México. 4 Dic. (Notimex).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió una recomendación a la PGJDF, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y a la delegación Benito Juárez por su presunta violación de las garantías de jóvenes durante dos operativos contra fiestas clandestinas.
En el documento 20/2012 la CDHDF documentó violaciones al derecho a la libertad y seguridad personales, a los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, al derecho a la intimidad o vida privada, “específicamente del principio de legalidad y derecho a la seguridad jurídica”.
La investigación correspondió a dos acciones emprendidas en marzo y mayo de 2011, donde se logró comprobar la violación de los derechos de 20 adolescentes y 27 mayores de edad por las autoridades recomendadas.
En el primero de ellos elementos de la Policía de Investigación, personal ministerial y de servicios periciales acudieron a un inmueble ubicado en la colonia Liberación, delegación Azcapotzalco, donde presuntamente se vendían bebidas alcohólicas a menores de edad.
Los agentes seleccionaron “de forma discrecional” a 11 menores como víctimas del delito, “remitidos sin su consentimiento y sin informarles los motivos de su detención” en un vehículo no oficial, a la Agencia 59 de la fiscalía.
Los inculpados fueron interrogados por “servidores públicos no facultados”, les practicaron revisiones corporales y médicas sin su consentimiento y permanecieron “privados de la libertad” hasta nueve horas, mientras que los mayores de edad fueron detenidos como probables responsables sin existir denuncia, querella o causa penal.
En el segundo operativo ocurrido en mayo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y de la delegación Benito Juárez acudieron a una bodega de la colonia Américas Unidas, donde supuestamente comercializaban alcohol y drogas a menores de edad.
Los agentes irrumpieron en el inmueble sin orden competente, por lo que generaron condiciones que pusieron en riesgo a entre 500 y 700 personas que estaban en el lugar, a quienes no se les permitió la entrada o salida.
Discrecionalmente, los uniformados privaron de la libertad a tres adolescentes en calidad de víctimas del delito, dos en calidad de adolescentes en conflicto con la ley penal y cuatro menores más fueron revisados en una ambulancia y luego puestos en libertad.
En esa ocasión 27 adultos fueron detenidos como presuntos responsables de corrupción de menores, aunque de acuerdo con la CDHDF, no existía denuncia, querella o causa penal.
“En los siguientes días y por separado, la PGJDF y la jefatura delegacional difundieron, a través de ruedas de prensa, comunicados y entrevistas, información sobre los motivos y resultado del operativo.
Los elementos policiales precisaron que encontraron a adolescentes y jóvenes en completo estado de intoxicación por alcohol y drogas, facilitadas por una banda dedicada a realizar fiestas clandestinas y que corrompía a menores”, dijo.
El organismo defensor de los derechos humanos concluyó que los operativos realizados no fueron los idóneos “para ubicar y comprobar que realmente existía la participación de personas en actividades posiblemente constitutivas de corrupción de menores”.
Además de que los menores durante el proceso de justicia fueron víctimas de tratos, abusos y opiniones públicas que generaron su criminalización.
“Este organismo reitera su postura de desaprobación y rechazo a la decisión de las autoridades de utilizar el aparato institucional y la fuerza punitiva del Estado para atender el tema de adicciones en personas menores de edad o para declarar como positivos una serie de operativos que en realidad no buscaban la protección de las personas”, expresó.
La CDHDF recordó el caso de la discoteca News Divine, donde el 20 de junio de 2008 murieron 12 personas en un operativo policiaco fallido, implementado en la delegación Gustavo A. Madero.
En esa ocasión este organismo emitió la recomendación 11/2008, sin embargo consideró que los dos operativos investigados motivo de este documento, dan cuenta que ni la SSPDF ni la PGJDF “han ajustado su actuación ni obligaciones respecto de la garantía de los derechos humanos”.
