De acuerdo con cifras del Inegi, en México existen 11.9 millones de mujeres que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena, pero activistas y defensoras acusaron que el Gobierno federal no ha reconocido plenamente los derechos y demandas particulares de este sector de la población.
Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).– En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) exigió a las tres órdenes de Gobierno a no simular el cumplimiento de sus derechos y tomar acciones concretas para su garantía en materia de salud, educación, acceso a la justicia, derechos lingüísticos, entre otros.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México existen 11.9 millones de mujeres que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena; a pesar de ello, la Asamblea indicó que no existe un avance claro en programas y políticas públicos que atiendan específicamente las demandas y necesidades de mujeres indígenas.
El llamado de las mujeres indígenas, originarias de diversas comunidades y estados, a una promoción íntegra de derechos en temas como salud, educación, participación política, entre otros, también se produce a dos semanas de cumplirse un año de que se entregó al Presidente Andrés Manuel López Obrador una Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano, misma que no ha sido presentada por el Poder Ejecutivo para su avance legislativo.
La doctora Paloma Bonfil Sánchez, integrante de la ANPMI y exconsultora de ONU Mujeres y Unicef, consideró que la administración federal ha caído en una simulación de reconocimiento de los pueblos indígenas y sus derechos, pero no ha trazado un plan para eliminar la invisibilización de este sector de la población, ni ha sabido reconocer las necesidades particulares de las mujeres indígenas en México.
“El principal reto es superar la simulación. Tenemos como leyes marcos normativos que reconocen los derechos de las mujeres indígenas, pero no los estamos plasmando en políticas públicas, y pensar que las mujeres indígenas están atendidas con las políticas para mujeres es invisibilizarlas, o pensar que las necesidades las demandas y los derechos de las mujeres indígenas quedan garantizados con políticas asistenciales hacia los pueblos indígenas, es invisibilizar sus propias desigualdades y además sus propias demandas”, expresó al respecto.
Según la investigadora, es necesario que se reconozcan las demandas particulares de las mujeres indígenas, puesto que las medidas de género que actualmente se han implementado en políticas públicas no consideran las particularidades de las mujeres pertenecientes a pueblos indígenas, ni aquellos normativas y programas dirigidos a atender a pueblos indígenas como una unidad.
“Tenemos un discurso de los derechos de los pueblos indígenas como si fueran una unidad, pero necesitamos reconocer que hay contradicciones, que no todas las medidas llegan a la gente de la misma manera y que las mujeres exigen espacios donde se reconozcan sus violencias específicas, sus demandas específicas y sus propuestas”, ahondó, y recordó que no en todas las comunidades existe una participación o reconocimiento igualitario de las mujeres en la toma de decisiones para sus pueblos.
Por su parte, Larisa Ortiz Quintero, mujer nahua y Magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, también enfatizó la importancia de que los gobiernos tengan una perspectiva intercultural que considere el ser indígena para la creación de políticas públicas y programas sociales.
En primer lugar, recalcó la necesidad de que existan datos oficiales claros sobre cuántas mujeres indígenas hay en México, independientemente de que hablen o no una lengua indígena.
“Existe una invisibilidad que no se ha superado por parte del Estado. En lo que nosotros insistimos es que [el Gobierno] tiene que voltear a identificar cuántas mujeres indígenas existen en nuestro país, así como reconocer las capacidades, habilidades y los conocimientos que tienen”, remarcó la funcionaria.
La Magistrada acusó al Estado mexicano de reproducir un sistema de discriminación hacia las mujeres por no reconocer sus capacidades para poder ocupar espacios de toma de decisión, y al no considerar otros procesos democráticos como las asambleas y consejos realizados por pueblos indígenas a un nivel comunitario.
“Como integrantes de pueblos y comunidades indígenas, estamos acostumbradas a que las elecciones sean a través de asambleas, de procesos colectivos, en donde se resalta el perfil también de las mujeres. No es sólo un derecho individual, es un derecho colectivo de los pueblos, proponer a las mujeres que mejor representen las agendas y los intereses de los pueblos y de las comunidades”, nombró como grandes retos para la garantía de derechos de las mujeres indígenas en materia de participación política.
Sin embargo, Ortiz Quintero recordó que la presencia actualmente de mujeres indígenas en puestos de los tres poderes de Gobierno –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– es “escasísima”, y lamentó que particularmente en el Poder Judicial exista una escasez de oportunidades para que mujeres indígenas se integren.
Resaltó organizaciones como la Red Nacional de Mujeres de Abogadas Indígenas, que tiene presencia en 25 de las 32 entidades federativas, pero quienes aseguró que no están en la mira de los gobiernos para interlocución y la creación de políticas públicas.
“Nosotras partimos de que las mujeres indígenas estamos en una situación en general de triple opresión con situaciones interseccionales que no se toman en cuenta a la hora de establecer políticas públicas, no se toma en cuenta que si ser mujer es difícil, ser mujer indígena lo es más: si tienes una condición de pobreza extrema donde no has tenido la oportunidad de ir a espacios escolarizados para tus conocimientos y tu formación, si a eso le agregas que a lo mejor te identificas con una diversidad sexual diferente a la heterosexual, si tienes una discapacidad… no es un obstáculo el que hay que brincar, son diversos obstáculos”, detalló.
La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas finalmente hizo un llamado a que las autoridades promuevan el acceso de las mujeres indígenas a conocimientos y herramientas que les permitan incursionar más en espacios de toma de decisiones y cargos de elección popular; crear una política pública articulada que garantice los derechos lingüísticos en el ámbito de la Justicia; otorgue presupuesto para la creación de la Universidad de Lenguas Indígenas; respete los territorios indígenas frente a los megaproyectos como el Tren Maya, entre otras demandas.
