¿Qué tienen de similitud estas dos palabras? Sólo las dos últimas sílabas de cada palabra, y que este mes patrio no todo son malas noticias o al menos el tema que abordo esta semana así lo parece.
En primer lugar podemos esgrimir que tanto los partidos políticos como los ciudadanos sujetos a un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral cuentan con la “presunción de inocencia” mientras no exista lo contrario. O en otras palabras más legaloides, se dice que, mientras no existan los medios probatorios que demuestren la responsabilidad en la realización de actos que infrinjan la normatividad en la materia, según lo estableció hace unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante la jurisprudencia 21/2013.
Lo anterior se dio como un acto para refrendar lo que establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que fuera ratificada por el Estado mexicano en el artículo 133 de nuestra Carta Magna. Dicha presunción ha sido invocada sin ningún efecto y en múltiples ocasiones ha sido mal utilizada por las autoridades administrativas según la conveniencia del caso.
Ante tales atrocidades, en el texto de la jurisprudencia aprobado en la sesión pública de la Sala Superior celebrada el 14 de agosto de 2013, se indica que la presunción de inocencia “se erige como principio esencial de todo estado democrático” ya que su reconocimiento favorece la adecuada tutela de los derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso.
“Es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar la instrumentación del derecho sancionador electoral”, se advierte en la jurisprudencia, que es de observancia obligatoria para las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia.
También se agrega que el sistema de imposición de sanciones en materia electoral tiene como finalidad inhibir conductas que vulneren los principios rectores como son legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad, por lo que bajo ningún concepto se pueden castigar a presuntos responsables, sin que se demuestre plenamente que incurrieron en una falta. Sólo esperamos que esta jurisprudencia llegue a los escritorios de los funcionarios, que se den la oportunidad de estudiarla, interpretarla y aplicarla conforme a derecho.
Una segunda gran noticia es la aprobación de último minuto de la Ley de Transparencia misma que parecía por unos instantes que no pasaría y que nos dejaría a los mexicanos en ese estado de inconformidad en cuanto a transparencia y rendición de cuentas se refiere. El Senado ha recibido la reforma que ha sido previamente votada por la Cámara de Diputados, en este sentido debemos advertir que el Ejecutivo federal, como lo he comentado aquí mismo, dejó un candado “por estrictas razones de seguridad nacional” para no abrir cierta información. Esto sin duda se deberá litigar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los mexicanos hemos dado un paso firme en materia de transparencia, ahora la carga se encuentra en las legislaturas de los estados que deberán sin duda alguna aprobar esta reforma para dar paso a la creación de la Ley General de Transparencia y la Ley General de Archivos 180 días después.
Estamos ante la presencia de la creación y dotación de la primera institución “autónoma”, en la cual se vigilará a los tres poderes, se vigilará el dinero público de los sindicatos y sobre todo de los partidos políticos, se coordinará el trabajo respecto a la información pública entre el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación y el Archivo General de la Nación y el INEGI. Sin duda estamos ante la presencia y presión de la sociedad civil, de los académicos y de los ciudadanos comprometidos con el país para poder lograr esta importante reforma que sin duda traerá beneficios importantes. Así, queda demostrado que los mexicanos unidos y con vocación pueden lograr grandes cambios para México, por fin se logró hacerle entender a la bancada del PRI de los beneficios de esta reforma.
Ahora no debemos bajar la guardia ciudadanos, académicos y las organizaciones de la sociedad civil en otros temas de vital importancia para el país como lo es la reforma política electoral que mucha falta nos hace para fortalecer a las instituciones y la democracia.
No todo son malas noticias. Lejos de la crisis económica, lejos de los problemas de seguridad, lejos de la incertidumbre política, lejos de tener que pagar el Centro Banamex para que trabajen los diputados, es plausible la actitud del Presidente de la República al meter estos dos “huevos” a la canasta legal de los mexicanos, ya que la principal enfermedad de México es la corrupción. Nos vemos la próxima semana.
