“Por favor señor procurador, álcele la camisa para que los medios puedan ver que no ha sido torturado. Así no podrá mentir después”, palabras que mencionó la hoy candidata por el Partido Acción Nacional a la Jefatura de Gobierno del DF, Isabel Miranda de Wallace, cuando se presentó al que ella señalaba como el actor material del secuestro de su hijo. Frente a los medios de comunicación, mientras el detenido estaba esposado y rodeado de personal armado, se le alzó la camiseta. Por la notoriedad del caso, la imagen se reprodujo en todos los noticieros nocturnos. Salió en la tele, entonces es culpable. Prácticamente nos podríamos haber ahorrado el juicio legal, la suerte estaba echada.

La exhibición de detenidos ante los medios de comunicación se ha vuelto parte del contenido informativo. Las autoridades han logrado imponer imágenes y contenido a los medios. Han logrado usar a la televisión para realizar juicios mediáticos y sumarios. Los breves minutos en pantalla han sustituido los largos procesos judiciales. En aras de mostrar resultados contra el crimen, los gobiernos han optado por proveer a los medios de comunicación información basada en la ilegalidad de actos de exhibición de personas detenidas. Los medios, por el otro lado, sin cuestionar la información provista por las autoridades, toman y reproducen la información ilegal y violatoria de principios fundamentales con el único fin de dar la nota utilizando su muletilla favorita la de “presunto responsable”, como si la palabra presunto diera carta blanca para violar su presunción de inocencia. Al final de la cadena, está la sociedad que está ávida de consumir información que le indique que está más segura, que más criminales están detenidos.

La exhibición de detenidos es el inicio de todo un ciclo de ilegalidad al cual nos hemos acostumbrado. Esto quiere decir que nos hemos acostumbrado a la vulneración constante del estado de derecho. Y esto no es un asunto menor para una sociedad que busca afianzar su democracia. Porque al final sólo hay dos caminos, el de fortalecer un estado donde las leyes sean aplicables a todos por igual (incluyendo personas detenidas) o un Estado donde haya excepciones. ¿Usted por cuál opta?

La sociedad está dividida entre qué camino tomar. El caso de Florence Cassez y el debate generado por la ponencia del Ministro Zaldivar ha dejado al descubierto lo primitivo de algunas personas que detentan reputación o poder. Algunas de ellas inclusive han puesto en la balanza el debido proceso contra el derecho de las víctimas. Pensemos si queremos estar del lado de quienes confunden venganza con justicia (como Isabel Miranda de Wallace) o si aspiramos, como el Ministro, a un país donde el cumplimiento de la ley para todos y la garantía del ejercicio de sus derechos sean la regla y no la excepción.

Los alegatos jurídicos de varios Ministros en torno al caso de la francesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejaron ir la responsabilidad de fortalecer el estado de derecho de nuestro país. El caso Cassez resultaba la oportunidad perfecta para decirle a los medios, gobierno y sociedad que el debido proceso y el marco legal es igual para todos, e indispensable para nuestra democracia.

Días después del fiasco en la Suprema Corte, la CDHDF en su calidad de organismo especializado en determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos en el DF alzó la mano en un tema central y emitió una controversial, y aún así, importante recomendación sobre la violación a derechos fundamentales de personas exhibidas ante medios de comunicación. Después de un minucioso estudio señaló que en 42 casos en que fueron exhibidas ante medios de comunicación como probables responsables, 50 personas, se comprobó  la existencia de violaciones a los derechos humanos siguientes: presunción de inocencia; defensa adecuada; igualdad ante la ley y tribunales; honra, reputación, vida privada e intimidad; así como a la integridad personal, al considerarse como un trato cruel, inhumano y degradante.

La CDHDF documentó que de los casos señalados hay 21 personas que fueron liberadas por el Poder Judicial al acreditarse que la exhibición se hizo sin contar pruebas de la acusación, e inclusive a 24 personas se les arraigó después de la exhibición ante medios, ya que la PGJDF no contaba con elementos de prueba suficientes para acusarlas. Pero el juicio estaba dado, habían salido en la tele y eran culpables.

La autoridad basaba su acto violatorio en la idea que la exhibición podría generar mayores denuncias. No fue así, la Comisión del DF documentó que esto no fue así, ninguno de los casos se logró el objetivo tras la exhibición pública. La recomendación evidencia un problema sistémico que involucra al gobierno, a los medios de comunicación y a la sociedad. Un sistema perfecto de impunidad.

La CDHDF ha sido valiente con la emisión de la comentada recomendación. Seguramente no será muy popular, pero su destreza y fuerza radica en el cumplimiento de su mandato de defensa y protección de los derechos humanos. La recomendación debe ponernos a pensar en qué país queremos, porque al final solamente podemos decidir si el estado de derecho será inquebrantable o dependerá de cada caso su vigencia. La recomendación va dirigida a la Procuraduría local, esperemos que no cometa el grave error de no aceptarla. Pero también, de manera tácita, va dirigida a los medios de comunicación, ¿Estarán dispuestos a no reproducir información que vulnera derechos fundamentales, que refuerza estereotipos y que desinforma a la sociedad? La respuesta a esta pregunta resultaría fundamental para romper el sistema de ilegalidad que alimenta el espectáculo de los detenidos o como les gusta llamarles “presuntos responsables”.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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