Cualquier extranjero que compre un departamento en España con un valor de más de 160,000 euros (204,000 dólares) podría tener garantizada su residencia en ese país si el gobierno español aprueba modificar la ley en ese sentido. Luego de la noticia, diversos grupos han criticado esta medida. Aseguran que es discriminatoria, clasista, y deja de lado a los inmigrantes que han trabajado desde hace muchos años en ese país. Esta iniciativa surge en medio de una crisis económica y semanas después que dos personas, en casos separados, se suicidaron por ser desalojados de sus viviendas al no cubrir los pagos de su hipoteca.

Mariano Rajoy, jefe del Ejecutivo español afirma que la medida también busca recuperar el sector de la construcción. La demanda de vivienda en España está paralizada y apenas logra venderse el excedente de pisos construidos.

Además, las autoridades insisten en que la concesión del permiso de residencia por la compra de vivienda es una medida que ya han aplicado Portugal e Irlanda y que estudian otros países europeos. La Comisión Europea recuerda que la concesión de permisos de residencia es competencia de cada Estado miembro y prefiere no inmiscuirse en los requisitos.

En el caso de Portugal,  desde octubre, tiene derecho al permiso de residencia todo extranjero que transfiera a Portugal más de un millón de euros, aquel que en su empresa cree 30 empleos o el que compre una propiedad de 500,000 euros. Estos extranjeros no necesitarán, como el resto, residir seis meses en Portugal. Bastará con que estén 30 días el primer año de su inversión y 60 cada año restante y que se comprometan a que su inversión dure cinco años.

En Irlanda las autoridades lanzaron a principios de año dos programas para atraer inversores y emprendedores, que ampliaban las facilidades para obtener un permiso de residencia: basta con comprar una vivienda, adquirir un determinado tipo de deuda de bajos tipos de interés o invertir en la creación de un negocio para conceder a una persona y a sus familiares la residencia. El Gobierno estableció unas cantidades mínimas: de medio millón a dos millones de euros, según el tipo de inversión; y un millón de euros para la compra de bienes inmuebles. Pero el veredicto final se deja en manos de un comité que garantiza que los solicitantes no son conflictivos.

En Inglaterra se puede obtener la residencia como inversor o empresario. Ambas categorías están reguladas por un sistema de puntos. Para residir como inversor, el aspirante ha de tener un millón de libras disponible en Reino Unido. O bien puede ser propietario de activos por valor de dos millones de libras y haber conseguido un préstamo de un millón de libras. En ambos casos, suma los 75 puntos exigidos. Para residir como empresario, el candidato debe tener acceso a 200,000 libras o a 50,000 libras de empresas británicas (25 puntos), tener el dinero depositado en instituciones reguladas (25 puntos), poder disponer del dinero en Reino Unido (25 puntos), un nivel aceptable de inglés (10 puntos) y capacidad para mantenerse (10 puntos).

Por su parte en Francia se pueden obtener el permiso de residencia quienes se comprometan a crear más de 50 empleos o quienes inviertan más de 10 millones de euros en bienes muebles o inmuebles.

En comparación con la situación regional en América, en Estados Unidos todo aquel extranjero que haga una inversión de al menos 700 dólares en una empresa de EU, en un área rural o con un alto nivel de desempleo, y planee crear o conservar 10 puestos de trabajo de tiempo completo para trabajadores puede optar a la residencia permanente.

Cabe señalar que la demanda de vivienda en España está paralizada y apenas logra venderse el excedente de pisos construidos. Expertos señalan que este sector fue uno de los primeros en entrar en crisis, y que seguro, será de los últimos en salir de ella.

A finales de 2011 se acumulaban en España unas 800 mil viviendas de nueva construcción sin vender, una de las consecuencias más visibles del estallido de la llamada burbuja inmobiliaria.

Diversos sectores empresariales han sufrido la crisis, según datos de la iniciativa privada, los imperios de ladrillo fueron de los más afectados. En 2006 se calculaba que existían alrededor de 5 mil inmobiliarias; desde 2008 a la fecha, al menos 6 mil 600 se han declarado en banca rota y han solicitado concurso de acreedores.

Inmobiliarias que hace unos años parecían invencibles, se convirtieron en peces pequeños que están a punto de ser devorados por el pago de créditos, la competencia, las construcciones a medias, o la falta de personal, describe El País.

Por mencionar el caso del grupo Reyal Urbis; de acuerdo con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los activos inmobiliarios de la promotora ascienden a 3 mil 600 millones de euros (de los que se han tenido que provisionar 738 millones por su depreciación). De esos, solo 281 millones corresponden a inmuebles terminados, mientras que el resto es suelo. Y los terrenos hoy son un problema: por una parte, sin demanda, su valor es cero, y en ocasiones negativo. Y por otra, la banca trata de reducir su cartera crediticia al sector inmobiliario, por lo que el grifo para esta actividad está cerrado

Por su parte los bancos españoles se han dado a la tarea de pedir ayuda a la Comisión Europea para que dé luz verde a los programas de restauración financiera con dinero de otros países. La ayuda que las sociedades bancarías podría recibir es de 37 mil millones de euros, de los cuales cerca del 20% se destinará a créditos para las promotoras. Con cerca de 9 mil millones de euros se pretende terminar 89 mil viviendas.

Autoridades de Comercio en España, afirman que los rusos y los chinos serían los principales beneficiarios de esta ley, que podría estar en marcha en algunas semanas. El elevado precio de los inmuebles evitaría que hubiera una demanda masiva de permisos de residencia, de acuerdo con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

La nueva medida está en discusión, por su parte asociaciones de inmigrantes han rechazado tajantemente la propuesta al considerar que es discriminatoria.

La medida supone “condicionar un derecho” a una vivienda digna y adecuada al dinero, “también supone especular con ese derecho”, dijo Víctor Sáez, presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE).