Luego del derrumbe en la mina Pasta de Conchos –perteneciente al Grupo México en Coahuila– que tuvo como resultado la muerte de 65 mineros atrapados en su interior, diversas organizaciones han presionado a las autoridades para promover iniciativas respecto del control de la extracción del carbón y la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores.
Las denuncias de organizaciones de la sociedad civil han sido claves para, incluso, conseguir estar presentes en algunas supervisiones de los lotes mineros.
Pero también se puede reconocer, con base en los testimonios de estas organizaciones, la existencia de intereses políticos y económicos que impiden un mejor desempeño gubernamental en la materia.
Saltillo/Ciudad de México, 5 de mayo (Vanguardia/SinEmbargo).- Un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que las autoridades han incumplido 13 recomendaciones para mejorar la seguridad en las minas de carbón en Coahuila, de 24 emitidas en 2011, es decir, el 55 por ciento.
El documento “Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos de la CNDH, 2001-2017”, publicado la semana pasada, considera que esta “indolencia del Estado mexicano, en términos de seguridad e higiene en las minas, también es sintomática del vacío normativo en materia de extracción de carbón”.
Y es que, entre los hallazgos detectados, la CNDH destaca el déficit de información respecto a las actividades productivas en los denominados “pocitos”, que operan clandestinamente y que concentran los mayores niveles de accidentalidad y muertes.
Tras las recomendaciones dirigidas a las secretarías del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y de Economía (SE), así como al Gobierno de Coahuila, a raíz de la tragedia en Pasta de Conchos donde murieron 65 mineros, la Dirección General de Minas contabilizó 29 accidentes entre 2012 y 2017 en la Zona Carbonífera, en los que han fallecido 35 personas (46 según la Organización Familia Pasta de Conchos –OFPC–) y resultado lesionadas 14 más.
De estos decesos, la OFPC –considerada por la CNDH como una “fuente de información precisa y completa”– señala que aproximadamente el 60 por ciento ocurrieron en los “pocitos” y “cuevas” que operan ilegalmente.
La clandestinidad, además, es exhibida en el reporte con las siguientes cifras: de los mineros del carbón muertos entre 2006 y 2017, el 50 por ciento no se encontraba dado de alta en el IMSS, el 38 por ciento presentaba adscripción y del 12 por ciento restante no se encontró información.
En ese mismo periodo, de las 34 empresas mineras que sufrieron siniestros con resultados mortales, 23 eran ilegales, sólo siete estaban registradas y de cuatro no se tuvieron datos.
Luego del derrumbe en la mina Pasta de Conchos, perteneciente al Grupo México en Coahuila, que tuvo como resultado la muerte de 65 mineros atrapados en su interior, diversas organizaciones han presionado a las autoridades para promover iniciativas respecto del control de la extracción del carbón y la defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores. Las denuncias de organizaciones de la sociedad civil han sido claves para, incluso, conseguir estar presentes en algunas supervisiones de los lotes mineros. Sin embargo, también se puede reconocer, con base en los testimonios de estas organizaciones, la existencia de intereses políticos y económicos que impiden un mejor desempeño gubernamental en la materia.
La CNDH indicó que la indolencia del Estado mexicano sobre las recomendaciones realizadas por la OIT en términos de seguridad e higiene en las minas, reflejan el vacío normativo en materia de extracción de carbón.
ACCIONES DÉBILES
En relación a la “calidad” de las acciones efectuadas por las autoridades tras las recomendaciones, la CNDH considera que estas han sido “débiles”.
“Lo cual es ampliamente confirmado por organizaciones de la sociedad civil y la literatura especializada en el tema. La opacidad de un importante sector de la actividad minera contribuye en buena medida a la debilidad en las acciones implementadas”, subraya el documento.
LA CNDH citó el informe elaborado por la organización Familiares de Pasta de Conchos, El Carbón Rojo de Coahuila: Aquí acaba el silencio, en el cual se denuncia la situación precaria en la que habían laborado miles de mineros por años.
“Evidentemente, la sociedad llegó tarde, muy tarde. Nos encontramos con una región devastada por un modelo extractivo mortal, que data desde inicios del siglo XVIII. En el año 2006, cuando el 19 de febrero explotó Pasta de Conchos, ya habían muerto miles, entre ellos muchos niños y jóvenes quienes, desde 1902 y hasta el año 2017 fueron sacrificados en este modelo extractivo”
Entre los hallazgos que se pueden mencionar se encuentra el déficit de información respecto de las actividades productivas del carbón. Ello puede dar cuenta de la poca cobertura que existe sobre los denominados “pocitos” o las actividades mineras irregulares, que es donde se concentran los mayores niveles de accidentabilidad.
“La falta de registro oficial de innumerables nichos de extracción carbonífera ha implicado que los pequeños avances en materia legislativa dentro del periodo, no logren abordar la situación de cientos de trabajadores que se encuentran en la minería artesanal”, indica el informe.
ENTES OMISOS
En relación a la “calidad” de las acciones efectuadas por las autoridades tras las recomendaciones, la CNDH considera que estas han sido “débiles”.
–STyPS, nueve recomendaciones incumplidas.- En dos, la secretaría afirmó no contar con registros sobre la solicitud y en siete dio respuestas evasivas.
–SE, tres sin cumplir.- Dicha autoridad indicó que la problemática no es de su competencia o que no cuenta con información disponible.
–Gobierno de Coahuila, una incumplida.- De cuatro enviadas, sólo en una respondió negativamente.
