En México, país de simulaciones, suele suceder que las tragedias provocadas por el hombre o por la naturaleza sacan a la luz las realidades más oscuras y dolorosas, quitan la máscara a funcionarios corruptos y ciudadanos corruptores, y hacen más grave el saldo de víctimas.
Porque la mayoría de las veces resulta que, sin corrupción y con la correcta observación de las normas y leyes, las muertes se habrían podido evitar. Es el caso del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 en la bodega-guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que cobró la vida de 49 niños menores de 4 años por asfixia, intoxicación y por las graves quemaduras en todo el cuerpo, además de lesiones y discapacidad permanente en otros 70 niños.
Se parece en un aspecto a otras tragedias como la de la discoteca News Devine en el Distrito Federal, ocurrida el 20 de junio de 2008, donde murieron una veintena de adolescentes en una colonia popular por un criminal operativo policiaco; o a la devastación que dejan en pueblos marginados los huracanes que llegan a las costas mexicanas año con año y destruyen zonas de asentamientos irregulares o con permisos de construcción que se otorgan de forma irresponsable; o la muerte de cientos de costureras que padecían condiciones de esclavitud en una fábrica que colapsó en el terremoto del 85; también se emparenta con las personas que murieron por la epidemia de influenza en 2009: las víctimas venían a las clases bajas, marginadas de los servicios básicos que debiera darles el Estado, usadas como clientela política en época de elecciones, despojadas de sus derechos humanos, en cuyo día con día se podían observar aberrantes violaciones a las garantías constitucionales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda digna.
Más de dos décadas de conducción del país con políticas neoliberales, es decir, achicamiento del Estado para dar paso a la privatización de los servicios básicos en los que impera una lógica de mercado, en vez de una de bienestar social, han dejado un ejercito de excluidos cada vez más numeroso. En ese ejército están, entre muchos otros, millones de mujeres trabajadoras y sus hijos, como lo reveló Hermosillo. Están, no lo olvidemos, gran parte de los 10 millones de personas con discapacidad en México, y sus familias.
Son excluidos de servicios que el Estado ha preferido “subrogar”, dar en concesión a particulares para ahorrarse los gastos de construir más y mejor infraestructura hospitalaria, mejorar la enseñanza pública, crear servicios dignos de cuidado y desarrollo infantil para los hijos de las madres trabajadoras, hasta servicios carcelarios, que ahora se pretenden privatizar, donde se cumpla el objetivo de la readaptación social. Un ahorro criminal ante el cual los tres órdenes de gobierno tienen responsabilidades que enfrentar. Y también, un caso de discriminación a los pobres.
Una vez más quedó demostrado que esta política de transferencia a manos privadas de recursos públicos va de la mano de la corrupción; por ello no causa extrañeza que en las irregularidades detectadas en la guardería estén implicadas personas estrechamente vinculadas al poder político y al poder económico, local y federal. La esposa del entonces subsecretario de Ganadería del gobierno de Sonora, Sandra Lucía Téllez Nieves, figura como dueña de la bodega, junto con Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, famoso empresario en la entidad, muy cercano al ex gobernador Eduardo Bours y él mismo vinculado al negocio de las guarderías. Y como lo ha destacado la prensa, también aparece como dueña la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiar en segundo grado de Margarita Zavala, esposa del presidente Calderón. Altagracia es hija del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño del Museo del Niño en la entidad y tío directo de Zavala.
Aunque el modelo opera así también en otros ámbitos, aquí hay una evidencia de esta transferencia: en agosto del 2006 el gobierno estatal ordenó cerrar dos grandes Centros de Desarrollo Infantil a cargo del DIF (Desarrollo Integral para la Familia) que contaban con instalaciones adecuadas para atender a los menores y con personal capacitado y con experiencia, para dar paso a la operación de 28 “centros de apoyo”, refiere la agencia CIMAC noticias en un reporte del 8 de junio. En consecuencia, esos niños se convirtieron en la población- clientela, de las estancias infantiles subrogadas, como la siniestrada ABC. Los recursos públicos fueron a dar a manos de los dueños de ésta y otras bodegas convertidas en guarderías.
El director del IMSS, Daniel Karam, informó después de la tragedia que esos centros subrogados reciben, en promedio $2,145 pesos por niño al mes. Así que las cuentas saltan a la vista: cada mes, los dueños de la ABC recibían 429 mil pesos, de los cuales, tal vez el 50 por ciento o menos, se destinaba al pago de servicios, comida, personal, renta del local. Así que 214 mil pesos mensuales de ganancia para los socios, no estaba nada mal.
La magnitud de la privatización en estos servicios lo revela un dato del propio IMSS, que en julio de 2008 reportó que de un total de mil 562 guarderías en todo el país, mil 420, es decir, el 90.9 por ciento estaban subrogadas o en manos privadas. A esto hay que agregarle las 8 mil estancias infantiles surgidas en el actual sexenio a partir de una propuesta electorera de Felipe Calderón “para que te vayas tranquila al trabajo”, que carecen de supervisión y están instaladas de forma improvisada en patios, en domicilios particulares, en galeras, con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social.
Ante las evidencias de que la guardería ABC era una bomba de tiempo por las condiciones de alto riesgo en las que estaba, uno se pregunta, ¿qué señora lleva a su bebé de meses o de uno o dos añitos a que se lo cuiden en una zona industrial, en una bodega sin patio, sin jardín, con ventanas pegadas al techo, con sólo una puerta de acceso, a dos cuadras de una gasolinera, conviviendo con casi 200 niños a cargo de poco personal, y que ofrece el servicio gratuitamente? CIMAC Noticias se ocupó de este aspecto de la noticia días después del incendio:
“El polvo y el humo siempre fueron los problemas de la (colonia) Y Griega. ‘La peste por el rastro, cuando molían los huesos no dejaba dormir‘, son expresiones de fundadoras de la colonia. Los hoteles de paso proliferaron en el área y forman parte del panorama urbano. Instalada en terrenos ejidales, la Y Griega es una colonia de mujeres y hombres trabajadores. Ubicada cerca del parque industrial más grande de Hermosillo, el tránsito foráneo por fuerza recorre su periferia en el camino del norte al sur. Mujeres trabajadoras de maquiladora, algunas madres solteras, son quienes habitan el rumbo y por ende, quienes buscan un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos cuando van a trabajar.
“Todavía sin pavimentar, las calles de la Y Griega acogen bodegas, talleres y parqueaderos (estacionamientos) de tráileres. Las refaccionarias de transporte rudo son el panorama común. Colindando con el periférico sur, donde hace 30 años terminaba la ciudad.
“La guardería misma, hasta hace unos años se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil.
“El propio alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como mixto, por lo que puede operar como vivienda o como comercio”.
Así que los bebés eran hijos de trabajadoras de la maquila que ganan en promedio 60 dólares a la semana, unos 3 mil pesos al mes en largas jornadas de trabajo. Y como el patrón las afilia al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienen derecho a esas estancias infantiles.
Si no es por la tragedia, a ninguna autoridad, ni a la mayoría de los mexicanos, nos hubiera interesado voltear la mirada hacia esas familias de obreras, algunas encabezadas por madres solteras como señala CIMAC, habitantes de una zona marginal, a quienes, como no le importan a nadie, se les ofrecía una galera rodeada de talleres mecánicos y bodegas con productos altamente flamables para resguardo de sus hijos mientras iban a trabajar por el salario mínimo al parque industrial cercano, o a algún otro trabajo por el salario mínimo.
¿A quién le importaban estos niños? Eran las víctimas perfectas de las corruptelas del delegado de Protección Civil que avaló las condiciones en las que operaba el lugar, del presidente municipal, del gobernador, que simplemente dejaron que el negocio prosperara en la zona, del delegado del IMSS en el estado, y todos los que resulten implicados.
Las madres de la colonia “Y Griega”, casi la última del alfabeto, se emparentan con las de otra ciudad norteña, Ciudad Juárez. Cuando fue inevitable ocultar los cadáveres de mujeres en Lomas de Poleo, se reconoció que allí ocurría un feminicidio que tenía como víctimas a jóvenes trabajadores de las plantas maquiladoras. Eran las víctimas perfectas por sus condiciones de pobreza y anonimato: ¿a quién le interesaban esas chicas de colonias marginadas, doblemente excluidas de toda protección social, la primera vez, en su ciudad de origen, y la segunda, en Ciudad Juárez? Y dado que la impunidad de estos crímenes persiste, a muchas autoridades políticas y de procuración de justicia siguen sin importarles.
Así, los 200 niños registrados en la guardería ABC eran las víctimas perfectas por ser anónimas, invisibles por sus condiciones de pobreza, discriminadas por su condición social. Ninguna alta funcionaria, ninguna madre de clase media alta iba a llevar ahí a sus hijos. Como menciona de pasada el reporte de CIMAC, “no es la primera vez que muere un niño en una guardería subrogada”, lo cual es en sí mismo grave, pero es la primera vez que llama la atención por la magnitud de lo ocurrido. El periodista Ricardo Alemán, lo resume en una frase: “el tamaño de la tragedia es el tamaño de la corrupción”.
Esa renuncia del Estado a cumplir con sus funciones básicas y establecidas en la Constitución se ha visto también reflejada en la precariedad de los servicios médicos del IMSS para atender a los niños sobrevivientes. Virginia Sendel, quien creó la Fundación Michu y Mau para la atención al niño quemado tras sufrir la pérdida de su hija y su nieto en un incendio, lleva diez años trabajando para que en México haya centros de alto nivel en esta materia y ha logrado, al día de hoy, la creación de centros especializados, ligados a la Secretaría de Salud, en Toluca, Chihuahua, Veracruz y Ciudad Victoria, con equipos donados por la Fundación Río Arronte. Una vez más, la tarea que no la ha hecho el Estado, la está haciendo la sociedad civil organizada.
Al día siguiente de lo ocurrido dijo en Hermosillo que cinco años antes ella había llamado la atención de las autoridades locales sobre la necesidad de contar con una unidad especial de atención al niño quemado en esa ciudad y lamentó que se hubiera ignorado su petición. “Ustedes están más cerca de Sacramento, California, tal vez no la necesitaban tanto”.
La tragedia nos recordó que en México hay muy pocos lugares para atender estos casos, mientras que en Estados Unidos, los hospitales Shriners Burns, a donde han trasladado a cinco menores, tiene 40 años de experiencia, lo que da una idea del rezago que tenemos.
Así que, el modelo económico neoliberal, el de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, volvió a hacer aguas y a llevarse en el naufragio a los más frágiles de la sociedad, a quienes el Estado debiera proteger con mayor compromiso y empeño. La muerte de 46 pequeños, al 13 de junio, mientras 20 más siguen hospitalizados, es un fracaso incontrovertible del modelo y es la evidencia de las violaciones a los derechos humanos que están siendo el pan de cada día en México y en muchos otros países del mundo. ¿Qué nos toca hacer como sociedad?
Amnistía Internacional lanzó una campaña mundial con el nombre de “¡Exige dignidad!” en la que señala que la pobreza está generando toda una cadena de violaciones a los derechos humanos. Quienes están más abajo en la escala social se ven privados completamente del ejercicio de derechos básicos. Ahí están las familias en donde pobreza y discapacidad se conjugan. Por ello, Amnistía propone que todas las personas desde cualquier lugar exijamos a los gobiernos condiciones de vida dignas, vivienda digna, atención médica digna, servicios dignos, empleos dignos.
De alguna forma, Amnistía está pidiendo con urgencia que se cambie el modelo: “La crisis en la que vivimos ha condenado a la pobreza a 100 millones de personas más, demostrando lo frágiles que son los beneficios basados solamente en el crecimiento económico”.
Evidentemente esto no es compatible con la lógica del mercado, pero quizás por estas pequeñas acciones solidarias se pueda empezar a hacer mella en esa maquinaria que está cobrando vidas en México y en otros países. El video de promoción de esta campaña pone un ejemplo de la exclusión social con una mujer peruana, pero puede ser la de cualquier otro país, puede ser una madre de cualquier colonia “Y Griega”.
