Siempre ha existido una disputa diplomática, aunque ácida, entre el Gobierno y las instituciones internacionales de Derechos Humanos; sin embargo en los últimos días se ha dado un endurecimiento inesperado de parte del poder mexicano en la interlocución.
Ya es una guerra contra todo el sistema universal de derechos humanos.
La declararon al negarse a que el grupo interdisciplinario de investigadores de Ayotzinapa entrevistará directamente a los militares que estuvieron de guardia el día de la tragedia; al pedirles que se vayan antes de haber emitido una opinión, aceptada por el Estado, que nos convenza de una verdadera “verdad histórica”.
La declararon al insultar a Juan Méndez, relator sobre casos de tortura, al descalificar a la comisión interamericana derechohumanista con el pretexto generalizado de los hechos aislados y al darle trámite a la temeraria y absurda denuncia contra Emilio Álvarez Icaza, dejando que los medios incondicionales al Gobierno lo atacaran.
Todo empezó en el 2006 con la guerra declarada contra los cárteles, que terminó fracasando por la fortaleza de los nexos de la comunidad narcogubernamental. El conflicto obligó al Gobierno a enfrentar el problema con herramientas de principios del siglo pasado: la tortura, la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la extorsión policial se incrementaron en la misma proporción que los homicidios y el combate territorial.
El Gobierno, penetrado hasta la médula por la delincuencia, necesitaba una visión de Estado, diseñada y aplicada por estadistas, para superar la situación crítica que vivimos. Allí fue el fallo, nuestros gobernantes no son estadistas; son burócratas que en el mejor de los casos quieren asegurar su próximo periodo para tener empleo.
Pero 10 años de violencia contra la población mexicana no pasaron desapercibidos para la comunidad internacional.
Precisamente para enfrentar situaciones graves de violencia contra los civiles se redactó una declaración al final de la guerra, en 1948, sobre los derechos humanos, y desde entonces se ha venido construyendo un sistema universal con normas, instituciones y mecanismos para asegurar que los gobernantes no abusen de su poder y pongan en riesgo la convivencia social.
El trabajo para fortalecer el sistema internacional derechohumanista ha sido arduo, y no faltó el incidente penoso que le resta credibilidad a todo el sistema; de 1948 para acá han sucedido muchos conflictos que han puesto en duda la habilidad de controlar los excesos de los gobernantes, pero la persistencia en defender a los seres humanos que viven en países con circunstancias de gran inestabilidad finalmente le ha ganado al sistema una fuerza moral que se traduce en capacidad para imponerse a los gobernantes abusivos y en mayores niveles de eficacia.
Sus peores enemigos son los estadistas corruptos y dictadores deshumanizados, y por eso es tan preocupante que el Gobierno de Peña Nieto prefiera declarar la guerra, ¿no advierte que la violación sistemática de los derechos humanos es una epidemia que se debe combatir con la colaboración internacional?
Romper las buenas relaciones con los derechos humanos es como romper con el sistema mundial de salud porque está diciendo que el Zika es peligroso y deben tomarse medidas preventivas para controlarlo; como si se ordenara a los laboratorios que falsificaran resultados para publicitar que en México ya se controló el virus, se denunciara a la Organización Mundial de la Salud por declarar que en el país hay muchos casos y se acusara al secretario de la OMS de fraude porque sus médicos diagnosticaron casos que no le convienen al Gobierno.
En ambos casos es posible que el Gobierno gane la guerra, pero la epidemia continuará y el país será cada vez más débil, mientras el sistema mundial de derechos humanos se fortalece con este México y otros más que negaran la realidad como en su momento lo hicieron Rwanda, la antigua Yugoslavia y Alemania en los momentos más negros de su historia.
