus bases de apoyo (¿se imaginan a todos los trabajadores del Estado que tienen créditos del Infonavit descubriendo que sus tasas de interés se fueron por las nubes gracias a la ocurrencia de aumentar el salario mínimo?). Pero la izquierda ciertamente se quedaría sin una bandera importante e 2015 si se hubiesen aprobado sus preguntas. Es más, el rechazo de la Suprema Corte fortalece el discurso conspiratorio de López Obrador, toda vez que en abril anunció que su planteamiento sería rechazado.
La Suprema Corte tuvo las herramientas suficientes para detener las preguntas de los partidos bajo argumentos técnicos, por más deficientes que eran los planteamientos de los partidos. Esto nos lleva a la siguiente lección.
¿Qué se debería reformar en el futuro?
Si bien los poderes judiciales son un control importante, no existen disposiciones respecto a una evaluación técnica de las preguntas que se sujetarían a consulta. Por ejemplo, se necesita definir claramente lo que pasaría con un “sí” o un “no”. Y una pregunta neutral, que no induzca a respuesta, es necesaria si no queremos manipular al votante.
El problema es que salvo la del PRI, las preguntas del PAN, PRD y Morena no eran claras. ¿Había una consideración clara sobre los efectos de aumentar el salario mínimo con el marco legal vigente? Aunque la pregunta del PRD pedía ratificar o no las reformas, no habla sobre qué decisión se debería tomar si se rechazaban, o bajo qué lineamientos debería decidir una nueva reforma constitucional la futura LXIII Legislatura. Y la de Morena pretendía ignorar que aun con el marco legal vigente agentes privados pueden tener contratos o concesiones con Pemex.
Frente a esto, lo más prudente sería dotar al INE de la facultad para armar consejos técnicos que califiquen las preguntas y, en su caso, puedan replantearlas. Los partidos podrían decidir si con esa restricción insisten o no en promoverlas.
¿Qué esperar en el futuro?
Con lo polémicas que hayan podido ser para algunos, las decisiones de la Suprema Corte servirán de antecedente para lo que pueden o no presentar los partidos para preguntas, lo cual mejorará las tácticas de los institutos políticos. Esto es algo muy importante para el funcionamiento de nuestra democracia.
Por lo demás, cabe revisar algunos argumentos de los partidos y distinguir la retórica de los reclamos válidos.
¿Qué no se consultó a la ciudadanía en el proceso de reforma energética? Si un partido dice esto, sólo reconoce su incapacidad para recoger las demandas de los grupos que constituyen sus bases de apoyo, por lo menos. No se diga de la capacidad que haya tenido para modificar a nombre de éstos las propuestas del ejecutivo.
¿Debemos tener la libertad para establecer consultas? Desde luego, pero la experiencia en otros países ha mostrado que terminan siendo una herramienta de gobiernos autoritarios para manipular a sus bases y desentenderse de decisiones fallidas.
¿Se pueden presentar iniciativas con la misma carga demagógica que las preguntas? Sin duda. Pero el proceso legislativo está diseñado para detener las propuestas más nocivas, desde el hecho de que se les puede “congelar” hasta el reconocimiento de que sólo pasan aquellas que tienen el apoyo mayoritario del órgano legislativo.
En todo caso, vimos que con sus bemoles las instituciones que se diseñaron en torno a las consultas funcionaron bien.
