El gasto público destinado a pagar pensiones está creciendo año con año porque la población está envejeciendo aceleradamente y, por otro lado, las afores resultaron contraproducentes para los trabajadores.
Ciudad de México, 5 de febrero (SinEmbargo).– En vísperas de las elecciones presidenciales, y su partido sin mayoría calificada en el Congreso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará este Día de la Constitución un paquete de reformas constitucionales, entre ellas, la judicial, la electoral y al sistema de pensiones mexicano.
En el discurso, se planteó que se revertirá parte de la Ley neoliberal de 1997 del Gobierno de Ernesto Zedillo, esto es, y como no ocurre en ningún país, el trabajador se jubilará con la totalidad de su salario.
El coordinador de diputados del PRI, Rubén Moreira, así como el bloque panista, plantearon que si la propuesta justifica de dónde saldrán esos recursos, votarían a favor. Declaraciones que el Presidente atribuyó a “desesperación” por la temporada electoral.
La misma aspirante presidencial del PRI y del PAN, Xóchitl Gálvez Ruiz, dijo que respaldaba la iniciativa. “Por supuesto que estamos de acuerdo con que los mexicanos tengan una pensión digna. Lo comparto y lo vamos a apoyar”, declaró la semana pasada en su conferencia de prensa.
“La derogación de la reforma de Zedillo es la vía. La verdad veo complicado la construcción de esas dos terceras partes (mayoría calificada) en estos momentos, no la descarto, pero nos iríamos al plan C (en la próxima legislatura)”, reconoció en entrevista el Diputado de Morena Alejandro Robles.
En efecto, aún cuando el Presidente presente este lunes en su paquete de reformas una iniciativa para modificar el sistema de retiro, se prevé que sea una modificación a la Constitución para lo cual Morena, su partido, junto a sus aliados el PT y el Partido Verde no cuentan con la representación de las dos terceras partes del Congreso que les daría una mayoría calificada para avalar una reforma constitucional.
La intención de enviar esta iniciativa al Congreso y no en septiembre con la nueva Legislatura —resultado de las urnas en la que buscan la representación necesaria por medio del llamado Plan C— fue vista por algunos observadores como una maniobra política del Presidente para tener las bases de cuestionar a la oposición la falta de apoyo en una medida popular, esto ha llevado al PRI, el PAN y a su candidata Xóchitl Gálvez a decir que la respaldarían bajo ciertas condiciones.
El Diputado Alejandro Robles, integrante de la Comisión del Trabajo presentó una reforma al artículo 4 constitucional para que la pensión universal (de Bienestar, no contributiva) sea a partir de los 65 años sin importar el lugar donde se viva (migrantes); y también se constitucionalice la entrega de pensiones a personas con discapacidad.
“Es algo que en los hechos está sucediendo, la política pública así se está implementando, y estamos elevando a rango constitucional esta realidad: no tenemos la seguridad de que permanentemente tengamos siempre un Presidente o Presidenta comprometido con el pueblo”, argumentó el legislador.
Al respecto, analistas financieros comentaron que el Gobierno federal no necesita reformas constitucionales para modificar el sistema actual de pensiones, sino disminuir las pensiones altas a cierto sector de la población, aumentar impuestos o incrementar la edad de retiro, las cuales han generado revueltas en otros países con un alto nivel de población geriátrica como Francia o Italia.
“Estamos gastando poco más de la quinta parte del presupuesto solo en pensiones y al final no tenemos una fuente de financiamiento estable para que cubramos ese gasto que está creciendo año con año porque la población está envejeciendo aceleradamente y porque hay una pensión no contributiva (programa social) que ha estado creciendo mucho”, dijo Alejandra Macías, directora del Centro de Investigaciones Económicas y Presupuestarias (CIEP).
Y para contar con esa fuente de financiamiento estable, se requiere una reforma fiscal. Del lado tributario, revisar el Impuesto sobre la Renta (ISR), implementar tenencia y mejorar el impuesto predial. Y del lado de gastos, añadió:
“La reforma de pensiones tendría que revisar la magnitud de las pensiones grandes, hay personas que reciben pensiones caras y que estamos pagando todos los mexicanos, sin justificarse con el ‘derecho adquirido'”.
Por su parte, el coordinador de finanzas públicas del IMCO, Diego Díaz, planteó que la reforma, sin necesitar mayoría calificada, puede aumentar la aportación gubernamental al ahorro del trabajador, como aumentó la aportación patronal en 2020.
“Podría incrementar esta cuota social sin ningún problema y de esta forma cumplir con ese objetivo sin tener que pasar por una reforma constitucional”, dijo luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró hace unos días que “el Gobierno va a asumir una parte considerable de este desequilibrio”.
Aunque descartó que, como sugirió el mandatario, absorbiendo el presupuesto de los órganos autónomos como el IFT o el INAI alcance para pagar las pensiones en su totalidad porque se estaría hablando de billones de pesos. En 2024, 2 billones de pesos del gasto público se destina a este rubro.
¿TENDENCIA A REVERTIR AFORES?
En 2020-2021, el Gobierno de López Obrador tuvo un primer acercamiento y, tras aprobarse por el Congreso con mayoría simple, entró en vigor las reformas a la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR).
No obstante, ese cambio legal no abordó la tendencia internacional que se pronuncia por la reversión o regularización de la privatización de los sistemas de pensiones (afores) por generar más beneficios a la iniciativa privada que al trabajador, que absorbe los costos administrativos.
Estos ajustes se limitaron a que el requisito para tener derecho a la pensión se redujo a 1,000 semanas cotizadas; la aportación patronal al ahorro se incrementó de manera gradual de acuerdo al salario base de cada trabajador y las comisiones que cobren las afores estarán sujetas a un máximo.
“De nada sirve para los trabajadores que el sistema a través de las administradoras de fondos para el retiro (afore) concentre casi más de cuatro billones de recursos y genere grandes utilidades para éstas, y en cambio no les otorgue pensiones a causa de la situación del empleo en el país (la mitad está en la informalidad). De 67.1 millones de cuentas individuales, más del 40 por ciento están inactivas, carecen de cotizaciones”, aseguró la investigadora en derecho de la seguridad social, María Ascensión Morales.
Y advirtió en un artículo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre las consecuencias desfavorables de las afores a nivel global: “la cobertura se estancó o disminuyó; los niveles de beneficios se deterioraron; aumentó la desigualdad de género y de ingresos; los altos costos de transición crearon enormes presiones fiscales; los costos administrativos no se redujeron; el sector financiero se benefició de los ahorros de los trabajadores y éstos enfrentaron los riesgos demográficos”.
Sin embargo, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) ha informado en estos días que los 70 millones de trabajadores que tienen afore pueden tener certeza de que su cuenta seguirá. Los legisladores de oposición, tanto del PAN como del PRI, han dicho que acompañarán la reforma de pensiones si no se tocan las afores y si se demuestra que es financieramente viable.
“El desear que todo el que trabaje pueda retirarse con el 100 por ciento de su ingreso es una cosa maravillosa. No ocurre en ninguna parte del mundo, por cierto, en donde están mejor es en Brasil y es el 80 por ciento. La pregunta es cómo, sino te dicen cómo lo piensan lograr, entonces es un acto mentiroso, un acto irresponsable que lo único que quiere es conseguir votos”, afirmó el Senador panista Julen Rementería.
Y sobre las afores comentó: “Me parece que las afores han estado manejadas bien. Puede ser mejor, seguramente sí, revisémoslo y hagámoslo mejor. Pero pensar que el Gobierno las va administrar mejor simplemente yo no lo creo, y me parece que tampoco (lo creen) las personas que están aportando, los dueños de ese dinero”.
Lo que es un hecho es que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones mexicano tiene retos importantes. El gasto que cada año contempla el Gobierno federal en pensiones ha crecido de manera constante a partir de 2005.
El panorama indica que el gasto en pensiones seguirá aumentando por el cambio demográfico y por la generación de transición (de la Ley 73 a Ley 97). Las proyecciones estimadas indican que para 2030 el gasto en pensiones de reparto se ubicará en 5.2 por ciento del PIB, al que se sumará el gasto en la pensión no contributiva.
