San Salvador, 4 Dic (Notimex).- El Congreso de El Salvador eligió hoy a Luis Antonio Martínez González como fiscal general de la República, luego de varios meses de polémica y discusión entre los partidos políticos.
Por unanimidad, con 84 votos, los diputados cumplieron con lo que demandó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: nombrar un nuevo titular del Ministerio Público, luego de desaprobar a Astor Escalante.
Hace más de siete meses, el Congreso nombró a Escalante como fiscal, pero tras varias demandas, la Sala declaró inconstitucional su elección, bajo el argumento de que una misma legislatura no puede nombrar en dos ocasiones a un funcionario de segundo grado.
La Sala demandó que fuera la actual legislatura la que nombrara al fiscal, sin embargo, el proceso provocó enfrentamientos, principalmente entre la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y los demás partidos.
De la lista depurada, fue seleccionada una terna formada por Escalante, el ex fiscal Romero Barahona, que finalizó el cargo el 18 de abril pasado, y Martínez González.
La Arena siempre apoyó a Barahona, los demás partidos a Escalante, mientras que Martínez, quien al parecer no tenía respaldo de ningún instituto político, salió ganador.
La Alianza Republicana Nacionalista intentó, por todos los medios, amarrar el tema del fiscal con los préstamos que ha requerido el Ejecutivo para salud y otras áreas, pero los demás partidos y el gobierno lo vetaron.
El consenso se logró luego que el presidente del Congreso, Sigfredo Reyes, presentó este martes un dictamen ante la Comisión Política, y ésta se pusiera de acuerdo.
Tras el consenso legislativo logrado, Reyes convocó esta tarde a una sesión plenaria extraordinaria para someter a votación la elección del fiscal.
Los legisladores confiaron en que Martínez hará cumplir la ley y que la aplique con base en la Constitución de la República.
El fiscal debió asumir el cargo el 19 de septiembre pasado, pero el enfrentamiento en el Legislativo retrasó su elección y comenzó a generar un vacío en la principal institución legal del Estado salvadoreño.
