Los datos del Coneval son contundentes: ser joven en México te hace propenso a la pobreza. Pero se puede escalar en esa condición si se le agregan características como vivir en una zona rural, ser indígena y ser mujer.
Ante esta problemática, Jorge Romero, director de Rimisp para México y Centroamérica, explica que los gobiernos en México han trabajado históricamente sin información específica para atender a los jóvenes en su contexto y generan políticas que los uniforman, por lo que no impactan en su realidad.
A ello se suma, dice el experto, que la corrupción y la opacidad limitan aún más el impacto de los programas sociales que deben atender a este sector poblacional.
ADEMÁS
Ciudad de México, 5 de enero (SinEmbargo).- La pobreza en México tiene diferentes escalones con los que se agudiza. Si en México eres joven, eres propenso a ser pobre; si eres joven y habitas en una comunidad rural, tienes más probabilidades de ser pobre; si eres joven, vives en una zona rural y además eres indígena, son mayores las posibilidades de padecer esta condición social; pero si eres joven, vives en una zona rural, y además eres indígena y mujer, la pobreza es un destino casi obligado.
De la población en México que habita en zonas rurales, el 40.8 por ciento vive en condiciones de pobreza moderada y el 17.4 por ciento, en pobreza extrema. Los porcentajes cambian cuando se trata de la población que habita en zonas rurales; el 34.4 por ciento registra una pobreza moderada y el 4.7 por ciento, pobreza extrema, según la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Los números de pobreza por grupos de edad, muestran que esta condición se concentra en la población joven. El 51.1 por ciento de los mexicanos menores de 18 años es pobre.
Sucede lo mismo en las cifras de pobreza en población indígena y no indígena. El 77.6 por ciento de los indígenas son pobres, frente a 41 por ciento de la población no indígena que también es pobre.
Finalmente, el porcentaje de mujeres indígenas que viven en zonas rurales que son pobres, es de 85.1 por ciento, frente al 37.3 por ciento de pobreza registrada en hombres no indígenas en zonas urbanas.
Los datos de Coneval muestran una realidad: en México, ser joven te hace propenso a la pobreza. Pero se puede escalar en esa condición si se le agregan características como vivir en una zona rural, ser indígena y ser mujer.
De acuerdo con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), la persistencia de estas condiciones revela que el país no ha sabido brindar la atención necesaria a estos sectores que sobreviven marginados.
Para los jóvenes esto se traduce en violencia, migración y un círculo de pobreza del que difícilmente se sale al tener oportunidades de desarrollo muy limitadas.
Con base en el Diagnóstico de la Juventud Rural en México y las Acciones para Atenderles, elaborado por Rimisp, en México viven 37 millones y medio de jóvenes; 49.3 por ciento de ellos son hombres y 51.7 por ciento son mujeres. Una zona rural, de acuerdo con Inegi, es en la que habitan menos de 2 mil 500 habitantes; entonces 27 millones y medio de personas viven en estas localidades, y ahí habitan 8 millones y medio de jóvenes entre 12 y 29 años (es decir, 30 por ciento de su población, o el 6.5 por ciento de la población total del país).
En entrevista con SinEmbargo, Jorge Romero, director de Rimisp para México y Centroamérica, los jóvenes en México son poco visibles y los jóvenes del campo mexicano, son prácticamente invisibles, por lo que el diagnóstico busca hacer visibles las brechas de atención que enfrentan, formular propuestas y políticas públicas que sean capaces de detener y atender esas brechas.
En el proyecto están la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Cátedra de Dinámicas Territoriales y Bienestar de la Universidad Iberoamericana, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Oxfam México, México Social y El Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY).
“Se deben empezar a discutir las características del campo mexicano y crear una agenda enfocada a la inclusión y movilidad; para discutir cuáles son los principales problemas que enfrentan los jóvenes rurales, para discutir quiénes son, cuántos son, dónde están los jóvenes rurales y ver cuáles son las políticas de atención con las que están trabajando. Hay que dar cuenta de las características de la desigualdad que hay, las condiciones de pobreza, de salud, acceso a opciones de inclusión laboral y productiva en el campo en relación con zonas urbanas”, comentó Romero.
Uno de los retos es la información. El investigador destacó que hasta el momento hay pocos datos que dan cuenta de estas localidades y su representatividad se limita al censo, por lo que los programas sociales se ven afectados.
Se debe identificar, dijo, a poblaciones objetivo y mejorar la información y los resultados de la política pública porque hasta ahora, las políticas públicas de fomento productivo para jóvenes, además de que son muy pocas y tienen una proporción de presupuesto muy baja, no tienen buena información para dar cuenta de sus resultados.
PRIMERO, RECONOCERLOS
–Derivado de esta gran monografía, ¿cuáles serían las urgencias que tiene esta población a corto y largo plazos?
–Hay distintos tipos de jóvenes rurales y hay una urgencia desde la perspectiva de la política pública en general, que es la de generar mejor información.
Otra que es hacer política que mejore el ciclo de vida de los jóvenes. Que identifique, por ejemplo, que se necesitan políticas que tomen en cuenta que durante la etapa de educación, hay brechas de infraestructura educativa que impide que los jóvenes tengan acceso a la educación. Luego en la etapa productiva, que haya alternativas de inclusión, lograr apoyos para generar proyectos productivos, que puedan recibirlos y eventualmente ejercer un trabajo en el cual cuenten con prestaciones, particularmente seguridad social, pero por lo menos algún tipo de seguro.
Lo que vemos es que no existe una perspectiva integral. Se tiene que trabajar en componentes específicos.
Hay condiciones de infraestructura educativa que hacen prácticamente imposible que muchos jóvenes vayan a la escuela y no hay un aumento en la inversión para construir en comunidades aisladas, a pesar de que el diagnóstico en 2013 lo identificó y a pesar de que se han construido un par de esquemas para acercar recursos para la inversión de infraestructura educativa. No se han concretado ni han resultado en más escuelas u opciones educativas después de la secundaria en comunidades rurales.
Lo mismo con las condiciones de salud. Vemos que el Seguro Popular es particularmente importante en comunidades rurales y particularmente en comunidades indígenas, pero que no necesariamente genera condiciones para acceder a la salud, entonces es difícil acceder a clínicas y esto es muy probable que se vea problematizado por el sismo en Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas sin ninguna duda, ya que son muchas más las clínicas y hospitales afectados por el sismo de los que se tenían originalmente censados.
Desde la otra perspectiva, del conjunto de políticas que deben trabajar para dar opciones a los jóvenes, realmente no hay una política de inclusión laboral que distinga a jóvenes rurales. Tenemos acciones dispersas que no generan lo necesario para realmente dar opciones de inclusión laboral en estas condiciones.
La alta desocupación que existe en comunidades rurales es algo que va a continuar y la desocupación de las mujeres, también. Eso es problemático y preocupante porque contribuye a las trampas de pobreza territorial en el mediano y largo plazo.
Los esfuerzos que se han hecho para dirigir opciones de fomento productivo en los jóvenes, se han hecho en un momento en que la política pública en México sí ha generado algunas alternativas para dar opciones de fomento productivo a jóvenes , aún en el campo, pero no tenemos suficiente información de cómo se están destinando esos recursos; ha habido retrocesos en términos de transparencia.
Por ejemplo, hace tres años, cuando el programa estaba en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) había padrón de beneficiarios y ahora que está en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ya no hay. Se ha difuminado la población objetivo porque este es un componente de un programa mucho más amplio que tiene cuatro o cinco objetivos, entonces no hay claridad de cómo se trabaja con jóvenes rurales específicamente y este es el principal.
Hay otros que trabajan con fomento productivo para jóvenes, pero no se identifica a población objetivo ni los resultados.
El tema es que no hay información, no sabemos cómo se dirigen a ellos, la población objetivo cuando es abierta impide generar metas y definir indicadores a partir de los cuales se valora cómo se va progresando o evolucionando hacia el cumplimiento del objetivo.
–¿Entonces lo programas sociales son una lista de intentos a medias?
–Son intentos incompletos. Son esfuerzos con una orientación loable, que es dar opciones, pero con pocas bases para garantizar que los recursos se destinen eficazmente a lo que deben destinarse.
Estamos en un momento importante para mejorar dos tipos de información: la que nos permita diferenciar a juventud rural, para trabajar con todos los grupos y no destinar todos los recursos a la juventud de comunidades urbanas, lo cual aumentaría las brechas de atención, generaría condiciones para irlas cerrando. Y dos, mejorar los resultados y la información de resultados de la política pública en el corto plazo, es decir, además de diferenciar entre juventudes, identificar claramente a quién se le dan tales beneficios y cuáles son los resultados, cómo se complementan con otros.
Eso es importante porque sabemos de la experiencia de los últimos 20 años, que los recursos de fomento productivo requieren distintos complementos: asistencia técnica, trabajo para el desarrollo de nuevas tecnologías, apoyo para acceder a recursos financieros o créditos complementarios que permitan apoyar el proyecto, etcétera.
Y en la medida y sólo en la medida en que se dan estos recursos que permiten complementar los apoyos para el fomento productivo, hay posibilidad de éxito.
Ahorita estamos, con estos cuatro programas que destinan apoyo para el fomento productivo a los jóvenes, muy lejos de esas condiciones: Fomento a pequeños productores (el que integra el componente Arráigate que es el que va dirigido a jóvenes rurales específicamente). Ese programa tiene 15 mil millones de pesos, pero a los jóvenes son 500 millones de pesos nada más, alrededor del 3 por ciento; el Fondo Nacional Emprendedor (que es operado por el Instituto Nacional del Emprendedor, Inadem); el Programa de Fomento a la Economía Social (operado por el Instituto Nacional de la Economía Social, Inaes) y Prospera, que se incorporó desde 2017. Hay un componente pequeño, de menos de 1 millón de pesos siempre, que es de Actividades para Planeación, Dirección y Evaluación.
***
–¿Sólo en los programas han detectado esta diferencia de trato entre jóvenes rurales y jóvenes urbanos?
–Ojalá sólo fuera ahí, pero no. Sólo hay un componente que va dirigido a jóvenes rurales y otro a mujeres. Antes eran componentes que se fusionaron y se perdió mucha información, pero para los otros no hay siquiera esa diferenciación.
Sabemos que son fondos que en teoría van a jóvenes, pero no tenemos información detallada de si se cumple o no con atender a un grupo de jóvenes como población objetivo y ese es el problema.
Ahí es donde queremos trabajar, crear claridad sobre cuánto se destina a los jóvenes, cuántos son jóvenes rurales, cuántos son jóvenes urbanos y dar cuenta de cuánto representan estos jóvenes como porcentaje de una población objetivo.
–Mucha parte del problema entonces parte de la información disponible. ¿Desde cuándo hay esta situación?
–Siempre ha sido así, pero ya van dos o tres años que la mayor parte de los programas han generado recomendaciones de Coneval, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que se genere información. En teoría es algo en lo que se está trabajando pero no se ha integrado.
–Sobre el elemento de acceso a la salud, educación y empleo de calidad, ¿cómo se abordan esos retos?
–Esos son de largo plazo. Se necesitan más recursos, más eficacia en la coordinación, porque se trata de recursos federalizados. No puede llegar la SEP a decir en Chiapas o Oaxaca que va a crear escuelas.
Esto es problemático por transparencia y condiciones de corrupción. Sin duda está como ejemplo la situación de Veracruz en los últimos siete años; una buena parte de los recursos que se desviaron fueron recursos para infraestructura sanitaria y de salud, porque es fácil, es más fácil que otros recursos para los cuales hay más y mejores controles.
Y no es solo un problema de que no se quieran gastar el dinero porque existe la probabilidad de que se lo roben, también es un problema porque no hay coordinación eficaz para identificar las necesidades de infraestructura.
Esa coordinación, además de destinar más recursos, va a tomar mucho tiempo, pero es importante poner sobre la mesa esas brechas porque son importantes y porque sí hay mucho menos infraestructura educativa que genera eventualmente muchas otras limitantes, da menos opciones oportunidades de desarrollo para los jóvenes de entre 12 y 19 años.
Eso termina generado consecuencias que pueden destinar a la pobreza en el mediano y largo plazo a esa población, porque sus opciones a mediano y largo plazo son mucho menores que las de jóvenes en comunidades urbanas.
ADEMÁS
EL FUTURO LABORAL DE LOS JÓVENES
Los mexicanos son de los peor pagados y con empleos de más baja calidad en América Latina, de acuerdo con el Índice de Mejores Empleos presentado en meses pasados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
El país se ubica entre los cinco peores países de 17 evaluados, ocupa la posición 13, con un promedio menor al de la región. México también registra una importante brecha de género entre los países evaluados por el BID. Es la cuarta nación con la mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres en el Índice de Mejores Trabajos.
– En este contexto, las condiciones laborales a las que aspiran los jóvenes mexicanos también son malas…
–Claro y eso es en parte por la educación, porque la educación y el nivel educativo limita el acceso. Pero también en algunos casos, porque hay mucha lejanía a los lugares de trabajo.
Parte de lo que hemos hecho en Rimisp, acompañados de la Cátedra de Dinámicas Territoriales y Bienestar es identificar cómo se van integrando territorios, en lo que llamamos territorios funcionales y que representan alternativas para que quienes viven en comunidades rurales aisladas o intermedias, pero que están cerca de algunos centros urbanos, se desarrollen vínculos laborales.
Buena parte de los jóvenes rurales, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), no se están dedicando a la agricultura, sino a la industria y manufactura. Son empleados en industrias, o en comercio y servicios.
Esto era de esperarse porque las perspectivas del desarrollo agropecuario son limitadas porque el acceso a la tierra es limitado, porque hay un viejo problema de envejecimiento en el campo que hemos venido analizando en los últimos 10 años en México.
Pero no existen condiciones para darles opciones de inclusión laboral que les permita acceder a beneficios de trabajo formal; la agenda de trabajo digno de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo, señala que tenemos un porcentaje muy bajo de jóvenes asegurados, mucho más acentuado en comunidades rurales.
Para quienes cuentan con activos o acceso a financiamiento o tienen la perspectiva de poder hacer actividades de emprendedurismo , necesariamente no cuentan con los apoyos. Es una combinación de factores que limitan estas posibilidades de acceso.
Desde la perspectiva de educación esto es algo diagnosticado, hay un problema con opciones educativas pertinentes. Es decir, no tenemos necesariamente escuelas politécnicas adecuadas al conjunto de actividades que se realizan en territorios específicos y eso lo que genera es que no hay opciones educativas que le den a los jóvenes en algunos territorios opciones para insertarse en el desarrollo económico de esos territorios en el mediano plazo.
Foto: Tercero Díaz, Cuartoscuro
EL CASO DE LAS MUJERES
A pesar de los compromisos internacionales que México ha firmado para erradicar la violencia en contra de las mujeres, el día a día y las cifras muestran un avance lento. La violencia de género no son sólo son golpes, gritos o feminicidios, sino violencia económica y laboral.
El problema tiene varias raíces y se refleja en desempleo y/o en bajos salarios en comparación con el que recibe un hombre por hacer las mismas tareas. Y las causas, que también son varias, se complementan: están las empresas que no las contratan en las mismas condiciones que a un hombre “porque se embarazan”; una madre que debe aceptar un trabajo mal pagado porque es flexible y le permite cumplir con su otro trabajo –no remunerado– de cuidar la casa y la familia, o que a pesar de tener estudios de doctorado, no ocupan puestos directivos porque un hombre tiene más capacidad.
Para que una mujer pueda ganar el salario que un hombre recibe en 12 meses, tendría que trabajar 15. De acuerdo con la OIT, erradicar estas condiciones tomará, por lo menos, 70 años.
–Sobre la combinación de factores, ¿qué encontraron en el caso de las mujeres jóvenes que habitan en zonas rurales?
Sabemos que tienen un porcentaje mayor de educación, hay más mujeres desocupadas y no disponibles para el empleo y para ser parte de la Población Económicamente Activa (PEA).
La mayor parte de las personas que no tienen ocupación entre los jóvenes son mujeres y esto se explica por el papel que juegan las mujeres en el cuidado del hogar y también por el embarazo.
Las mujeres desertan de la escuela por muchas razones: embarazo, porque son obligadas por la familia, porque se dedican a cuidar a otros familiares o el hogar.
Las tres son causas importantes, pero también la de que no encuentran opciones educativas.
Estos múltiples factores causales son los que van explicando la importante diferencia en la ocupación de las mujeres.
Desde la otra perspectiva, no tenemos necesariamente información para entender claramente el papel que juegan las mujeres en la economía del cuidado y para poder valorar esa aportación económica, lo cual también es problemático porque entonces sabemos que hay una parte de mujeres que se dedica a la economía del cuidado y que buena parte de esa economía no es remunerada, pero no hay información amplia para hacer esa valoración.
–¿Qué tan difícil es romper ese tipo de condiciones?
–Es difícil y se van reforzando. Un embarazo, falta de oportunidades, falta de dinero, la obligan a quedarse, no la obligan pero la inducen a hacer quehaceres en el hogar. Esto se va reforzando, en algún momento dejan la escuela para hacerse cargo de esto y no tiene dinero y limita sus opciones de desarrollo.
Es un círculo vicioso de desocupación y de mala remuneración en función de la cual se explica buena parte de la brecha.
La otra cosa es que para una cuarta parte de las mujeres ocupadas está ocupada, pero el salario siempre es menor y eso ocurre en México en general.
Eso se combate con políticas dirigidas, eso se debe trabajar con estrategias para entender el fenómeno y regularlo desde la STPS con acciones de educación que ahora no se llevan a cabo y con campañas y estrategias para sensibilizar sobre esta temática.
En realidad hay un secreto para todas las políticas: todas tienen que generar condiciones para el mediano y largo plazo. Nada cambiará en el corto plazo.
Vamos a abrir oportunidades de incidencia y de transformación de la política pública en temas específicos, de mejorar información, de hacer visibles los problemas como este.
ADEMÁS
