Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).– Diputados y senadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron como “hipócrita” la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto para crear la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, porque consideraron que es contradictorio que por un lado pretenda impulsar el desarrollo nacional por decreto, mientras que en los hechos, la cascada de impuestos de su Reforma Fiscal frena el crecimiento económico.

Para los legisladores del blanquiazul, la iniciativa enviada esta semana a la Cámara de Diputados, para cumplir con el siguiente paso de la reforma a los artículos 25 y 26 constitucionales, pareciera impulsar la competitividad por “arte de magia”, sin tomar en cuenta otros factores necesarios para el crecimiento sostenido como son: combatir la corrupción, reducir el gasto público y fortalecer a la micro y pequeñas empresas.

“Se me hace una actitud un poco hipócrita de establecer una ley que proteja la competitividad cuando tenemos encima de nosotros una cobija roída que está impidiendo que crezca la economía, que es la reforma fiscal que se aprobó [el año pasado], que viola el principio de competitividad”, afirmó el Diputado panista Carlos Angulo Parra, integrante de la Comisión de Economía, en entrevista para Sin Embargo.

Para el Senador Ernesto Ruffo Appel, presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte, es sorprendente “que el Presidente esté hablando de una Ley de Competitividad, cuando su política de gobierno está diciendo exactamente lo contrario”.

El legislador consideró que la iniciativa presidencial “no atora el toro por los cuernos”. Por el contrario, dijo, en la práctica el gobierno de Peña no favorece el espíritu de la competitividad, sino el del rancio corporativismo priista.

“Por eso se han dado esas reformas, pero no por interés de impulsar la competitividad, sino por una vil razón de que no puede mantener el gobierno a ese ‘ogro filantrópico’ que dijo Octavio Paz. Porque ellos quieren continuar esa política, porque la manera del PRI [Partido Revolucionario Institucional] de manejar la política es la ‘feudal dádiva’ de tener controlados a los más necesitados con subsidios”, afirmó el legislador panista.

En el cuerpo de la iniciativa presidencial se reconoce como “un hecho inobjetable”, que el crecimiento de la economía “ha sido insuficiente” para potenciar el bienestar de los mexicanos y combatir los niveles de pobreza y rezago social.

Según datos del Banco Mundial, entre 1980 y 2013 la economía mexicana creció en promedio de 2.4 por ciento, prácticamente la mitad del promedio de las economías emergentes que fue de 4. 5 por ciento.

El crecimiento de México estuvo por debajo de otras economías como la de Corea, que creció a un ritmo de 6.5 por ciento; China, que lo hizo en 9.9 puntos porcentuales; o de otras economías latinoamericanas como Chile, que creció en promedio 4.7 o Colombia con 3.6 por ciento.

OBJETIVO DE LA INICIATIVA

Ante esta realidad, el 5 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 25 y 26 constitucionales para reconocer la obligación del Estado de promover la competitividad.

Para dar viabilidad a este mandato, el Ejecutivo generó la iniciativa para crear la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, a fin de establecer los lineamientos de las políticas públicas que impulsen la competitividad y la productividad.

Establece que la Administración pública debe diseñar e implementar una política nacional de fomento económico, con diferenciación de regiones y sectores sociales.

Estas políticas deberán incluir la participación de empresas, trabajadores e instituciones académicas en su formulación y seguimiento. Además, deberá emitir recomendaciones sobre acciones específicas para mejorar la competitividad y la productividad. Así como mecanismos de información y rendición de cuentas.

En el ámbito de capital humano, deberá procurar la elevación de la inversión en capacitación laboral, formación de competencias de los emprendedores y trabajadores, así como establecer mecanismos que incrementen la producción laboral.

En cuanto a la actividad empresarial, impulsa la generación de un ambiente laboral propicio para el crecimiento del sector privado productivo y competitivo, así como la integración de cadenas productivas mediante el establecimiento formal y operativo de nucleos productivos, los llamados clusters.

No obstante, legisladores panistas observaron serias deficiencias en la iniciativa, la principal es que pretende fomentar la competitividad sin atacar otros factores que la frenan.

“Se ve que la Ley tiene buenas intenciones, pero va a ir directo al closet de múltiples disposiciones legales de muy buena voluntad y de buenas intenciones, que pretenden generar políticas públicas que nunca se cumplen”, afirmó el Diputado Carlos Angulo.

Agregó que México seguirá promoviendo este tipo de leyes plagadas de eufemismos que en realidad no sirven para reactivar la economía, mientras no exista una profunda reforma al sistema económico nacional con una visión de Estado. “Suena muy bonito es un catálogo de buenas intenciones, ojalá se puedan cumplir, pero lo primero que tienen que hacer es quitar esa reforma fiscal nefasta que generaron”, dijo.

Por ejemplo, la Reforma Fiscal impone tasas de entre 30 y 32 por ciento en el cobro del Impuesto Sobre la Renta (ISR), más el 10 por ciento de dividendos; mientras que para las empresas el cobro de ISR se eleva hasta tasas del 40 por ciento, uno de los niveles más altos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Para Acción Nacional es necesario establecer una contrarreforma fiscal que imponga tasas que ronden entre el 25 y el 28 por ciento, de forma generalizada. La iniciativa panista establece un primer paso, para bajar la tasa máxima del ISR para personas físicas y morales al 28 por ciento.

De otra forma, advierte el Diputado Carlos Angulo Parra no habrá condiciones para que la economía se desarrolle si no se le devuelve a la ciudadanía la solvencia financiera para que por ella misma genere desarrollo, porque el Gobierno no puede generarlo.

“El gobierno quiere muchos recursos para repartirlos en clientelas electorales, para repartirlos en prebendas políticas, en burocracias, generando deudas públicas exponenciales. Tenemos que bajar la economía hacia el ciudadano, que es el único que genera economía, el gobierno no genera economía, es el ciudadano el que lo hace”, agregó el legislador por Chihuahua.

MÉXICO, MAQUINA GENERADORA DE POBRES

La iniciativa presidencial sostiene que a pesar de que en México se han impulsado “programas innovadores” para mitigar la pobreza y aumentar las inversiones, la realidad es que la incidencia entre las familias mexicanas es la misma que hace 20 años.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) el porcentaje de la población en condición de pobreza patrimonial se ubicó en 53.1 por ciento en 1992, mientras que para el 2012 se ubicó en 52.3 por ciento.

Para el Senador Ernesto Ruffo, ex Gobernador por Baja California, ha regresado a México la visión corporativizada de gasto público.

“Es bien curioso, por ejemplo, pues con todos esos asuntos apremiantes del ingreso público que se está cayendo -por eso su urgencia de recaudar más-, pero ¿por qué no reducen gastos? Que no afecten las necesidades sociales sino las estructuras corporativas gubernamentales, cuestiones sindicales”, detalló el legislador.

Explicó que es urgente concretar una Reforma Fiscal que promueva la inversión y la competencia, que genere empleos y fortalezca la competitividad en el país. Pero también es imperativo que el gobierno federal reduzca el gasto público a su máxima expresión.

Respecto a la iniciativa, consideró que nunca será eficiente pretender generar desarrollo económico por decreto presidencial, mediante iniciativas que se ven muy bien en el papel, pero que carecen de mecanismos que permitan ponerlas en práctica.

“Estas cosas no se legislan, se hacen. Son prácticas de política económica”, sostuvo el Senador Ruffo.