En el mes de febrero de este año, un grupo de asesores y consultores externos del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, determinaron la necesidad de enfrentar las continuas crisis mediáticas por temas de derechos de las mujeres, mediante una capacitación integral en materia de estudios de género.

En virtud de que los mayores tropiezos de los funcionarios estatales se dieron frente a militantes feministas consideradas como “radicales” desde el pensamiento conservador, se sugirió tomar una medicina similar y, luego de una investigación, el mandatario aceptó la posibilidad de obtener una capacitación de alguien reconocido en el tema.

La elección recayó, tras diversas consultas, en la activista y estudiosa de temas de género Marta Lamas, a quien desde la derecha radical se tiene ubicada como “proabortista”, por su labor en el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), una organización que no es precisamente defensora del aborto, como se lo señalan sus adversarios ideológicos, sino promotora de la libertad de elección.

Desde los primeros contactos de funcionarios estatales, sobre todo del Instituto de la Mujer Guanajuatense que dirige Adriana Rodríguez Vizcarra, la antropóloga Marta Lamas dejó en claro que su presencia en Guanajuato podría desatar reacciones adversas, pues si alguien conoce el mapa de los grupos conservadores es ella, que ha sufrido sus embates y también les ha dado batalla.

Las cosas, finalmente, se dieron. La capacitación que se buscaba era muy específica, en materia de la nueva visión sobre los derechos de las mujeres, la equidad de género y la perspectiva de género en las políticas públicas. Otros temas, como los relacionados con las cuestiones reproductivas, quedaron fuera del espectro.

Sin embargo, algunos de los integrantes del gabinete marquista, sobre todo responsables de dependencias descentralizadas, no comulgaron con las posiciones esbozadas por la doctora Lamas, en una larga jornada, un sábado de febrero.

De acuerdo a visiones de distintos asistentes, fue notoria la incomodidad de personajes como el director de TV4, Rafael Díaz, funcionario identificado con grupos derechistas, cuyo desacuerdo eran evidente. O el titular del Cecyteg, Tomás López Martínez, amigo y colaborador histórico del ex gobernador Juan Manuel Oliva, quien tampoco disfrutaba mucho la charla.

De funcionarios como esos debió surgir la filtración hacia una activista de la extrema derecha, la exdirectora del Instituto de la Mujer con el mismo Oliva, Luz María Ramírez Villalpando, quien decidió encabezar una oposición frontal a cualquier cambio de línea en el gobierno de Márquez con respecto a anteriores administraciones panistas.

La militante de organizaciones extremistas, quien ralentizó los programas de equidad de género en el sexenio pasado hasta casi desaparecerlos, responsable también del retraso en la aprobación de la nueva ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tanto que Guanajuato fue el último estado que la homologó, decidió iniciar una cruzada personal para forzar a Márquez a rectificar.

Ramírez Villalpando ya apareció personalmente en una entrevista de televisión en una emisora de contenidos confesionales, Claravision, para señalar que Márquez estaba impulsando políticas proabortistas por haber firmado un acuerdo de entendimiento con la ONU, el Código Naranja, a fines del año pasado.

La ofensiva continúo con la publicación en el diario Excélsior de una columna del periodista Enrique Aranda, cercano a estos mismos grupos ultraconservadores, donde se crítica “por incongruente” a Miguel Márquez, por haber contratado a Marta Lamas, “reconocida activista proaborto”, lo que a su juicio entra en contradicción con las posturas del mandatario sobre familia, vida y equidad de género.

A la publicación de Aranda le siguió la emisión de dos boletines de Sumando Vida, un grupo con poca o nula actividad previa, criticando tanto el convenio con la ONU como la contratación de Lamas, dando a conocer además el gasto de 112 mil pesos pagados a la conferencista.

Debe decirse que los 112 mil pesos cobrados por Marta Lamas por una capacitación de ocho horas continuas, fundada en una experiencia académica y práctica en el tema al más alto nivel en el país y en el extranjero, parecen una verdadera ganga frente a los 109 mil cobrados por una activista local sin título profesional, Norma Nolasco por tres seminarios sabatinos a la PGJEG, cuyos resultados no se notan; y más aún frente a los 300 mil que recientemente pagó el municipio de León al conductor Pedro Ferriz de Con, por una charla sobre corrupción, de una hora y cuarto de duración, incluyendo preguntas.

La agenda del gobierno de Guanajuato en los últimos seis años estuvo dictada por grupos ultraderechistas, como los que ahora reaparecen, sobre todo en los temas de políticas públicas hacia las mujeres y también en el terreno educativo. Es el mismo lapso en que aparecieron en el escenario problemas como el del crecimiento de los feminicidios,  la violencia de género y, ahora lo sabemos, las agresiones sexuales en las escuelas.

Probablemente los problemas no fueron creados por la actuación de las ideologías de derecha, pero si trataron de ser ocultados por ellas, prácticamente invisibilizados.

Las consecuencias de una opción que evitó abordar la realidad, encargándose sistemáticamente de negarla, son en buena medida las que están estallando durante el gobierno de Miguel Márquez.

Sin duda, el hoy gobernador tenia razón en postular durante su campaña la necesidad de “Más PAN y menos Yunque”, frase que se conserva quizá como la más ingeniosa y lúcida de su discurso hasta la fecha.

Vistos los embates que hoy recibe para ir en reversa  y tomando en cuenta que tienen surgen buena medida de sus propios colaboradores, quizá Márquez deba ir por una política de cero yunques en el gobierno. Seguramente no perdería nada, todo lo contrario.

Arnoldo Cuellar

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Periodista, analista político. Reportero y columnista en medios escritos y electrónicos en Guanajuato y León desde 1981. Autor del blog Guanajuato Escenarios Políticos (arnoldocuellar.com).

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