El amigo de un amigo le escribió un mensaje que narraba sus peripecias al viajar por Oaxaca, justo la semana de la tragedia en Nochixtlán; él hace una descripción maniquea de la situación, culpando a los maestros de todo aquel caos, y supone que basta con aplacarlos para terminar con el conflicto.
Aunque es la visión de un buen hombre, aunque ingenuo políticamente, su narración es la de una revolución violenta, de un pueblo “alevantado” (como describían la revolución los mexicanos en 1910).
El estado de Oaxaca ya está gobernado por un régimen alterno al que sólo le falta un ejército armado, que en cualquier momento puede llegar.
Así sucedió en la Revolución Mexicana el bandolero del noroeste, Pancho Villa, fue convencido por Abraham González para que se jugará el futuro por una buena causa.
Los gobernadores electos que ganaron los recientes comicios estatales, entre ellos Oaxaca y Chihuahua, pueden impedir que esta revolución se extienda, inaugurando el Estado de derecho en sus respectivas entidades.
Sabiendo que estudiaron Derecho Constitucional antes de 2011, vale la pena compartirles los niveles básicos de la nueva legalidad mexicana; tampoco haría daño que reflexionemos a manera de divulgación esta realidad jurídica que a todos incumbe, de tal suerte que signifique la construcción de una nueva forma de Gobierno.
La gobernanza sustituye al Gobierno vertical, es decir, ya no sólo deciden los funcionarios; se alcanza el consenso de ellos con la ciudadanía, con buenas prácticas de administración pública.
Tenemos que dar por terminada esta primera etapa del Estado de derecho actual, caracterizada por la cleptocracia, el Gobierno de los ladrones.
Debemos arribar a una Administración más moderna y civilizada, fundada sobre el respeto al Estado constitucional en cada entidad, y en todo el país.
El principio fundamental de la administración pública es el respeto al Estado de derecho en todas sus partes, y éste se define a partir del reconocimiento de la libertad jurídica de las personas, desde el axioma “el individuo es libre de hacer todo aquello que no le prohíbe la ley, y el Gobierno sólo puede hacer aquello que le faculta y obliga expresamente la ley”.
Así pues, el compromiso prioritario del próximo Gobierno es restablecer la vigencia del Estado de derecho.
Ahora bien, según la Constitución vigente desde abril de 2011, el Estado de derecho tiene componentes nuevos que el Gobierno debe aplicar para restablecer el imperio de la Ley (y tal vez en un futuro la historia reconozca al movimiento pacifista mundial por los derechos humanos como el que obligó a Calderón a estas reformas, más importantes que todo el paquete de reformas estructurales).
Además de respetar la ley, el Gobierno está obligado a aplicar las leyes ordinarias de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo la máxima protección de los derechos de las personas (el principio propersona).
El artículo primero constitucional obliga al Estado a respetar los dos grandes pactos de derechos humanos, el Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece las Garantías Individuales, y el Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, en el que es la obligación del Estado resolver siempre bajo el principio de progresividad con el conjunto de los derechos previstos en el mismo, los derechos sociales.
Ese es el Estado de derecho que debe imperar en el país, para instalarlo se necesita la voluntad de los gobernadores y las autoridades federales.
Estos necesitan entender, como lo dijo Obama a Peña Nieto, que los derechos sociales no son populismo, son derechos.
Por eso deben funcionar en la ejecución del nuevo Estado de derecho personas con la pasión, entrega y experiencia necesarias para convertirla en realidad, la derrota del PRI es un triunfo de la ciudadanía, porque quiere vivir en país digno y en un alza progresiva de su nivel de vida.
Los mexicanos, y localmente los chihuahuenses, siempre hemos tenido interés en el progreso del país, pero desafortunadamente hemos visto que el desarrollo nacional sólo ha beneficiado a un grupo muy reducido de empresarios y políticos ladrones que así acumulan el capital suficiente para transformarse en financieros.
Después de saber lo que sucede en Oaxaca, que colinda con Guerrero donde las armas abundan, y éste con Michoacán donde hay toda una experiencia de autodefensa armada, y que estas entidades rodean al Distrito Federal, si yo fuera Chong me guardaría muy bien de no escalar el conflicto y mejor me pondría a trabajar en lo que dice la Constitución.
