Después de que los militares se retiraron de Ciudad Juárez en marzo de 2010, se hizo cargo de la seguridad citadina la Policía federal, bajo el mando del comisionado nacional Facundo Rosas. Aunque el mando militar fue sustituido por el mando civil en Ciudad Juárez, el Ejército seguía vigilando el resto del Estado, sobre todo en la zona rural.

En febrero de 2010 me reuní con Alejandro Páez y Ricardo Raphael, entonces importantes miembros del periódico El Universal donde yo era articulista, y don Ricardo me explicó que se había organizado un proceso de diálogo cívico militar para reflexionar sobre la práctica del Ejército en tareas de Seguridad Pública, como un esfuerzo sincero y autocrítico. La invitación y el contacto a la reunión me los dio Jesús Robles Maloof, un entrañable amigo activista.

La primera reunión fue en Torreón, Coahuila y posteriormente hubo reuniones cada 3 o 4 semanas, en Ciudad Juárez o en la Laguna hasta que tomó posesión Enrique Peña Nieto, y los resultados fueron impresionantes: miles de casos de violaciones a los Derechos Humanos por año se redujeron a menos de cien en el mismo periodo.

Pero el proceso fue complicado, los foros estaban dirigidos a los mandos operativos de cada ciudad en esos estados o área geográfica, y cada uno se mostró rebelde al tener que acatar la normatividad constitucional; la única ley que reconocían eran las órdenes del secretario general y constantemente se rebelaron contra el general Sandoval, jefe de la 5ta Zona Militar y contra el jefe de la región Coahuila-Chihuahua, hasta que llegó una carta escrita personalmente por el secretario general de la Defensa Nacional.

El documento les ordenaba que debían respetar los derechos fundamentales o atenerse a las sanciones de ley, y su autenticidad era indiscutible pues se había impreso en una impresora de puntos, que al parecer usaba el general para ciertas comunicaciones de alta prioridad. Con eso se acabaron los abusos militares, salvo algunas excepciones: la desaparición forzada de tres jóvenes de la familia Alvarado, todavía pendiente de resolver.

De forma paralela, y gracias al empeño de Cipriana Jurado con apoyo de Amnistía Internacional y la conformidad del Ejército, se lograron procesar dos casos de desaparición forzada ante los tribunales de Distrito, evitando el fuero militar y obteniendo unas 22 órdenes de aprehensión contra los oficiales y tropas responsables de la aprehensión de los jóvenes desaparecidos. Esa nueva realidad sometió a los militares a la ley civil y su práctica mejoró sustancialmente, comparada con el periodo anterior de plena impunidad.

Aunque salí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en 2014 y desconozco si ese control sobre la tropa continuó, la enseñanza que se obtuvo fue que, si las órdenes vienen del secretario general de Defensa Nacional y son aplicadas por los jefes de las zonas militares y mandos intermedios, los militares sí respetan la Ley. La violencia no está en su ADN, pero obedecer a sus superiores sí (ahí el riesgo de que estos mandos actúen sin mayor supervisión).

Desde abril de 2010 Facundo Rosas, en relación directa con el ingeniero García Luna, con el jefe de asesores del presidente de la República y con Margarita Zavala; además de unos 6 mil policías federales coordinados cotidianamente con la Fiscalía del Estado, la PGR y un grupo de ciudadanos, ha ido desarrollando una estrategia de contención de la violencia y delincuencia en la ciudad, de la cual hablaremos en la siguiente entrega.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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