El 19 de agosto de 2021, la Red de Periodistas de a Pie publicó una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador, al Gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al Subsecretario Alejandro Encinas y a las Fiscalías General del Estado de México y la Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. Ahí se denuncia que el 13 de agosto de ese año, la reportera Teresa Montaño, directora del sitio The Observer y colaboradora en la revista Proceso, había sido víctima de un secuestro por tres horas: “en donde sus captores, tras conducirla a su casa y hurtar de su interior diversas pertenencias, extrajeron sus archivos periodísticos y material informativo, amenazándola con que si denunciaba sería asesinada.”

La carta exige a las instancias gubernamentales extender medidas de protección a la periodista, y aunque no se habla de cuál es la labor investigativa de Montaño que pudo ser el móvil de la intimidación, dirigen estas duras líneas a del Mazo: “exigimos al Gobierno del Estado de México poner fin de una vez por todas a las acciones de acoso e intimidación instrumentadas para inhibir la labor periodística de Teresa Montaño Delgado”. Al final la firman más de cien periodistas y colectivos. También emitieron cartas y exigieron protección y el cese del hostigamiento contra su colega diversas organizaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, como El Congreso Nacional de Comunicación Indígena y El Observatorio Ciudadano de Género Corazones Diversos del Estado de México AC.

En su momento, es decir, hace casi dos años, el secuestro de Montaño fue reportado por algunos medios como Milenio, Proceso y El Sol de Toluca, y organizaciones como el Committee to Protect Journalists (CPJ), pero pocos más. Un año después, Teresa Montaño se apegó a un plan de protección para periodistas gestionado por organizaciones civiles en Barcelona.

El 31 de mayo de este año se dio a conocer en sendas notas de The Guardian y El País el contenido de las investigaciones de Montaño, los que motivaron su secuestro y las amenazas de las que ha sido objeto. En 2021, Montaño comenzó a analizar unos 200 contratos celebrados entre el Gobierno del Estado de México y distintas empresas. Según narra el diario El País, estos contratos, celebrados entre 2018 y 2022, son públicos y se pueden descargar desde las plataformas de transparencia. No sin motivos (pues este patrón ya se ha atestiguado otras veces, como en el famoso caso de la Estafa Maestra), la periodista sospechaba que se podría tratar de contratos fachada para desviar recursos gubernamentales.

Lo que fue encontrando Montaño sólo reforzaba sus sospechas. Primero, el hecho de que estas empresas se encontraran a cientos de kilómetros del Estado de México, mientras que los bienes o servicios provistos bien se habrían podido conseguir en el propio estado. Por ejemplo, hay doce contratos firmados entre 2021 y 2022 con una empresa de limpieza llamada Sevacom, a la que se le encarga la realización de talleres de maquillaje, tratamientos faciales, costura y decoración con globos, todos ellos giros que suenan extraños no sólo para que los contrate un Gobierno estatal, sino para que los provea una compañía que vende trapeadores y cubetas. Ello sin considerar las 22,000 parrillas eléctricas compradas con fines de usarse, según el documento, en un taller de cuidado facial. La empresa tiene su domicilio en Guadalupe, Nuevo León, y los contratos suman casi 76 millones de pesos. Para celebrar contratos de esa magnitud, la sede física de Sevacom que pudo conocer la periodista resultaba anómala: una tienda modesta de productos a granel, con escobas y jaladores exhibidos en tambos a la entrada. Nada parece mal con la tiendita, a menos que repare uno en que ese inconspicuo local proveía “cursos de maquillaje” a un gobierno estatal que para ello le pagaba más de 76 millones de pesos, y que la dueña, a pregunta expresa de la periodista, dijo nunca haber recibido.

Dos de los 12 contratos firmados con Sevacom estaban a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, encabezada por Eric Sevilla (actual presidente del PRI en Edomex) antes de que lo remplazara en su cargo Alejandra del Moral, hasta ayer candidata a la gubernatura del estado por la alianza PRI-PAN-PRD-Nueva Alianza.

El resto de los detalles se pueden consultar directamente en las notas de The Guardian y El País. Portales como Sin Embargo, Astillero y Sin Censura también le han dado abundante cobertura. También refieren al reportaje Aristegui Noticias y, de manera sorprendente, el portal Latinus conducido por Loret de Mola. En el resto de los medios nacionales, especialmente en los comerciales, el silencio ha sido atronador. Ningún medio corporativo, a excepción de una nota discreta de La Jornada, mencionó el reportaje en sus primeras planas al día siguiente de su publicación. Según declaró ayer Teresa Montaño, mientras reporta en vivo para Vicente Serrano la jornada electoral del Estado de México, tanto Proceso como El Universal se negaron a publicar el reportaje; sin embargo, publican el 3 de junio la respuesta del Gobierno del Estado de México, que arguye que las contrataciones están apegadas a la ley.

“Política es tiempo”, suelen decir los que saben, y en este caso, la sincronía de los eventos llama la atención si se lee en esa clave. El reportaje iniciado en 2021 por Montaño, y continuado gracias al apoyo de diversas organizaciones periodísticas internacionales además de The Guardian y El País, vio la luz finalmente en plena veda electoral previa a la elección de ayer. Esto les sirvió como pretexto a decenas de medios nacionales para no mencionarlo. Pero la veda electoral contempla a candidatos, partidos y funcionarios, no a comunicadores, por lo que es inexplicable que a una pieza de interés periodístico, más allá de sus consecuencias políticas, se le haya hecho tan palmario vacío mediático.

En un país donde la violencia contra los periodistas se ha vuelto un flagelo casi imposible de erradicar, y del que se suele culpar únicamente al gobierno federal, sin examinar el papel de los gobiernos locales y estatales -además del crimen organizado-, es verdadera pieza de análisis la decisión editorial, tomada al unísino por tantos medios corporativos, de no difundir el trabajo de Montaño, ahora que las investigaciones se han continuado y publicado en medios internacionales. Bien se sabe que divulgar la labor periodística que puede estar en la base de las agresiones en su contra podría contribuir a protegerla. Sin embargo, al parecer algunos de quienes se dicen comprometidos con la libertad de prensa sólo lo están cuando esa prensa no los incomoda.

Violeta Vázquez-Rojas Maldonado

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Doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y profesora-investigadora en El Colegio de México. Se especializa en el estudio del significado en lenguas naturales como el español y el purépecha. Además de su investigación académica, ha publicado en diversos medios textos de divulgación y de opinión sobre lenguaje, ideología y política.

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