Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).-El Senado de la República puso fin a 19 años de inactividad legislativa para reformar de fondo el marco regulatorio en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Sin embargo, todavía no se votaba en lo general y ya se había interpuesto el primer recurso judicial en su contra.

El Colectivo Libre Internet para Todos (LIPT) interpuso una demanda de amparo con el objetivo de que se suspendan la discusión de la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones, que fue aprobada en lo general y lo particular durante la madrugada de este sábado.

“Solicitamos al Poder Judicial que suspenda el proceso legislativo que se está llevando a cabo sobre la reforma de telecomunicaciones. No permitiremos que la voluntad de 127 mil ciudadanos sea ignorada, defender el libre internet es defender nuestra democracia y por lo tanto utilizaremos todos los recursos jurídicos necesarios para defender un derecho ciudadano que se ha ganado a través de históricas luchas sociales”, afirmó Jesús Robles Maloof, abogado e integrante del Colectivo.

Se solicitó formalmente que se reponga el procedimiento, se elabore un nuevo dictamen contemplando la iniciativa ciudadana y se convoque a comisiones unidas tomando en cuenta a los representantes del Colectivo LIPT en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de la iniciativa popular.

El Juzgado décimo quinto de Distrito en materia administrativa del Distrito Federal tiene 72 horas o tres días, para determinar si ordena la suspensión del procedimiento. Su fallo se conocerá justo antes de que inicie el análisis de la minuta en la Cámara de Diputados, programado para el próximo lunes 7 de julio a las 16:00 horas, en comisiones unidas.

En tanto, 80 senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Verde Ecologista de México (PVEM) calificaron como “valientes” las reformas en telecomunicaciones y adelantaron que millones de mexicanos estarán “agradecidos” con ellas.

“Me parece que estamos haciendo juntos historia. Yo la califico más bien como una reforma valiente”, dijo el Senador priista Omar Fayad.

Asimismo, el Senador Gerardo Flores Ramírez, del PVEM, uno de los señalados por ser integrante de la “Telebancada”, subrayó que se respetaron todos los preceptos marcados en la Constitución para contrarrestar el poder del monopolio en telecomunicaciones.

“Tenemos los tamaños y lo estamos demostrando con el contenido que ha quedado plasmado en este cuerpo de dictamen”, enfatizó.

No dijo lo mismo sobre el monopolio en televisión abierta.

En entrevista para Sin Embargo, el Senador del PAN Francisco Búrquez Márquez, explicó que votó en contra de la legislación secundaria porque persisten en ellas “lagunas” que servirán para que, tanto ciudadanos como actores preponderantes, presenten acciones jurídicas contra la nuevas reglas del juego.

“Estoy en desacuerdo porque sigue presentando lagunas, lagunas que se van a prestar para el litigio político, y a mi juicio era responsabilidad del legislador aclarar cualquier duda. Estoy satisfecho con la parte del combate del monopolio en telecomunicaciones, pero no en televisión”, detalló.

El legislador por Sonora celebró los cambios para acotar el poder monopólico de Telmex en telefonía fija o móvil, un sector que genera ganancias por 263 mil millones de pesos.

Sin embargo, lamentó que las reglas no se apliquen del mismo modo al sector de televisión restringida, sector que genera ingresos por el orden de 38 mil millones de pesos.

“Allí hay un vacío muy fuerte, allí no solamente no alcanzamos lo estipulado en la Constitución, sino que fuimos abajo y eso es lo que hace tener un sentimiento agridulce en esta reforma”, explicó el Senador, antes de emitir su voto en contra del dictamen.

Búrquez también criticó el hecho de que la mayoría de los senadores hayan rechazado su reserva para eliminar el artículo noveno transitorio, que ha sido descrito por legisladores y especialistas como “un regalo a Televisa”, ya que le permitirá seguir concentrando servicios en el sector, sin rendir cuentas.

“Es tremendamente injusto para los ciudadanos que van a ver cómo se va allanando el camino para que el monopolio de la televisión en este caso restringida se vaya llenado el estómago de fusiones y adquisiciones de otros sistemas de cable y de televisión restringida que hoy brindan el servicio de triple play y cuádruple play, sin evaluaciones por parte del IFT”, apuntó el Senador Francisco Búrquez

NO SE TRATA DE QUITARLE A SLIM PARA DARLE A AZCÁRRAGA

Sin embargo, 37 senadores de oposición consideraron que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión no establece una verdadera pluralidad mediática, no fortalece los derechos fundamentales ni los mecanismos de su defensa, y presenta incluso injerencias arbitrarias contra los derechos de los ciudadanos.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez se refirió al polémico tema de la preponderancia en el sector de telecomunicaciones y en radiodifusión. El perredista sostuvo que la salida presentada al pleno del Senado no resolvía de fondo el problema de la concentración.

“No se trata de quitarle a [Carlos] Slim para darle a [Emilio] Azcárraga, eso no va a resolver la concentración de los medios, ni la concentración del poder monopólico del control de la opinión pública”, afirmó.

Encinas destacó tres puntos que quedaron inconclusos en la ley aprobada. El primero relativo a que las leyes secundarias no garantizarán la democratización de los medios de comunicación. Indicó que no genera condiciones para el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos y para garantizar el derecho a la información, a la libertad de expresión, contra la censura.

También dijo que olvidan el derecho de las audiencias para acceder a servicios de calidad con tarifas bajas y con una oferta plural de contenidos que reconozca la pluralidad cultural, ética y política de la sociedad.

El segundo se refería a la carencia de herramientas para fortalecer a los medios públicos, medios sociales, comunitarios e indígenas. Por el contrario, el perredista dijo que con la propuesta del Gobierno federal los medios públicos y sociales se reducen a su mínima expresión.

“Se llega al extremo en el caso de los medios indígenas, a la intervención de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que tendrá que emitir, a manera de la época de la Colonia, un certificado de Indios o de buena conducta para que los pueblos originarios puedan acceder a estas concesiones de carácter social”, puntualizó.

Un tercer tema, dijo, es regresar la autonomía constitucional al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Para ello era necesario no solo permitir que el IFT atienda el otorgamiento de la concesiones y supervise los contenidos, sino que también vigile el ejercicio de los derechos de los usuarios, de las audiencias y las garantías y libertades políticas de los mexicanos.

CAMBIOS DE ÚLTIMO MINUTO

De último minuto las juntas directivas de las comisiones unidas presentaron al Pleno del senado una serie de modificaciones al texto original como correcciones para mejorar la redacción.

Los cambios se realizaron a diferentes artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y contrario a lo que sucede en la mayoría de estos casos, no provocaron sospechas entre los legisladores o preocupaciones de que se fuera a modificar el sentido original del texto, salvo en un caso.

La fe de erratas presentó la siguiente propuesta de redacción en la definición de “servicio público”, en el artículo tercero, fracción LXV:

“Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos, o sociales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica”.

El Senador Alejandro Encinas consideró que esta definición era contraria a la establecida en la reforma constitución, en el 2013.

“Los términos que están establecidos en la constitución es que los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión son servicios públicos de interés general. Si se queda la redacción propuesta reduciendo los servicios públicos al interés general, se deja una enorme lasitud respecto a la regulación de los servicios concesionados a particulares”, planteó.

Otro cambio se registró en el artículo 159, relativo al must carry/must offer. El texto se refiere a que “los concesionarios que presten el servicio de televisión o audio restringido deberán retransmitir de manera gratuita la señal radiodifundida multiprogramada que tenga mayor audiencia. En caso de diferendo, el Instituto determinará la señal radiodifundida que deberá ser retransmitida”.

Y se agregó:

“Los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retransmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas multiprogramadas de cobertura de cincuenta por ciento o más del territorio nacional de mayor audiencia”.

DESCARTAN RUPTURA EN PAN

El Senador Francisco Búrquez descartó que la división generada al interior del grupo parlamentario del PAN en el Senado en torno al polémico tema de la preponderancia vaya a dejar secuelas irreparables en la unidad de la bancada.

“La unidad del partido, del grupo parlamentario está garantizada, compartimos una misma visión de país”, dijo.

Señaló que tampoco considera como crítico el hecho de que la mayoría de los senadores panistas haya votado a favor de la preponderancia por sector, a pesar de que el líder nacional del partido, Gustavo Madero, les haya recomendado votar por la preponderancia por servicio. “[Madero] no vino a tirar línea, cada senador votó en conciencia”, recalcó.

El Senador Búrquez sostuvo que era natural que no se lograra un consenso homogéneo al interior de la bancada, debido a la enorme cantidad de intereses que se mueven alrededor de una reforma como la de telecomunicaciones.

“La naturaleza de los monopolios es crecer y protegerse, no podríamos pensar que con esta reforma constitucional antimonopolios, no pegaran de coletazos los grandes monstruos. Claro que se hicieron sentir directa o indirectamente”, sostuvo el panista.

Finalmente se pronunció porque en un futuro pueda acotarse el poder del monopolio de Televisa, mediante una nueva reforma en el sector, que permita reducir la concentración y el poder fáctico que ha acumulado durante décadas el consorcio de radiodifusión.

“Si hablamos de monopolios en la comunicación, estamos hablando de que puede manipular conciencias, de la misma manera que un monopolio puede manipular los precios en un mercado”, concluyó.

LOS PUNTOS POLÉMICOS

Aunque los senadores aprobaron 28 modificaciones, los cambios que fueron criticados por analistas y que despertaron polémica permanecieron intactos.

Uno de ellos es el tema de preponderancia, la definición que quedó en el dictamen enviado a la Cámara de Diputados contempla que se determinará a este tipo de agentes con base en su participación nacional en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y no en servicios.

En el caso de la propiedad cruzada, que en otros países permite limitar la concentración de medios de comunicación en un grupo que brinde distintos servicios, los senadores no cambiaron la redacción sobre el tema.

Sobre al apagón analógico, no se modificó el criterio bajo el cual el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) podrá decretar el fin de la transmisión de las señales no digitales.

En el dictamen sólo se indica que será con 90 por ciento de penetración en hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social, mientras que la política vigente de Transición a la Televisión Digital Terrestre indica que es de toda la población que vea la televisión abierta, lo que implica una medición distinta.

En cuanto a las sanciones, los senadores evitaron cambiar a la autoridad que sancionará los temas de contenidos, quedando así en la Secretaría de Gobernación, y no en el IFT, como pedían analistas, ex funcionarios y la sociedad civil.

Tampoco se cambiaron aspectos que complican la aplicación de multas, como el hecho de que las que aplique el regulador no entrarán en vigor hasta que causen estado, es decir, hasta que se resuelvan los amparos interpuestos en su contra.

El transitorio nueve, bautizado por algunos senadores como la “cláusula Cablecom”, que señala excepciones a la autorización de concentraciones por parte del IFT, no fue motivo de cambios. Según analistas, este artículo no sólo violaba las funciones del IFT en materia de competencia, sino que, además, va en contra de la recientemente aprobada Ley Federal de Competencia, que indica qué tipo de compra de empresas requieren el permiso de la autoridad.

Tampoco hubo cambios en el tema de interconexión, pese a que tanto la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos emitieron su opinión en contra de que el preponderante no cobrara por este rubro, es decir que el costo por conectar llamadas de otros operadores a sus usuarios fuera de cero pesos.

Empresas como Nextel y Telefónica se habían manifestado a favor de esta disposición, mientras que algunos analistas lo consideraron otro atropello a las funciones del IFT, que en abril emitió una lista de tarifas asimétricas para interconexión.