En Facebook hay varias personas llamadas Micaela Sánchez Gómez. La que nos ocupa hoy no aparece ahí. Ni es fan del América, ni tiene árbol genealógico ni es médica cirujana. Es una anciana de casi 89 años que vive en Chiapas, en pobreza extrema.
Doña Micaela personifica un caso en el que se quebrantan varios ordenamientos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1o, Párrafo 5. El texto prohibe la “…discriminación motivada por origen étnico –ella es indígena tzeltal– o nacional, el género –es mujer–, la edad –es anciana–, la condición social –su pobreza extrema–, las condiciones de salud –está impedida para caminar– (…) o cualquier otra que atente contra la dignidad humana –como la discriminación– y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” Discriminación multidimensional pura.
El asunto es que Doña Micaela recibe $1,092, apoyo del programa “65 y Más”, que el gobierno federal otorga a través de la Sedesol a personas mayores de esa edad. Antes tenía otra ayuda por conducto del Programa Amanecer, del gobierno estatal: 550 pesos al mes. Pero ésta le fue suspendida por el Instituto Amanecer. ¿El motivo? Que ella ya recibía el de “65 y Más”.
En fin, que un mal día se quedó sin una tercera parte de sus flacos ingresos. Pese a su incapacidad para caminar, por una fractura de cadera, gestionó con el apoyo del abogado Carlos López Barrios un amparo contra la decisión del gobierno de Chiapas. El amparo 866/2013 fue otorgado por un juez y el domingo pasado el personal del Instituto Amanecer le entregó a Doña Micaela, en su casa en Ocosingo, un cheque por $5,500, monto por los 10 meses que le adeudaban.
Visto hasta ahí, el caso es otra muestra de los abusos que sufren constantemente los mexicanos más débiles, pese a ser quienes más ayuda necesitan. Pero cuando se contrastan casos como el de Doña Micaela con los privilegios que permiten a la clase política llenar sus bolsillos particulares, el tema entra al terreno de la violencia social. Violencia es el lujo urbano ultramoderno y ostentoso, cuando colinda con una colonia formada por casas de cartón; violencia es la riqueza extrema de pocos que se logra a costa de la pobreza extrema de las masas. A esa violencia se refería Sergio Leone en Acapulco cuando, desde el lujo del Centro de Convenciones, veía las casas de los cerros cercanos. Y violencia es que los encargados de procurar el bienestar de la sociedad, la expriman en beneficio propio.
Por todo lo anterior, no es casualidad que la gente se rebele en los estados más pobres. Es ahí donde hay más desigualdad, donde más violentamente se vive la opresión de la clase dominante. Atender a los mexicanos más débiles es urgente. No se nos olvide que la violencia genera violencia.
Las aberraciones que comenten algunos políticos que utilizan dinero nuestro (también el de usted, que lee esto) para fines tan incalificables como el que personificó el dirigente capitalino del PRI, son actos de violencia; sobre todo cuando se contrastan con el caso de Doña Micaela. El dinero público es de los ciudadanos (sí, suyo) y debiera ayudar a gente como ella, en vez de pagar depravaciones. Eso mitigaría la violencia social no armada que vivimos día con día.
