Ciudad de México, 4 de diciembre (SinEmbargo).– Olga Montúfar adquirió la discapacidad que la tiene atada a una silla de ruedas por secuelas de poliomielitis que se agravó debido a las condiciones de pobreza de su familia. Ella  vivía en Totoloapan, en Guerrero, y posteriormente se fue a radicar en el estado de Hidalgo. Como se casó con un hidalguense se considera más de esa entidad que guerrerense, pero nunca ha renegado de sus raíces indígenas.

A pesar de su discapacidad, Olga ha trabajado durante los últimos 21 años para que se reconozca el derecho de los indígenas discapacitados a gozar de los mismos derechos que las personas sin discapacidad. Por lo que sabe muy bien que las personas indígenas con discapacidad pueden presentar mayor vulnerabilidad, debido a su doble condición: ser indígena y discapacitado, lo cual en México es garantía de invisibilidad para el Estado.

“Las personas con discapacidad son un grupo vulnerable, pero las personas indígenas con discapacidad somos un grupo marginado dentro de este grupo vulnerable”, afirmó en entrevista para SinEmbargo.

La discapacidad es un tema pendiente del Estado mexicano. Un asunto que ha demorado décadas en visualizar y cuando se ha acercado a atenderlo, lo ha hecho de forma sesgada, con métodos asistencialistas o con fines claramente electorales. De los casi ocho millones de mexicanos con discapacidad, alrededor de 450 mil son hablantes de alguna lengua indígena.

Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) asciende a 7.7 millones la población que tiene alguna discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, mental o sensorial. De estos, más de la mitad no percibe ningún ingreso; 5.7 millones de mexicanos presentan al menos una carencia social, y 2.1 millones padecen por lo menos tres carencias que les dificulta más su vida.

Olga Montúfar, creadora de la Fundación Paso a Paso, es contundente cuando dice que el mayor grado de vulnerabilidad lo padecen las mujeres indígenas con discapacidad. Los niños y adultos mayores también sufren el olvido del Estado mexicano, pues en muchas ocasiones las discapacidades no son detectadas a tiempo y la ayuda médica, si es que llega, lo hace demasiado tarde, cuando la discapacidad ya es irreversible.

“En nuestras comunidades indígenas, la mayoría de las madres tienen a sus hijos por parteras, no se registran los nacimientos y menos se registran los nacimientos con discapacidad; por lo mismo los diagnósticos llegan demasiado tarde, hay gente de una edad avanzada y todavía no sabe que discapacidad le dio”, explicó.

El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha hecho recomendaciones importantes a todos los estados, pues se calcula que alrededor de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, es decir, cerca del 15 por ciento de la población mundial.

En el caso de México las recomendaciones han sido en el sentido de garantizar que las políticas públicas tengan en cuenta las necesidades y el beneficio de las personas indígenas con discapacidad.

“Cuando México se presenta ante la revisión en el mes de septiembre vuelve a marcar una pauta muy importante en el sentido de que más del 70 por ciento de las recomendaciones que le hace al Estado mexicanos son por personas indígenas con discapacidad, que la OMS dice que  somos las mujeres indígenas con discapacidad las personas más pobres en el mundo”, explicó Olga Montúfar.

El Censo de Población y Vivienda de 2010 arrojó que alrededor de 450 mil personas viven con discapacidad, es decir el 7.9 por ciento del total de este sector. Agregó que existe la misma proporción de hombres y mujeres con discapacidad. Sin embargo, la mayoría la componen los adultos mayores ya que 62 de cada 100 personas tiene 62 años o más.

Olga Montúfar, de la Fundación Paso a Paso, consideró que los avances serán poco perceptibles mientras el Estado mexicanos sea incapaz de fusionar las acciones que hoy están dispersas. Recomendó que las diversas secretarías encargadas de promover políticas de desarrollo, inclusión social, trabajo decente y acceso a servicios básicos, deben trabajar de forma coordinada para que la gente con discapacidad perciba los esfuerzos que hace el Estado por las personas con discapacidad.

“Las personas indígenas con discapacidad no estamos exigiendo derechos adicionales, estamos pidiendo los mismos que cualquier otra persona. Sin embargo, la aplicación es diferente, por nuestros usos y costumbres, por nuestra cosmovisión y por el propio nacimiento en nuestras comunidades indígenas, entonces el desafío es ese, cómo hacer la política pública para que no trastoque todos estos elementos de sabiduría que tenemos en nuestras comunidades y nos permita avanzar hacia la inclusión de las personas indígenas con discapacidad”, afirmó la activista.

LA INCLUSIÓN DE DISCAPACITADOS

Durante la presentación del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, Jesús Toledano Landero, director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), reconoció que existen pendientes con este sector de la población.

“Por más de cuatro décadas nuestro país ha estado inmerso en una política corte asistencial que no contribuye al desarrollo y la inclusión social”, expuso el funcionario.

Al igual que la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la Senadora Hilda Esthela Flores Escalera, el director de Conadis dijo que es necesario fortalecer las acciones para garantizar la igualdad de oportunidades, acceso al derecho a la salud, educación y trabajo, de este sector de la población.

Sin embargo, hasta hoy los avances han sido poco significativos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional Sobre Discriminación en México, las personas con discapacidad ocupan el tercer lugar como grupo social que se siente más desprotegido y el segundo lugar como más discriminado.

Más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi el 20 por ciento percibe menos de un salario mínimo. Según datos de Coneval 3.8 millones de discapacitados presentan rezago educativo, 3.1 no tiene acceso a seguridad social, y 2.2 millones de mexicanos con discapacidad sufren de mala alimentación.

Para resolver estos pendientes, el Estado mexicano presentó el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 con el propósito de impulsar que las políticas públicas garanticen el pleno ejercicio de las personas con discapacidad; se genera a nivel nacional una cultura de la discapacidad; y promover un cambio cultural y de actitud en el Gobierno y la sociedad respecto a las personas con discapacidad.

Sus objetivos son:

• Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas y acciones de la administración pública.
• Ampliar la cobertura de salud y de servicios de salud especializados a todas las personas con discapacidad.
• Que las personas con discapacidad tengan acceso a empleos de calidad y bien remunerados.
• Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la educación, en todos sus niveles.
• Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información.
• Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad.

HACEN FALTA MÁS QUE DISCURSOS  

Representantes de las Organizaciones No Gubernamentales en materia de discapacidad reconocieron que hace falta más que discursos y buenas intenciones para  lograra avances en la inclusión de personas con discapacidad.

Manifestaron que la sociedad mexicana y el gobierno en su conjunto deben establecer acciones, políticas, programas y servicios que permitan a este sector garantizar en pleno ejercicio de sus derechos.

Álvaro Zerón Castillo, presidente honorario de la Fundación Riamos, consideró que es amplia la deuda del Estado mexicano con las personas que viven con algún tipo de discapacidad.

“Es mucha la deuda porque primero se consideraba que la discapacidad era un enfermedad, estaba en el sector salud, y que ahora se pretende solucionar con el paso que se dio por incluirlos en Sedesol, para ver que son importantes los derechos de las personas con discapacidad”, indicó en entrevista.

Respecto al área que le compete que es la discapacidad visual, Álvaro Zerón recomendó al Estado mexicano empezar a visibilizar este problema, más aún cuando las estadísticas muestran que la población está envejeciendo y ni siquiera existen registros del numero de personas que padecen este tipo de discapacidad.

“Estadísticas desgraciadamente no hay. Su tu preguntas a INEGI, no tiene; Salud, no tiene; me refiero a las discapacidades oculares hablo de cataratas, hablo de carnosidades, hablo de retinopatía diabética, nadie sabe. Lo sabemos por la práctica que conocemos miles de casos de personas que están ciegas o medios ciegas durante varios años”, explicó.

Agregó que las actuales políticas públicas tienen a ir a los extremos, pasan de lo correctivo a lo preventivo sin contar con metas, objetivos y planes definidos y plazos para su cumplimiento.

Para Olga Montúfar, Estado mexicano debería aprovechar fechas como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para rendir cuentas sobre las acciones que realiza, así como los compromisos cumplidos y los no cuplidos.

“Más bien tendría que ser un día en el que el Estado tendría que rendir cuentas sobre los avances que ha tenido respecto a los diferentes temas sobre discapacidad y entonces hacer un alto para saber si tenemos que tomar un nuevo camino, alguna estrategia, reacomodar alguna nueva meto o un objetivo diferente”, explicó.