El tema principal en el debate presidencial del domingo próximo no será la inseguridad que azota al país, con un promedio de 80 personas asesinadas cada día y más de 180 mil en lo que va del sexenio. Tampoco el desastre en el sistema de salud, en la educación, en la lucha contra la corrupción.

El asunto central será el de los programas sociales. Y no, por supuesto, porque esté a debate su existencia, cosa en lo que unos y otros están de acuerdo e incluso compiten por ampliarlos. La cuestión es el uso de esos programas con fines electorales. Es el tema clave, crucial, definitorio de la elección misma del próximo 2 de junio. Tema al que el gobierno de López Obrador dedica en este año electoral más de un billón 320 mil millones de pesos según el análisis de Fundar.

Así de serio.

El 26 de mayo de 2023, hace ya casi un año, expresé en este espacio mi asombro ante la indolencia de la oposición –particularmente el PAN–, frente al tema, metidos como estaban en la discusión sobre la forma de elegir a su candidato presidencial.  “Lo que de plano me azora, y además me aterra, es que no se percaten de la necesidad imperiosa de combatir ¡con todo! el arma electoral clave y para mi absolutamente evidente de Andrés Manuel, cuyo objetivo es claramente estar en la elección… sin estar en la boleta”, escribí.

Agregaba entonces que de tiempo atrás “los partidos, los dirigentes, los aspirantes, los estrategas políticos y los publicistas de la oposición debieran estar empleando prioritariamente todas sus posibilidades de difusión, desde los tiempos oficiales hasta las declaraciones, entrevistas y eventos públicos para desengañar y convencer a la ciudadanía que los programas sociales del gobierno de Andrés Manuel, particularmente el de la pensión universal a los adultos mayores, son desde 2020 un derecho constitucional y no una dádiva magnánima del mandatario en turno…”

No lo hicieron, Se perdió tiempo muy valioso en disputas y vericuetos partidistas mientras el Presidente, con astucia innegable, aumentaba el monto de las pensiones a los adultos mayores (a las que este año se dedican casi 465 mil millones de pesos), reducía la edad mínima para recibirlas y de pilón, en las narices mismas de la autoridad electoral y de los partidos de oposición, aduciendo como coartada una “tregua electoral” que no existe, adelantaba dos entregas bimestrales en vísperas de la elección, de modo que recibimos seis mil pesos en febrero y otros 12 mil pesos en marzo: ¡18 mil pesos en un mes!

Tarde pero aun a tiempo asumen los opositores que en efecto ese es el tema que puede inclinar la balanza a favor del oficialismo, simple y sencillamente porque a una amplia capa de la sociedad, hay que reconocerlo, lo que le importa no son ni los muertos, ni la inseguridad, ni el dominio del crimen organizado en amplias regiones del país, ni la falta de atención médica, ni la corrupción de los hijos del Presidente, sino tener asegurada su pensión de seis mil pesotes cada dos meses. Hay 12 millones de beneficiaros de este programa, según la cifra oficial. Multiplíquelo por un mínimo de cuatro miembros de la familia que según el Inegi se ven beneficiados, de manera directa o indirecta, en promedio. Suman así 48 millones de votantes potenciales.

Un dato resulta harto elocuente en la encuesta más deciente del periódico El Financiero: 64 por ciento de los entrevistados que dijeron recibir programas sociales respondieron que votarán por Claudia Sheinbaum Pardo, mientras apenas 21 lo harían por Xóchitl Gálvez Ruiz. ¡Una diferencia de 43 puntos porcentuales!

En contraste, entre el electorado que no recibe beneficios o apoyos sociales, la candidata del frente opositor Fuerza y Corazón por México lleva la delantera con 47 por ciento, 11 puntos delante de la oficialista Sheinbaum Pardo, que registra 36 por ciento entre ese segmento.

¿Está claro, o se los traduzco al chino?

Hizo mal Xóchitl en utilizar en redes sociales el logotipo del INE en una imagen en que atribuía al órgano electoral frases como “Ningún partido puede quitarte tus programas sociales: son tuyos”; “Gane quien gane los programas sociales se quedarán”, o “Si alguien te dice que puedes perder tur programas sociales, denúncialo”.

Peor ha hecho el INE en uno pronunciarse sobre el tema, como lo ha solicitado la oposición, al menos para asegurar en algo la equidad de la contienda. Caso omiso hizo a la solicitud, de la propia Gálvez Ruiz de emprender una campaña “urgente” en medios de comunicación donde se destaque que dichos programas “no son de ningún partido político y son pagados con recursos de los ciudadanos”.

Finalmente, la candidata opositora, que ha reconocido su error e inclusive se ha disculparlo, logró eso sí el objetivo: poner el tema en primer lugar en el debate previo al debate oficial.

Es un hecho absolutamente constatable que el propio Presidente usa cotidianamente los programas sociales con una finalidad electoral, lo que constituye por supuesto un delito que debiera ser sancionado; también lo usan Sheinbaum Pardo y Calara Brugada, y de hecho todos los candidatos de Morena y cómplices; pero también, los integrantes de las brigadas de los llamados Servidores de la Nación morenistas que recorren el territorio nacional para advertir  casa por casa del “riesgo” que significaría una victoria de los opositores: la supuesta desaparición de esos beneficios.

El activismo de esas brigadas es inclusive presumido en la propia página oficial del gobierno mexicano: “Todos los días, bajo el sol, la lluvia, sin descanso, recorren pueblos, cerros, caminos rurales y pequeñas veredas para llevar a los lugares más apartados, aquéllos a donde nunca se llegaba, los apoyos de los programas sociales. Ellos son los Servidores de la Nación” (sic).

En nuestro México, por lo demás, la dádiva tiene una fuerza brutal. Está en nuestra cultura. “Dadas, hasta puñaladas”, pone el refrán. He visto a centenares de personas hacer cola de dos horas o más por una nieve, una pelota, una gorra. “¿Quién te regala tres mil pesos al mes?”, me preguntó un amigo en referencia al depósito automático que recibe en su cuenta del banco del Bienestar.  Es el tema. Xóchitl lo tiene claro. Válgame.

DE LA LIBRE-TA

NO SE VALE. Tiene razón Andrés Manuel cuando afirma que no se vale involucrar a familiares de los candidatos en la campaña electoral. Lo malo es que lo diga después de que sus achichincles subieron a las redes sociales el video de Juan Pablo, el hijo de Xóchitl, con toda la obvia intención… y la oportunidad. ¿O fue casual? Por lo demás, hay que tener claro que el impoluto tabasqueño no es candidato –al menos formal–, sino Presidente de la República. Digo, por lo que dijo de los hijos.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti

https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz/

Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).

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