La narrativa triunfal oficialista de la administración de Peña Nieto cambió abruptamente por dos eventos: la desaparición forzada de 43 normalistas y la evidente corrupción y conflicto de interés en el caso de la Casa Blanca. Con estos dos hechos, la administración no podrá retomar sus laureles en los cuales tan cómoda yacía. Son dos hechos que han cimbrado y cambiado la historia de nuestro país.

“Nadie le cree al Presidente”, era lo que me venía a la mente cuando revisaba el discurso del decálogo peñista presentado el pasado 27 de noviembre. Un discurso tardío, torpe, demagogo y, sobre todo engañoso. Después de escuchar los 36 minutos de discurso – y recordemos que el presidente no ha hablado más de 20 minutos seguidos sobre ambos temas- reparé que el 72% de la población no le cree al presidente sobre lo que ha dicho de la Casa Blanca (Reforma 22/11/14). Es un Presidente sin legitimidad.  Y ahora bien, ¿cuántos le creerán que está dentro de su interés llevar justicia a las 43 familias de los normalistas? No tengo el dato, pero por lo que ha dicho y hecho el gobierno a más de dos meses de la desaparición forzada, se antoja que el porcentaje sea igual o mayor. Nadie le cree porque no hay nada que creer.

Peña se equivoca peligrosamente al decir en su discurso “todos somos Ayotzinapa”. No, no él, no de esa manera, no tan tardíamente, no después de no poder dar información fidedigna e irrefutable sobre dónde están los 43 normalistas. La frase que he escuchado retumbar en las marchas Reforma no es un slogan publicitario, Señor Presidente, es un hartazgo fidedigno, real, ferviente del sistema político y judicial del cual usted es parte fundamental. Me preocupa que en un intento de robar el mensaje, de darle un spin en términos de comunicación, el Ejecutivo haya intentado colgarse de la frase popular para rellenar un decálogo que es más de lo mismo. La frase da forma un dicho de protesta, disenso y subversión. El Presidente debería escuchar mejor: “todos somos Ayotzinapa” es el grito que advierte que la sociedad puede reclamar lo que es legítimamente suyo.  Es un mensaje sucinto que se engrosa con un hartazgo profundo contra la incapacidad de los gobernantes de cumplir con las encomiendas de gobierno las cuales se las otorgamos.

Usted, señor presidente, no es Ayotzinapa porque representa el sistema que hay que cambiar. Porque en muchos sentidos se ha convertido en un obstáculo que hay que sortear para destruir lo viejo y construir algo nuevo.

El discurso presidencial fue un discurso para decirnos que no había un Jefe de Estado y que nos guiaría a un mejor México. El discurso evidenció que el presidente gobierna para una casta, política y económica, y que no tiene interés en transformar o mover a México como lo indican sus slogans. Es grave que nos hemos acostumbrado a que en Los Pinos siempre hay una vacante para un estadista y líder. Al parecer nos hemos conformado con funcionarios de poca monta y alta paga que no tienen más interés que el de gobernar para sus contratistas, empresarios, medios y compinches políticos preferidos.

La ausencia de un líder que pueda dar voz a la de millones que protestan en las calles del país también va más allá de la residencia presidencial. La oposición está acéfala e inoperante. Son más “tontos útiles” (citando al secretario de Marina de la administración pasada) que dignos representantes de los diferentes México. Abdicaron de su responsabilidad de cogobernar. Ahí está Miguel Ángel Mancera que decidió no ser el “vice presidente de facto” (como lo fueron Ebrard y Obrador) para convertirse en un secretario más de Peña. O cómo dejar de recordar que fueron los panistas los que con el “cambio” decidieron traicionar el momento histórico que vivía el país dejando al monstro político -que hoy gobierna- vivo.

Peña ha decidido dejar pasar la oportunidad de hacer un cambio profundo. Y la dejó pasar porque nunca estuvo en su guión. Estoy seguro que jamás se vio como el importante personaje que rompería el sistema de impunidad y corrupción para comenzar a ejecutar cambios reales, no verborrea política. Ese discurso del 27 debería haber ido más allá de promover un 911 y de aventarle la responsabilidad al Congreso. Era momento de cerrar un trato político para verdaderamente hacer autónoma la procuración de justicia, tan sencilla idea: un procurador que no le responda al Ejecutivo; era el tiempo de crear un sistema anticorrupción con capacidad de persecución judicial y sanción, blindado de intereses políticos, el cual comenzara a restablecer escaza credibilidad en nuestras autoridades. Pero, obvio, eso sería aceptar que el mismo Presidente y su camarilla sean investigados. No se puede hablar de combate a la corrupción sin rendir cuentas claras; esperábamos la instalación de una Comisión de la Verdad Ciudadana a la cual se invitaría a personajes internacionales y nacionales de intachable trayectoria a decirnos y explicarnos cuál es la verdad en Ayotzinapa. Pero es implicaría aceptar que no hay y seguramente no habrá justicia. Se esperaba el anuncio del Estado de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y, al mismo tiempo, emitir una legislación general e integral en materia de desaparición de personas. Pero eso implicaría reconocer las miles de personas desaparecidas que antecedieron a Ayotzinapa. Y por el contrario, se reduce el 60% al presupuesto de la unidad que atiende el tema en la PGR. Pero no el Presidente  optó por el cosmético barato y ya conocido. Optó por la manipulación  informativa y groseramente omitir que está con cuentas pendientes para con la sociedad.

Cuando necesitábamos un golpe de timón en nuestra historia, llegó un penetrante tufo conocido que busca administrar el problema hasta que lleguen las fiestas decembrinas. Apuestan al cansancio y a la disuasión mediática.

No es poca cosa estar falto de líderes, al contario, dibuja un contexto todavía más complicado. Se azuza cuando reconocemos que la justicia está lejos, arrinconada y amordazada.

Ante la evidencia periodística irrefutable de una millonaria casa presidencial y el conflicto de interés del Presidente (aquel mismo que hablaba vigorosamente en el discurso en contra de la corrupción y a favor del cambio, ese mismo) es abrumador voltear y ver que no hay institución seria que pueda investigar y deslindar responsabilidades. Es grave lo que arroja la investigación, pero es más grave que quedará solamente como consumo periodístico porque no tenemos una procuración de justicia real y efectiva. No puede ser la Auditoría de la Federación, no puede ser la PGR, no puede ser un a comisión de legisladores… por eso la única que se ha atrevido a hablarle de frente al Presidente, es una periodista que no es fiscal y mucho menos juzgadora.

El panorama es siniestro. La duda sobre cuánto podrán resistir las marchas solidarias, cuánto podrá mantenerse la Casa Blanca en la prensa internacional (porque de la nacional ni hablemos) nos obligan a hacer un ejercicio serio sobre cómo articular una auditoría ciudadana que abreve de la rabia de las protestas y que desemboque en un cambio real.

La responsabilidad está en la sociedad en su amplia acepción. En su poder de retomar y ciudadanizar nuestras instituciones de estado, como en algún momento se hizo con el IFE. Es momento del liderazgo universitario, de organizaciones civiles y sociales. Es momento de crear comunicación tan efectiva que rompa el cerco informativo oficialista. Es momento de la solidaridad sin tapujos para dificultar los atropellos y violaciones a derechos humanos. Es tiempo de fortalecer las estrategias no sólo para contener lo que ya tenemos, sino para buscar cambios. Hay mucho que reflexionar sobre la marcha, pero es claro que no nos cansamos ni nos cansaremos.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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