Villahermosa, 4 Dic. (Notimex).- El presidente del Poder Judicial de Tabasco, Rodolfo Campos Montejo, afirmó que durante seis años se trabajó en una impartición de justicia cada vez más humana y sensible a los requerimientos de la sociedad.
Al rendir su último informe de labores ante el pleno de la LX Legislatura, destacó la colaboración y respeto que caracterizó la relación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Ante el secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, resaltó el incremento de casi siete veces el presupuesto en materia de infraestructura y capacitación sin precedentes que incluyó tres maestrías y un doctorado.
Luego de la reforma penal de 2008, expuso que ya se puso en marcha el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral en el municipio de Macuspana, que prevé los juicios orales.
“Con este cambio de 180 grados se buscan transparentar los juicios, reducir sus tiempos y costos para la ciudadanía y el estado, elevar la calidad de la seguridad y profesionalizar a los operadores jurídicos”, apuntó.
Agregó que 18 juzgadores fueron certificados por la Secretaría de Gobernación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como capacitadores para juicios orales.
El titular del Poder Judicial resaltó que sobre todo se trabaja en el estado para recuperar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
Además, “como nunca antes la judicatura tabasqueña colaboró en el análisis de 83 iniciativas presentadas por dos legislaturas, y directamente en 16 proyectos de iniciativas de ley”, comentó.
De éstas, 13 fueron aprobadas y tres están a la espera; entre las aceptadas se encuentran el Código Procesal Penal, las leyes de Ejecución de Sanciones Penales, de Acceso a la Justicia Alternativa, de Justicia para Adolescentes, reformas en materia de justicia de paz y para endurecer penas contra la delincuencia organizada.
Durante su gestión, Campos Montejo apuntó que de 2008 a la fecha, la judicatura tabasqueña mantiene la certificación del modelo de equidad de género MEG 2003, del Instituto Nacional de las Mujeres, que acredita buenas prácticas para evitar la discriminación, el acoso sexual y la igualdad de oportunidades laborales.
