Cuenta Luis Castaño en su libro El Régimen Legal de la Prensa en México, Porrúa, 1962 (el libro es más viejo que yo, pero no conozco nada mejor sobre el tema en 50 años) que en la ciudad de Nueva York, un periódico de la New York Press Company publicó un mapa mostrando las casas de “mala conducta” en la ciudad. Por error, una casa ocupada por personas honorables, o al menos no dedicadas al oficio en cuestión, fue marcada en el mapa en lugar de la casa contigua. La compañía editora del periódico fue condenada a pagar daños. El caso se convirtió en un hito pues quedó establecido que no era necesario el dolo para que hubiese daño. La regla en el periodismo anglosajón y estadounidense es que cada quien publica bajo su cuenta y riesgo, pues si bien el error puede evitar la acción penal y el pago de perjuicios no libra el pago de daños. Por eso en estos países hacen el mejor periodismo del mundo.
En México, los periodistas, y los medios, vamos a dejar de equivocarnos el día que nos cueste. En este país nos ha salido muy barato a los periodistas los errores, incluso cuando la información se produce y se publica con dolo. Si esto existe es, entre otras muchas cosas, porque a la clase política le ha convenido tener una prensa instrumental, presta al golpeteo. Súbitamente, ya en pleno siglo XXI, llegó la preocupación por legislar el derecho de réplica, que si bien está estipulado en la Ley de Imprenta de 1917 y en la de Radio y Televisión de 1960, en la práctica ha sido absolutamente inoperante.
Todo mundo está de acuerdo en que debe existir el derecho de réplica, pero llegar a una ley reglamentaria ha costado mucho trabajo. En el decreto de reforma de noviembre de 2007, en el contexto de una reforma electoral, se le adicionó al artículo sexto, que es el que garantiza la libertad de expresión la frase “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”, pero es fecha que esa ley no dispone nada. La Cámara de Diputados aprobó una propuesta de ley hace año y medio, basada en leyes que ni siquiera están vigentes y el Senado no se ha tomado el tiempo de revisarla. Ahora parece que al fin están interesados en discutirla.
¿El derecho de réplica aplica cada vez que un personaje es mencionado o aludido en una publicación?, ¿quién decide cuando sí y cuándo no?; ¿cuál es la sanción y quién la aplica?; ¿esta ley aplica solo para prensa, radio y televisión, es decir los medios del siglo XX, – igual que la reforma electoral- o también para internet y redes sociales?
El tema es mucho más complejo de lo que parece. Una mala ley puede arruinar los medios, pero también es cierto que una buena ley puede cambiar radicalmente la forma en que se hace el periodismo político en nuestro país.
